Los seguidores del expresidente de Bolivia, Wvo Morales, reforzaron este jueves los bloqueos en el centro del país ante el temor de una posible detención del exmandatario.
Al cumplirse 23 días de las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, el gobierno de Bolivia garantizó que no detendrán a los dirigentes que asistan a una nueva reunión de diálogo.
Apagón y sospechas
La tensión entre los seguidores de Morales aumentó tras el corte de energía ocurrido el miércoles en el Trópico de Cochabamba, el principal bastión sindical y político del expresidente y una de las mayores zonas productoras de hoja de coca de Bolivia, donde sectores afines al exgobernante denunciaron un supuesto despliegue policial.
En un acto en la localidad de Chimoré, municipio del Trópico de Cochabamba, la dirigente campesina Jesusa Yampara sostuvo que el supuesto plan para detener a Morales (2006-2019) “ha fracasado”, según difundió la radio cocalera Kawsachun Coca (RKC).
El exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, custodiado por centenares de sus seguidores.
Dos órdenes de detención fueron emitidas contra Morales, la última el pasado 11 de mayo, tras no haberse presentado al inicio del juicio en su contra por trata agravada de personas, por su supuesta relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia en 2016.
El ex presidente dice que la acusacón es una fabricación que forma parte de una persecusión política a lideres opositores.
El juicio quedó suspendido y seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la Policía ejecute la orden de captura.
El apagón de dos horas afectó a cinco municipios de la zona causando una reacción de alarma de los campesinos que denunciaron un supuesto operativo contra Morales e incluso llegaron a cercar un cuartel policial para impedir una eventual movilización de agentes, según imágenes difundidas por la RKC.
La estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) explicó este jueves que el incidente fue provocado por la caída de un poste de alta tensión, si bien se investigan las causas y circunstancias de ese hecho.
Las garantías del Gobierno
Por su parte, el ministro de la Presidencia de Bolivia, José Luis Lupo, garantizó que no serán aprehendidos los dirigentes de las protestas contra el Gobierno que asistan a una nueva reunión de diálogo con apoyo de mediadores como la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.
“El Gobierno ha dado garantías para poder dialogar con ellos”, declaró Lupo al canal privado Unitel, al reconocer que esa oferta “prácticamente” supone que no serán aprehendidos ni el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Mario Argollo, ni el líder de la federación de campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, Vicente Salazar.
Una segunda reunión fue prevista para el jueves, tras el encuentro celebrado el miércoles en la sede de la Vicepresidencia con la participación del propio vicepresidente, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno, el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Giovani Arana, y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
“Nosotros no ejecutaríamos ningún tipo de instrucción si los estamos llamando al diálogo”, insistió Lupo y aseguró que el instrumento “en democracia para pacificar el país” son las negociaciones para encontrar las soluciones a los problemas sociales.
Las conversaciones, según el ministro, serán sobre los reclamos de diversos temas que tienen las organizaciones, pero no sobre la exigencia de renuncia del presidente.
“Esa demanda es inaceptable y esa demanda fue de grupos antidemocráticos”, dijo Lupo, para quien algunos sectores se aprovechan de otras peticiones legitimas sobre inclusión social para plantear ese extremo.
A la espera de esa segunda reunión, los bloqueos todavía persisten y suman al menos 66, principalmente en las regiones de La Paz, Oruro y Potosí, según el reporte de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Paz tiene previsto reunirse con dirigentes de los denominados comités cívicos del país en la ciudad de Santa Cruz (este), el motor económico de Bolivia y donde hay crecientes exigencias para que se dicte un estado de excepción que permita usar a las Fuerzas Armadas para el desbloqueo de las rutas.
Mientras tanto, en La Paz volvieron a parar los sindicatos de transporte público. Además, médicos y trabajadores de la salud marcharon desde el Hospital de Clínicas hasta las puertas del Ministerio de Salud en demanda de una “pausa humanitaria” que permita reabastecer los hospitales de alimentos y medicamentos.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, explicó: “Estamos sufriendo el desabastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos. Lo que necesitamos es que quienes están bloqueando entiendan que se ha generado un encierro muy fuerte”.
Si bien las organizaciones que mantienen los cortes de rutas dieron instrucciones de permitir el paso de camiones con oxígeno y ambulancias, la medida no se cumplió plenamente.
