La crisis económica e industrial sumó un nuevo capítulo con el anuncio del cierre por tiempo indeterminado de la histórica planta “La China” de Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Las causas de este drástico repliegue se encuentran en un combo asfixiante: la pronunciada caída de las ventas en el mercado interno —estrechamente ligada a la recesión doméstica y el desplome del consumo masivo característicos del modelo económico de Javier Milei— y un adverso panorama en términos de competitividad externa.

El drástico achicamiento del mercado interno —hacia donde la empresa vuelca el grueso de su producción— se consolidó como el factor determinante para activar el cierre de la planta, asfixiada la contracción del consumo local y el severo desplome del poder adquisitivo de las familias. A este escenario de parálisis recesiva se le sumó una aguda escalada en la conflictividad con el sindicato de la alimentación, un frente de disputas gremiales y bloqueos que la propia compañía denunció como el detonante para acelerar la decisión de clausurar por tiempo indeterminado sus actividades.

Por otro lado, en el plano externo, la firma sufre una severa pérdida de competitividad frente a gigantes regionales como Brasil, debido a la fuerte apreciación cambiaria y la persistencia de elevados costos locales. A este complejo frente económico se le suma un antecedente dramático: la pérdida del estratégico mercado de China a causa del brote de gripe aviar desatado en 2023, una ventana comercial clave que nunca logró recuperarse del todo y que debilitó estructuralmente los ingresos globales del holding avícola.

El impacto social de esta parálisis operativa es inmediato y de magnitudes alarmantes para la provincia. En el establecimiento entrerriano de Concepción del Uruguay se ven directamente amenazados unos 700 puestos de trabajo directos, sumiendo a las familias en la total incertidumbre laboral. En tanto, el holding cuenta con una plantilla total de aproximadamente 7.000 empleados distribuidos entre sus operaciones de Argentina y Uruguay, por lo que este retroceso en Entre Ríos enciende alarmas sobre la sostenibilidad de las restantes dependencias del grupo.

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Según explicaron fuentes de la compañía, las actitudes que calificaron de violentas y los bloqueos en el predio industrial impidieron garantizar las condiciones mínimas de operación, seguridad y salubridad para continuar con la faena diaria, lo que precipitó la discontinuación de las actividades. La empresa dirime sus negociaciones con el gremio de la alimentación (STIA), conducido a nivel nacional por los históricos Rodolfo Daer y Héctor Morcillo, en medio de un clima de extrema tensión por reclamos salariales y otros ajustes.

El repliegue de la compañía proyecta además consecuencias sobre las economías regionales que dependen de forma directa del eslabonamiento avícola. El impacto en el Interior profundo quedó expuesto con crudeza hacia marzo de 2026, cuando se reveló que Granja Tres Arroyos había perdido cerca del 60% de sus productores integrados en Entre Ríos. Alrededor de 120 criadores vinculados al esquema de la empresa abandonaron el sistema en medio de asfixiantes atrasos en los pagos y una acumulación masiva de cheques rechazados. Este éxodo forzado provocó que la firma sufriera una abrupta caída en su escala operativa, pasando de faenar sus históricos 700.000 pollos diarios a apenas 200.000 unidades.

Para dimensionar la envergadura del gigante agroindustrial que hoy trastabilla, es necesario repasar sus características generales. Fundada en 1965, Granja Tres Arroyos consolidó a lo largo de seis décadas una infraestructura monumental: con sus 7.000 trabajadores en la región, la firma producía habitualmente 700.000 pollos por día —lo que representa el 20 por ciento de la producción nacional total— y exporta el 25 por ciento de su volumen a 67 países en el mundo, alcanzando una facturación estimada en 1.300 millones de dólares.

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El entramado logístico e industrial del grupo opera un total de ocho plantas de faena; cuatro ubicadas en Buenos Aires (Ezeiza, Esteban Echeverría, Capitán Sarmiento), dos en Entre Ríos, una en Córdoba y otra planta situada en Montevideo, Uruguay. Entre estos activos se destacan los establecimientos bonaerenses incorporados tras adquirir el negocio de la ex Cresta Roja, en Ezeiza, una expansión ambiciosa que hoy sufre el peso de la deuda y la contracción generalizada del mercado local.

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