Los imputados por complicidad con delitos de lesa humanidad son cuatro exmiembros del directorio. Las víctimas son 68 personas, de las cuales 11 permanecen desaparecidas.

Luego de varios años de parálisis, la causa por la responsabilidad empresarial en la represión ilegal a los trabajadores del ingenio La Fronterita en Tucumán fue elevada a juicio oral. Cuatro ex directivos de la empresa, Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien era el administrador, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, deberán responder por los crímenes contra 68 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio, dirigentes y militantes sindicales de base y colonos que residían en los barrios construidos por la empresa.El expediente se inició a partir de los testimonios y pruebas que surgieron durante el primer juicio por el Operativo Independencia. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán comenzó a investigar esos hechos y acusó a los empresarios como cómplices de secuestros, tormentos, abusos sexuales y homicidios. La responsabilidad de las fuerzas represivas sobre esos hechos ya había sido juzgada en debates previos.

Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978. En febrero de 1975, Famaillá se convirtió en el epicentro de la represión desplegada en el Operativo Independencia. En la Escuelita se instaló el Puesto del Comando Táctico Adelantado y el principal centro clandestino de la zona mientras que en La Fronterita, a 6 kilómetros, funcionó la fuerza de tareas “Rayo” del Ejército en tres espacios, “Comando de la Laguna”, donde se alojaba a la oficialidad, el “Tambo”, en el que permanecían las tropas, y los “conventillos”, viviendas utilizadas como centro clandestino de detención. Los tres fueron reconocidos por sobrevivientes como los lugares donde los tuvieron cautivos y fueron torturados.

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Durante la investigación se acreditó que la empresa cedió sus instalaciones para que funcione un centro clandestino de detención, aportó la logística para esa base militar, aportó vehículos y dio información a los militares para que llevaran adelante los secuestros y homicidios. “Sin los aportes que realizaron, los delitos investigados y demostrados en autos, no habrían podido cometerse en la forma en que fueron perpetrados”, sostuvo la Cámara Federal de Tucumán al procesarlos.

El ingenio La Fronterita fue fundado en los años 20 por la familia Minetti en las afueras de la localidad de Famaillá. La empresa creció y se benefició de las últimas dos dictaduras, en las que logró aumentar su producción y multiplicar sus ganancias sobre la base de la persecución gremial y la represión, según logró reconstruir el informe Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad realizado por el CELS, Flacso y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

No es casual que buena parte de las víctimas de La Fronterita fueran delegados y militantes gremiales. En 1966, la dictadura de Onganía había cerrado por decreto 11 de los 27 ingenios azucareros de la provincia y dejado sin trabajo a 50 mil obreros. Al calor de la enorme conflictividad social fueron creciendo las representaciones sindicales más combativas, en la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) y en los gremios de los ingenios, como el que reunía a los trabajadores de la Fronterita. En 1975, los trabajadores de los ingenios y sus delegados gremiales se convirtieron en uno de los objetivos a eliminar durante el Operativo Independencia.

Fidel Jacobo Ortiz trabajó muchos años en La Fronterita, primero como temporario y luego contratado como obrero del surco, en la cosecha de la caña de azúcar, cuenta su hija Hortensia, quien es querellante en la causa. Entre 1973 y 1975 había sido secretario general del Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita (SFSIF), afiliado a FOTIA, y a partir de 1976 fue secretario de actas. Junto a su esposa y sus 8 hijos vivían en una de las colonias de la empresa, La Aguada. En 1976, el menor de los hijos tenía 3 años y la mayor 19. Hortensia, en el medio, tenía apenas 16.

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Ortiz fue secuestrado dos veces en esa casa. La primera vez fue en abril de 1976, y fue torturado y mantenido cautivo durante 45 días durante los cuales fue amenazado para renunciar a su cargo en el Sindicato y a su trabajo en La Fronterita. Pocos días después, en junio de 1976, fue nuevamente secuestrado junto a compañeros y vecinos. Fueron llevados en una camioneta de la empresa al centro clandestino de detención que funcionaba en el ingenio y desde ese momento permanece desaparecido.

Tras el secuestro, su familia fue desalojada de la casa que pertenecía a la empresa. “Así también no hemos podido estudiar y enseguida hemos tenido que salir a trabajar. Porque no teníamos casa. Una vez que desaparece mi papá, nos sacaron del barrio. Tuvimos que ir a vivir de unos tíos”, recuerda con dolor.

Un trámite de ritmo lento

La causa arrancó en 2018 y estuvo varios años frenada: en 2019, el juez federal Daniel Bejas dictó falta de mérito para los cuatro empresarios y luego la Cámara Federal de Tucumán lo confirmó. La fiscalía y la querella de Andhes debieron recurrir a la Cámara de Casación para revertir la situación. Recién en diciembre de 2020 la Sala IV revocó esa decisión y en agosto de 2021 la Cámara de Tucumán los procesó finalmente por crímenes de lesa humanidad.

“Es increíble, porque todo apuntaba a que no iba a suceder. Siempre destaco que presentamos amicus curiae del CELS y del Centro Europeo de Derechos Humanos y fueron aportes decisivos en esa instancia de Casación”, destacó el abogado Pablo Gargiulo, quien representa a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y de la familia Ortiz.

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La elevación a juicio llegó entonces con tres años de demora, un tiempo imprescindible para las víctimas. Uno de los imputados, Cornú de Olmos, ya pidió ser apartado por problemas de salud, decisión que fue aceptada en primera instancia, pero que aún no está firme. Ahora, resta saber cuándo se hará finalmente el juicio oral.

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