Desde la justicia vaticana pidieron 7 años y 3 meses de prisión para el cardenal Angelo Becciu, ex «número tres» de la Santa Sede, acusado junto a otras nueve personas por cargos de fraude y malversación que incluyeron irregularidades en la compraventa de un edificio en Londres, Inglaterra, por 200 millones de dólares.
Alessandro Diddi, el fiscal que investiga al cardenal y a otras nueve personas desde el 2021, pidió 7 años y 3 meses de prisión por «peculado y abuso de poder».
Para el fiscal, Becciu fue el responsable principal de la compra de un edificio de lujo en la plaza londinense de Sloane Square con fondos del Vaticano, en un negocio que se descubrió fraudulento y supuso una pérdida para la Santa Sede de entre 139 y 189 millones de euros.
En las cinco audiencias que dedicó a la reconstrucción de los hechos, Diddi definió a Becciu como el «verdadero instigador» de varias operaciones de este tipo y añadió que el purpurado italiano, que se consideraba posible Papa en un futuro, «ordenó manipular las cuentas de la Secretaría de Estado para ocultarlas de los controles».
De hecho, uno de los testimonios más fuertes contra Becciu llegó de parte de su sucesor, el venezolano Edgar Peña Parra, para quien en la Secretaría de Estado hubo «clientelismo» y «deficiencias en la gestión de las finanzas» con un manejo opaco e irregular del cardenal italiano y su responsable administrativo, el sacerdote Alberto Perlasca.
Becciu, que se declara inocente y víctima de una persecución, fue interrogado por primera vez, en un hecho inédito para la justicia vaticana, el 17 de marzo de 2022, cuando fue preguntado exclusivamente sobre una línea de la investigación, que busca esclarecer si fondos del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco vaticano, y de la Conferencia Episcopal italiana acabaron en manos de entidades y personas relacionadas con el cardenal enjuiciado.
Entre los acusados está también el operador financiero Gianluigi Torzi, imputado de haberse quedado con una comisión de 15 millones de euros por la compra-venta del palacio de Sloane Avenue de Londres.
A su vez, también es investigado quien, según la ley, debía controlar las operaciones desde dentro del Vaticano: el ex presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede (AIF), René Brülhart, además de su mano derecha, Tommaso di Ruzza.
En 2020, cuando se hizo pública la investigación, Becciu fue removido de su cargo de prefecto de Congregación de las Causas de los Santos y fue despojado de sus derechos como cardenal por el papa Francisco.
Exsustituto de la Secretaría de Estado y considerado el «número 3» del Vaticano entre 2011 y 2018, Becciu perdió tras su remoción la posibilidad de participar en un eventual cónclave, y por ende de ser Papa a causa de la investigación.
Par tener una idea de la importancia de la investigación hay que mencionar que en una primera etapa de las investigaciones habían sido allanadas oficinas de la secretaría de Estado por primera vez en la historia, donde la justicia vaticana incluso secuestró documentos.
Durante el juicio, en el que emergieron situaciones de alto impacto mediático como el rol de una supuesta espía italiana en una diplomacia paralela de la Santa Sede, quedó en evidencia también que en 2021 Becciu grabó y divulgó una conversación telefónica con el Papa.
Otra de las líneas investigadas tuvo en el centro al pago hecho por el Vaticano a través de una red manejada por Becciu a la sociedad británica Inkerman, una empresa que medió para la liberación de una religiosa en África.
