Luego de numerosas postergaciones a lo largo de años y también durante este 2022, este jueves finalmente comenzará el esperado juicio por los terrenos de la vera norte del Suquía que fueron vendidos a pesar de que habrían sido expropiados por el Estado provincial. Es la que se conoce como “causa Torres del Río”.
En la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba se iniciará formalmente a las 9.30 el debate oral y público que incluirá a 16 acusados, en su mayoría profesionales, empresarios y personas que están acusadas de haber participado de una maniobra estafatoria para vender varios terrenos fiscales a un grupo empresario que tenía proyectada la realización de un emprendimiento inmobiliario.
Para la realización del juicio, se integró el tribunal con Juan José Rojas Moresi (presidente), Carlos Palacio Laje y Mario Centeno. Fueron citados unos 60 testigos, para un debate que será tan intenso como prolongado. Entre esos testigos, está citado el fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado, quien en el primer tramo de la extensa instrucción asesoró al empresario Gustavo Oscar Trebucq.
Durante años, el debate sufrió varias postergaciones, hasta que se fijó la fecha de audiencia para el 22 de agosto, pero el ciberataque a las bases de datos y el sistema operativo del Poder Judicial obligó a un primer aplazamiento. Luego se programó el comienzo del juicio para el 5 de septiembre pero el fiscal Raúl Garzón, autor de la elevación a juicio, tomó a su cargo la instrucción de la causa de la muerte de bebés del Hospital Materno Neonatal.
Garzón contará con la colaboración de la fiscal de Cámara Laura Battistelli, quien se suma a la par del autor del expediente por la apretada agenda que este tiene en su oficina, particularmente con la causa del Neonatal.
La de este jueves será la primera audiencia y se estima que todo su desarrollo será ocupado sólo por la lectura de la acusación y el interrogatorio a los acusados respecto de sus condiciones personales.
Si bien se estima que el comienzo del juicio es meramente “formal”, porque durante lo poco que queda del año no se avanzará demasiado con la toma de testimonios, se considera positivo que de una vez por todas arranque el esperado juicio.
Son muchos los intereses que se enfrentan en el escenario de este debate y no son pocos los interrogantes que deben despejarse, en una controversia de posturas muy encontradas. El juicio también servirá para dilucidar la verdad respecto de un espinoso tema: las expropiaciones de terrenos cuya documentación acaso no fue debidamente perfeccionada.
Al final del debate, acaso puedan responderse algunas preguntas, como: ¿El Estado provincial actuó con solvencia en un proceso de expropiación? ¿Se trató de una hábil maniobra de ingeniería defraudatoria a cargo de un grupo de notables?
La controversia
La investigación se inició a partir de una denuncia de una empresa que le compró por una cifra de más de cuatro millones de dólares al financista Trebucq un predio en la orilla norte del Suquía, en inmediaciones del puente 24 de Septiembre.
A su vez, ese y otros terrenos habían sido adquiridos previamente por este empresario a presuntos sucesores de Bergallo y Pastrone, aunque desde el Tesoro de la Provincia vienen sosteniendo que esos predios habían sido expropiados en 1950.
No obstante que esa expropiación no habría sido inscripta registralmente, hay controversia respecto de la legalidad de la operación y la titularidad de los terrenos que deberían considerarse fiscales.
Junto con Trebucq, cayeron en la investigación otras 16 personas, como supuestos partícipes de una maniobra de elevadas proporciones.
Ante la denuncia de la empresa que adquirió los terrenos –View–, el fiscal de Delitos Complejos del Primer Turno de Córdoba, Enrique Gavier, inició la investigación y en noviembre de 2014 lanzó una serie de allanamientos que terminaron con la detención de Trebucq y la imputación de otras 15 personas.
Muchas fueron las idas y venidas de este expediente, con sucesivas puestas en libertad de este empresario, quien cumplió unos dos años y medio de prisión (con extensión de la preventiva) y desde julio de 2018 espera en libertad el juicio para defender su proclamada inocencia.
En el medio, por parentesco con uno de los abogados, Gavier fue apartado y la causa pasó al fiscal Raúl Garzón, quien continuó y profundizó la investigación y elevó el caso a juicio. El debate comenzará el 22 de agosto próximo. Ahora, Garzón será el acusador en este debate pronto a iniciarse.
Junto con él, integraron esa imputación original José Abel Salomón (ya fallecido), contador representante de Bergallo y Pastrone y quien inició la inscripción de los terrenos públicos. También fueron imputados su esposa y dos hijos de ambos.
Acusados y presuntos roles
De acuerdo con la primera imputación, numerosas personas habrían desarrollado roles en la presunta maniobra: el cuñado de Salomón, José Luis Nelli, habría adquirido el terreno; el ingeniero civil Roberto Crosetti habría hecho la mensura; Gustavo Roca Feigin se convirtió en el segundo comprador en representación de la firma Concase; los escribanos Roberto Brusa, Esteban Ferrer Frontera, Daniel Eduardo Ahumada y Lucrecio Lanza Castelli habrían realizado títulos de transferencia; los abogados Alejandro José Damia y Ernesto Alejo Blanco, asesores de Cobrex y de otros organismos estatales, habrían asesorado en el diseño de la venta.
Por otra parte, también está acusada la viuda de Salomón, Graciela Chacón, y dos de sus hijos.
También fueron imputados funcionarios de la Dirección de Catastro (Ricardo Noé y Celia Altamirano) y de la Municipalidad (Juan Rocha Fernández).
