Tres sombríos puntos se conocían en torno al caso de “gatillo fácil” contra Blas Correas, ocurrido en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba: los disparos policiales sin justificativos al auto en el que el adolescente iba con amigos; el arma plantada para incriminarlos; y la maniobra de encubrimiento posterior.
Todo esto comenzó a quedar en evidencia en el juicio contra 13 policías que se desarrolla en la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el juicio dejó en evidencia el trato, por lo menos, deshumanizado y hasta plausible de persecución judicial por parte de otros uniformados que no auxiliaron a tiempo a Blas, cuando este aún agonizaba.
En la mañana del jueves, la madre del adolescente presentó una denuncia contra estos últimos uniformados ante el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad (el nuevo Tribunal de Conducta).
Soledad Laciar expresó que esos uniformados siguen trabajando normalmente y dejó un escrito para que se los investigue y sancione.
En la presentación hay algunos nombres. Falta identificar a otros.
Las autoridades de este ente (creado tras el crimen de Blas aunque puesto en funciones a fines de 2021) analizan el escrito.
Todo indica que la presentación será remitida al viejo Tribunal de Conducta Policial, donde quedaron bajo estudio los casos remanentes.
¿Por qué? Sucede que el nuevo Órgano de Control tiene que analizar y resolver disciplinariamente las denuncias contra uniformdos desde su creación en adelante. No puede hacerlo de manera retroactiva.
“Sí podríamos actuar si, en el juicio por Blas, se determina que un policía cometió un falso testimonio, por ejemplo. Pero todo lo ocurrido en aquella fecha, 2020, debe ser resuelto por el viejo Tribunal”, indicó una alta fuente del ente a La Voz.
Cabe recordar, a todo esto, que el viejo Tribunal de Conducta fue reemplazado porque los policías que dispararon contra el auto de Blas estaban en funciones, pese a tener graves antecedentes en su fija de servicio.
No se descarta que los uniformados apuntados queden en pasiva.
Trato deshumanizado
Blas fue baleado mientras iba en un auto con amigos, en la madrugada del 6 de agosto de 2020, en un retén policial frente al Complejo Pizzurno.
En el juicio ya quedó demostrado (en base a testimonios y filmaciones) que no hubo justificación para la reacción policial y que los uniformados realizaron disparos, poniendo en riesgo a todos en el coche,
Volviendo a esa madrugada, Blas fue llevado por sus amigos a un sanatorio, donde no recibió atención.
Los jóvenes encararon entonces hacia el Hospital de Urgencias, pero el vehículo fue detenido por otras patrullas policiales en calles Chacabuco y Corrientes, pleno Centro.
De manera violenta, los amigos de Blas fueron descendidos y palpados.
Blas aún agonizaba en el asiento trasero del automóvil.
Sin embargo, y según está quedando en evidencia en el juicio, ningún efectivo hizo algo para salvarlo.
No sólo que no lo cargaron a otro móvil para llevarlo al Urgencias, sino que no hubo tareas de reanimación.
Largo rato después, llegó una ambulancia del 107 (“activada” por la Policía), cuyos integrantes se limitaron a constatar que el joven ya había muerto por el balazo en la espalda.
A todo esto, en la plaza de las Américas, el arma era “plantada”.
Relatos estremecedores
En el marco del juicio, los amigos de Blas (son parte querellante en el juicio) han declarado ya la forma “deshumanizada” de los policías que actuaron en Chacabuco.
Sin fisuras, los jóvenes declararon que, a pesar de que ellos clamaban porque su amigo aún estaba vivo, nadie lo atendió ni lo cargó en un móvil hacia el Urgencias.
En las últimas jornadas, estos policías han testificado ante la Cámara 8ª como testigos y, en líneas generales, dieron otras versiones.
Todo esto fue desmentido por los testigos civiles y por las propias filmaciones de las cámaras de seguridad de los patrulleros intervinientes.
A nivel judicial, resta ver si la fiscalía de Cámara solicita que esos uniformados sean investigados e imputados en la etapa final del juicio.
