En la última década, por lo menos 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas miembros de fuerzas de seguridad en el Área Metropolitana Buenos Aires, según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). De acuerdo a las estadísticas que lleva la Casa del Encuentro, esos casos fueron 214 desde 2008. Y, según el observatorio Mumalá, representan el 12 por ciento del total de los femicidios cometidos en lo que va del año. Los datos se vuelven nombre en casos como el de Úrsula Bahillo, asesinada en Rojas por su ex novio, un policía bonaerense con varias denuncias previas por violencia de género.
“Desde el CELS venimos siguiendo el fenómeno de los femicidios perpetrados por miembros de las fuerzas, esto se está moldeando claramente como un problema. No hay datos oficiales al respecto, construimos la información a partir de lo que sale en los medios y sólo en el AMBA, donde de 2010 a 2020 por lo menos 48 mujeres fueron asesinadas por parejas o ex parejas de fuerzas federales, de la Ciudad y provincial”, indicó Victoria Darraidou, coordinadora del Equipo de Seguridad y Violencia Institucional del CELS, en diálogo con Tiempo.
“Hubo en los últimos años ciertas respuestas institucionales para abordar la violencia de género en los efectivos, tanto en el ámbito de trabajo como en su vida privada. Pero ahí tenemos otro gran problema que nos trae a colación este caso, que es la poca publicidad que hay sobre medidas de gobierno que se toman sobre fuerzas”, advirtió Darraidou. Y contó que en 2017, tras un pedido de información para conocer qué hacía el Ministerio de Seguridad de la Provincia ante estos casos, respondieron desde la gestión de María Eugenia Vidal que un protocolo indicaba pasos a seguir y se confeccionaba además un registro. “Estamos tratando de indagar sobre la vigencia e implementación de ese protocolo, y lamentablemente no tenemos esa información. Para el rol que cumplimos desde las organizaciones y medios, parece inaudito que ya pasaron varias horas de este hecho y no podemos dar con esa información”, alertó la especialista.
“Lo que lamentablemente sí nos indica este caso es que hubo denuncias específicas sobre Matías Martínez, que cumplía funciones en San Nicolás, pero evidentemente no se activaron los mecanismos necesarios para actuar preventivamente. Las alarmas estaban prendidas y sabemos que estaba bastante cajoneado, porque hizo lo que hizo y no tenía especiales vigilancias sobre él –remarcó Darraidou- Pero no tenemos información específica que indicara medidas del Ministerio de Seguridad con relación a las denuncias sobre él”.
Sobre esa falta de precisiones también apuntó María Victoria Aguirre, de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá): “Lo que planteamos -y lo pedimos cuando presentamos el proyecto de emergencia Ni Una Menos en el Congreso, que ya perdió estado parlamentario- es que digan cuál es el protocolo que siguen las fuerzas cuando van a denunciar a sus propios agentes”. Y agregó: “Nos ha pasado de tener víctimas de violencia o femicidios donde la víctima tenía denuncias hechas a un agente de la fuerza que no fue separado del cargo, sin pericias psiquiátricas y lo mandan a su casa con el arma reglamentaria, es un desquicio”.
Aguirre insistió sobre la necesidad de que haya un monitoreo sobre esas denuncias y convocó a las 17.30 a concentrarse en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. “Lo que queremos exigirle a la Provincia, donde no es la primera vez que pasa, es un llamado de atención a (Sergio) Berni para ver qué va a hacer con las fuerzas de seguridad. Hoy es el responsable”, destacó.
En la Casa del Encuentro, desde que se conoció el femicidio de Úrsula no paran de sonar los teléfonos. “Desde ayer estamos desbordadas de llamados de mujeres que están consultadas porque con los períodos de Aspo y Dispo (la cuarentena y el distanciamiento por la pandemia de coroanvirus) la mayoría no acude. Cuando suceden este tipo de femicidios tan cruentos y mediáticos, nos desbordamos. En este momento nuestra labor es contener a las mujeres y sus familias”, dijo a este diario Ada Rico, referente de ese espacio.
Sobre los femicidas policías, planteó que “este caso es mediático, pero hay tantísimos. Se están repitiendo los femicidios con estas características. Estamos en las calles pero todo continúa igual”. Y agregó: “Cuando siendo mujer vas a hacer una denuncia, estás atemorizada. Imaginémonos si esa denuncia en una comisaría es contra alguien que pertenece a esa fuerza. Muchas veces no la hacen”. La familia de Úrsula sí la hizo, más de una vez. Pero no alcanzó.
Aunque las capacitaciones de la Ley Micaela están siendo implementadas, según Rico se necesita un mayor seguimiento y formación por más tiempo. “Se tiene que trabajar en módulos entre compañeros de policías. Para que entiendan que esto que cometió su compañero es un delito, no puede estar protegido. En un alto porcentaje tienen protección. No se maneja de la misma manera a un agresor que no pertenezca a las fuerzas”. “Este femicidio se podría haber evitado”, sentenció Rico. Y pidió que “no se naturalice. Hoy es mediático, pero mañana pasa a otro tema y no se resuelve nada”.
Este miércoles, dos días después del femicidio, el ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, y el jefe de la Policía provincial, Daniel García, dispusieron la intervención de la seccional local que actuó en el caso de Úrsula y de la Comisaría de la Mujer de Rojas. Aseguraron también que habrá “auditorías preventivas” por parte de Asuntos Internos para evaluar el rol de los agentes en la represión en las manifestaciones de pedido de Justicia. Una de las amigas de la víctima recibió un balazo de goma en la cara por el que casi pierde un ojo. También tomó intervención la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, que comenzó a tomar testimonio a las víctimas de la represión.
