Artículo aparecido originalmente en Esquerda Web, sobre la lucha contra la escala 6×1 y la situación en Brasil. La «escala 6×1» es el régimen laboral de semana de seis días más un día de descanso, en vez de tener el fin de semana completo por ley.
La batalla por el fin de la escala 6×1 se ha convertido en una de las demandas más populares del país. No es casualidad. Toca una experiencia cotidiana compartida por millones de trabajadores que viven sometidos a jornadas extenuantes, bajos salarios y a la ausencia casi completa de tiempo libre. Mientras los empresarios hablan de productividad y competitividad, la realidad es que una parte creciente de la población trabaja cada vez más para ganar absoluta y relativamente cada vez menos y, casi siempre, vivir cada vez peor.
La fuerza que esta reivindicación expone es una contradicción importante de la coyuntura brasileña y latinoamericana. Por un lado, existe una enorme insatisfacción social y disposición para luchar por mejores condiciones de vida y por la propia existencia… Por otro, las principales direcciones políticas y sindicales – principalmente hablando de las del campo lulista – siguen apostando casi exclusivamente a la negociación institucional, desplazando al Congreso y a los gabinetes aquello que sólo puede ser conquistado por la movilización autoorganizada del movimiento de masas.
Pero la salida institucional solo reubica el eterno retorno del mantenimiento del orden capitalista y de la derecha en el poder. Más recientemente, América Latina atraviesa elecciones en las que la derecha sale victoriosa, como con la victoria del empresario de ultra derecha Abelardo de la Espriella en Colombia. Él obtuvo el 49,66% de los votos válidos en la segunda vuelta, derrotando al senador de la izquierda del orden Iván Cepeda, que alcanzó alrededor del 48,7%. La diferencia de votos fue de aproximadamente 250 mil, representando una ventaja inferior a un punto porcentual. Esto demuestra ser parte de una tendencia reciente en la que, en los últimos tres años, elecciones altamente polarizadas han favorecido candidaturas conservadoras y de derecha en varios países sudamericanos. En ese escenario, candidaturas de centro perdieron relevancia, mientras que gobiernos o candidaturas de la izquierda del orden fueron derrotados en países como Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y Panamá (en Perú, país que aún espera la oficialización de los resultados electorales, la nieta del dictador Fujimori es hoy la virtual presidenta del país elegida con un margen de menos 0,3%). Sin embargo, es importante destacar que esta derecha no es homogénea: va desde perfiles más populistas y autoritarios hasta conservadores moderados y liberales radicales, incluyendo figuras como Nayib Bukele y Daniel Noboa.
Uno de los ejes centrales de este giro político-electoral es la centralidad de la agenda de seguridad pública. El aumento de la criminalidad en la región convirtió el tema en decisivo en las elecciones, favoreciendo discursos de «línea dura» y políticas represivas. Además, y de forma vinculada al tema de la violencia, en el plano económico, el fin del ciclo de commodities que había sostenido gobiernos de izquierda del orden a principios del siglo XXI, seguido por crisis crónicas. A pesar de esta tendencia general hacia la derecha, las disputas continúan extremadamente reñidas, con victorias decididas por márgenes estrechos en muchos casos, lo que indica la fuerte polarización, inestabilidad política e incertidumbres. En Brasil, incluso tras la derrota electoral de Bolsonaro, el bolsonarismo sigue siendo una fuerza de masas con influencia institucional, apoyo empresarial y capacidad de movilización.
Ante este escenario, se ha vuelto común la idea de que vivimos una «ola conservadora» continental. Pero esta interpretación ignora un elemento fundamental: las victorias de la extrema derecha no resolvieron ninguna de las contradicciones fundamentales que permitieron su crecimiento frente al fracaso de gobiernos burgueses de conciliación de clases ni establecieron nuevas y verdaderas hegemonías políticas que puedan aplastar a la clase trabajadora de manera estructural.
Argentina sigue sumida en una crisis económica profunda. El crecimiento de Bukele no eliminó los problemas estructurales de El Salvador. El avance de la derecha en diferentes países tampoco estabilizó los regímenes políticos de la región. Con enormes desigualdades, por supuesto, lo que existe es la continuidad de una crisis social, económica y política que se arrastra desde hace años y que sigue alimentando la polarización en todos estos países.
Las victorias electorales de la extrema derecha deben entenderse menos como una demostración de fuerza histórica (además de ser necesario estudiar caso por caso) y más como expresión de la incapacidad de las alternativas existentes – tanto de izquierda como de derecha – para ofrecer respuestas a los problemas enfrentados por la mayoría de la población.
La victoria de Lula en 2022 fue recibida por amplios sectores de la izquierda del orden (PT, PCdoB y PSOL) como una derrota estratégica del bolsonarismo. Pasados algunos años, la realidad demuestra que esa evaluación era excesivamente optimista y que la estrategia de conciliación de clases fracasa en todas las líneas de tensión, pues no toma en cuenta que las fuerzas que hicieron estallar el bolsonarismo y los intereses de clase que están detrás de esta formación política solo pueden retroceder a partir de luchas directas y medidas anticapitalistas que impongan derrotas profundas a la extrema derecha.
Como ya es historia pasada, Bolsonaro perdió la elección, pero el bolsonarismo permaneció vivo. Continúa controlando gobiernos municipales y estatales, mantiene fuerte representación parlamentaria, influencia en sectores de las Fuerzas Armadas, de las policías y de las iglesias fundamentalistas, además de preservar una base social significativa en el conjunto de la sociedad, cerca del 30% de la población. Pero la persistencia y la fuerza de la extrema derecha – incluso frente a una serie de adversidades – no puede explicarse solo por su propia fuerza. También es resultado de los límites y traiciones de la estrategia adoptada por el lulismo fuera y dentro del gobierno.
Lula volvió al poder en 2023 a través de un amplio frente con sectores empresariales, banqueros, partidos de derecha y figuras históricamente asociadas a los ataques contra los trabajadores. La política de conciliación de clases de los gobiernos lulistas garantiza cierta gobernabilidad, pero también impone desde siempre límites rígidos a la capacidad del gobierno de responder a las demandas populares, lo que explica parcialmente la inestabilidad de estos gobiernos ante crisis económicas y el fortalecimiento de la oposición – véase el caso de Dilma que al final de su primer mandato respondió con políticas burguesas anticíclicas a la crisis económica, ganó las elecciones prometiendo mantener derechos, practicó estelionato electoral con medidas neoliberales, perdió totalmente base social y terminó siendo víctima de una maniobra reaccionaria con el impeachment de 2016.
El resultado de este impasse crónico ya es conocido en Brasil y en diversos países de América Latina. Mientras los gobiernos de conciliación de clases buscan administrar la crisis sin romper con los intereses del gran capital, la extrema derecha se presenta falsamente como alternativa al sistema. Así, se consolida una dinámica de alternancia entre gobiernos abiertamente ultraliberales, reaccionarios y ultrarreaccionarios y gobiernos de la izquierda del orden, que, en nombre del diálogo y la gobernabilidad, siguen aplicando ajustes, contrarreformas y políticas favorables a los de arriba, compensadas por medidas sociales cosméticas. De esta forma, la insatisfacción popular permanece sin una salida real, alimentando continuamente el fortalecimiento de proyectos reaccionarios.
El caso Master y el lulismo como parte de una nueva clase política estatal burguesa
Aunque sectores de extrema derecha aparecen entre los principales involucrados en el escándalo Master, el caso rápidamente reveló conexiones con figuras del centrismo, de la derecha tradicional y también con personajes cercanos al gobierno. Como ocurre en prácticamente todos los grandes escándalos nacionales, las fronteras partidarias desaparecen cuando entran en escena los intereses económicos fundamentales de la clase dominante.
No estamos ante un caso de corrupción individual y puntual. El problema es más profundo. El Estado capitalista es un mostrador de negocios de la burguesía que funciona como un espacio de articulación permanente entre los intereses de las grandes empresas, del sistema financiero y de los partidos que administran el orden. Los bancos financian campañas, los empresarios influyen en decisiones gubernamentales y los parlamentarios transforman sus cargos en instrumentos de negociación política y económica que encuentra en una amplia burocracia estatal a los operadores de toda esta máquina. Por esta razón, casos de corrupción como el del Banco Master no representan desviaciones ocasionales y morales. Son manifestaciones “normales” de un sistema político estructurado para servir a los intereses de las clases dominantes a través del Estado.
La extrema derecha, el Centrão y el lulismo participan de este mecanismo. Los gobiernos de conciliación de clases también terminan operando dentro de él. En el caso del lulismo es interesante rescatar críticamente la elaboración de Francisco de Oliveira en Ornitorrinco, cuando el autor formuló que había surgido una “nueva clase” social en el interior del Estado capitalista a partir de los administradores de los fondos de pensión, en su mayoría ex dirigentes sindicales, burócratas partidarios que pasan a administrar fondos millonarios, una capa que no era de la burguesía tradicional y mucho menos representantes directos de la clase trabajadora. Si no podemos estar de acuerdo en que estos sujetos hayan formado exactamente una nueva clase económica y una nueva clase política independiente, no deja de ser sugestiva la idea de que surge ahí un nuevo sector de la burocracia estatal, esa “clase política” que sirve a la burguesía pero que no deja de tener intereses propios.
Esta “clase política” que asciende a administradora de fondos y empresas estatales que compone el núcleo duro del lulismo – en el sentido más estricto del término, aquel compuesto por los dirigentes, por su militancia, y no los sectores del subproletariado que se alinean con Lula en 2026, según el análisis de André Singer en Os sentidos do lulismo –, es consciente del proyecto de poder y orientada de forma ineludible por la pequeña política que los gobiernos del PT y sus aliados vienen llevando a partir de los años 80 a nivel local y estatal y a partir de 2003 a nivel nacional.
No queremos aquí hacer un análisis profundo de este proceso, pero la conciliación de clases tiene – como todo fenómeno superestructural – la defensa de los intereses de la burguesía como condición para la defensa de los propios intereses de estos dirigentes. Es en este contexto que se puede entender la investigación de la Policía Federal por corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero que involucra al Banco Master y al Senador Jaques Wagner (PT) y exlíder del gobierno en el Senado, incluyendo al empresario Augusto Lima. Según la investigación, se identificaron pagos de cerca de R$ 3,5 millones de una empresa vinculada a Lima al llamado “núcleo familiar” de Wagner, además de supuestos beneficios como la entrega de un apartamento en Salvador valorado en R$ 2,5 millones, viajes en jets vinculados al grupo e invitaciones para eventos en el extranjero. La investigación también menciona la incautación de valores en efectivo en direcciones vinculadas al senador, incluyendo dólares y euros.
Cuando la investigación que afectó a Wagner parecía ser un salvavidas para Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro difundió un video en las redes sociales que cayó como una bomba para la campaña del 01. En el video, la ex primera dama relata un desacuerdo respecto a la posible alianza del PL con el exministro Ciro Gomes en el estado de Ceará; dice que intentó hablar con Flávio por teléfono y fue tratada de forma “áspera, irrespetuosa y maltratada”. Según ella, Flávio le habría dicho que ella “debía mantenerse fuera de las decisiones del partido” y que ella “no entendía nada de política”. También afirmó que “entendió que él no quería mi apoyo o que este era insignificante”, y por eso optó por “retirarse” y alejarse. Además, en otras partes del video criticó a los seguidores de Flávio en las redes, diciendo que la trataban “como si fuera idiota” y reiteró su postura contraria a la alianza con Ciro Gomes.
En medio de las crisis de la campaña de Flávio Bolsonaro por su implicación con Daniel Vorcaro, este video refleja una profunda división interna y disputa por el legado bolsonarista que podrían significar la puntilla para la candidatura bolsonarista si no fueran por las traiciones políticas de Lula y su campaña.
Como parte de este cuadro, volviendo al caso de Jaques Wagner, tras idas y venidas, el senador se aleja del liderazgo del gobierno, negando irregularidades… Pero surge un nuevo episodio que evidencia las relaciones de clase entre el lulismo y las fracciones del gran capital. En este contexto, durante una inauguración de hospital en Bahía, Lula, junto a Wagner y otros dirigentes del PT, afirmó que tienen “compañeros” históricos en el estado, citando a Jaques Wagner y otros, y dijo que “todo amigo es un hermano”. No parece plausible tratar estas exposiciones desprovistas de cálculo político, especialmente en un ambiente de creciente desgaste y disputa de narrativa en torno al escándalo del Banco Master.
Puede tratarse de un simple error táctico de Lula o de un proceso de gestión política de la crisis en un ambiente que el lulismo considera relativamente controlado, en el cual las relaciones estrechas y abiertamente corruptas con el sistema financiero no tendrían tanto impacto. No podemos afirmar categóricamente cuál de estas hipótesis explica mejor el caso. Sin embargo, independientemente de las motivaciones específicas, el hecho es que no hay, por parte del lulismo, disposición para una ofensiva política más dura contra el caso del Banco Master y contra el capital financiero.
Evidentemente, una ofensiva de este tipo, incluso dentro de los marcos de la institucionalidad burguesa, por ejemplo a través de la defensa de la apertura de una CPI, significaría enfrentar directamente a interlocutores centrales de la clase dominante, como el centrão y el STF, ponerlos en el mismo barco que la extrema derecha y, en consecuencia, confrontar los intereses de la propia clase dominante. Se trata de algo que la conciliación de clases, como una de las formas de gobernar del capital, no puede hacer por su propia naturaleza.
Por eso, lo que prevalece es la tendencia a la acomodación, a la contención de la crisis y del conflicto y, en última instancia, a su naturalización.
Trump, Bolsonaro y la falsa defensa de la soberanía nacional
Como parte de la contraofensiva de la extrema derecha tras la condena de Bolsonaro y otros involucrados en el intento de golpe – cabe señalar que una parte significativa del campo golpista, especialmente en el ámbito del Congreso, aún no ha sido procesada por los eventos del 8 de enero de 2023 –, Eduardo Bolsonaro y otras lideranzas de la extrema derecha comenzaron a buscar apoyo sistemático junto al imperialismo estadounidense. Esta articulación se expresa en diferentes frentes, como la defensa de la elevación de tarifas de importación, presiones diplomáticas, disputas en el campo jurídico y otras formas de interferencia en la política brasileña.
Más recientemente, y con mayor impacto en el proceso electoral debido a la proximidad del pleito, la clasificación de organizaciones criminales brasileñas como el PCC y el Comando Vermelho como “organizaciones terroristas” ha sido defendida por sectores del bolsonarismo, incluyendo figuras como Flávio Bolsonaro. Se trata de una forma de ampliación de la injerencia de los Estados Unidos sobre la soberanía jurídica y política de Brasil y de otros países latinoamericanos. Al desplazar a estas facciones del campo del crimen organizado al del “terrorismo”, este enfoque no solo redefine categorías jurídicas, sino que también abre margen para justificaciones de acciones más amplias de vigilancia, sanciones financieras e incluso cooperación policial asimétrica, con potencial impacto en la dinámica político-electoral.
En el caso brasileño, esta reclasificación tiene implicaciones directas tanto en el período electoral como en el pos-elección. Al encuadrar al PCC y al Comando Vermelho bajo la lógica del terrorismo internacional, los EUA pasan a reclamar mayor protagonismo en la lucha contra estas organizaciones, lo que puede presionar a las instituciones brasileñas a adoptar marcos legales más cercanos a las doctrinas de seguridad estadounidenses. En medio de la persistencia de problemas estructurales no resueltos, asociados a la política de conciliación de clases del gobierno, el tema de la seguridad pública tiende a consolidarse como una de las principales preocupaciones del electorado, apareciendo con frecuencia como el principal problema del país para cerca del 30% al 45% de los entrevistados, dependiendo del corte regional, de ingresos y del contexto de violencia.
En este escenario, cobran fuerza las salidas punitivistas que tienden a desvincular la expansión de las facciones criminales de las condiciones sociales, económicas y carcelarias que las producen y reproducen. Desde un punto de vista más amplio, este movimiento se inscribe en una tradición de política exterior intervencionista de Estados Unidos en América Latina, ahora actualizada por el discurso de la “guerra al narco-terrorismo”. En este sentido, la reclasificación del crimen organizado brasileño puede operar como instrumento de influencia geopolítica, legitimando una mayor presencia de agencias internacionales, cooperación condicionada y presión diplomática sobre el Estado brasileño, al mismo tiempo que desplaza el debate de las causas estructurales de la violencia hacia una lógica de enfrentamiento militarizado y externo, lo que, en última instancia, tiende a reforzar determinadas agendas políticas internas.
Esta entrega de la extrema derecha al imperialismo yanqui llega a los límites del absurdo. En un comunicado reciente, Marco Rubio agradece la oferta hecha por Flávio Bolsonaro de poner a disposición del gobierno de Estados Unidos un “equipo de transición” en caso de que él sea elegido presidente de Brasil. El secretario de Estado afirma que los EE.UU. “registran el optimismo” del senador respecto a las elecciones y la disposición de cooperación institucional en ese escenario.
Pero sabemos, por los motivos que señalamos arriba, que el gobierno Lula y el lulismo en general no están a la altura del enfrentamiento a la extrema derecha aliada del imperialismo trumpista. Esa fuerza ultrarreaccionaria solo se puede enfrentar con una política que atienda las necesidades de las masas (medidas anticapitalistas) y con un proceso de movilización en las calles. Por esa razón, es criminal la pérdida de oportunidad del gobierno al no utilizar el escándalo del Banco Master para atacar a la extrema derecha que hace a Lula y a su gobierno en nombre de las relaciones de colaboración de clases con “viejos compañeros” y con el empresariado.
La lucha contra la injerencia imperialista exige independencia política. La misma independencia necesaria para enfrentar a la extrema derecha y al imperialismo también es necesaria para combatir los límites de la conciliación de clases. En ese sentido, nuestra táctica debe combinar la denuncia más dura a la CUT, PT y gobierno en relación con la apatía frente a la ofensiva trumpista-bolsonarista con la exigencia más amplia de que las direcciones del movimiento de masas unifiquen las luchas. Obviamente, estas son tácticas de denuncia/exigencia que deben estar al servicio de la movilización independiente de las masas y que a partir de su lucha directa el movimiento de masas exija a Lula y compañía que convoquen a todos los sectores a enfrentar la ofensiva bolso-trumpista contra la soberanía nacional.
La lucha de clases sigue produciendo respuestas desde abajo
Como ya hemos señalado en otros textos, a pesar de la centralidad de las disputas electorales “por arriba” entre lulismo y bolsonarismo, la lucha de clases “por abajo” da señales importantes de retomada, protagonismo y efectividad, con actores nuevos y antiguos entrando en escena.
Tras la histórica lucha contra Cargill en el sur de Pará, los pueblos indígenas siguen resistiendo la destrucción de sus territorios. Después de hacer retroceder el PLP 152, los repartidores por aplicación protagonizaron movilizaciones nacionales contra la precarización del trabajo. Trabajadores de la educación, servidores públicos y diferentes categorías continúan entrando en lucha para defender sus derechos.
La huelga de las universidades estatales paulistas fue una demostración importante de esta disposición de combate. Aunque limitada por la política de las direcciones mayoritarias del movimiento estudiantil y sindical, la huelga logró conquistas concretas y demostró que la movilización colectiva sigue siendo uno de los instrumentos más poderosos de los trabajadores y la juventud.
Más recientemente, la huelga de los conductores de autobús de Río de Janeiro, iniciada por tiempo indefinido tras una amplia asamblea de la categoría, paralizó el sistema de autobuses de la capital fluminense en torno a reivindicaciones como reajuste salarial, condiciones de trabajo y reducción de la jornada. La Justicia del Trabajo actuó en defensa de las empresas, elevando del 50% al 80% el porcentaje mínimo de la flota que debía circular durante la huelga. Ante esto, la dirección del sindicato orientó el retorno al trabajo, mediante la promesa de no descontar los días parados ni el vale de comida, además de la apertura de una nueva ronda de negociaciones sobre un reajuste superior al 4,39% inicialmente ofrecido. Aun así, a pesar de la presión patronal combinada con la actuación de la Justicia y las vacilaciones de la dirección sindical, la categoría mostró una fuerte disposición de lucha y mantiene abierto el escenario de reanudación de la huelga en caso de no haber avances en las negociaciones.
Este conjunto de procesos, sumado a otras luchas en curso en el país, indica que no existe solo una polarización política “desde arriba”, sino también un crecimiento de movilizaciones de sectores de vanguardia de la clase trabajadora y de los oprimidos, con impactos reales en la coyuntura política.
El problema central, por lo tanto, no es la ausencia de disposición en la base, sino la falta de una dirección política capaz de transformar estas luchas parciales en un movimiento nacional de enfrentamiento al capitalismo y al imperialismo. Tampoco falta una agenda capaz de unificar a la clase. Además de la lucha necesaria contra el escándalo del Banco Master desde el punto de vista de los trabajadores, de la denuncia de la injerencia imperialista bolso-trumpista y de la oposición a la amnistía de los golpistas del 8 de enero, la lucha contra la escala 6×1 puede cumplir ese papel de unificación de los explotados y oprimidos.
Es precisamente por eso que la batalla contra la escala 6×1 tiene una importancia que va mucho más allá de la reivindicación inmediata. Pocas agendas económicas logran dialogar simultáneamente con trabajadores del comercio, industria, logística, supermercados, call centers, plataformas digitales y servicios en general. Sin embargo, incluso después de la aprobación de la PEC 8/2025 en la Cámara de Diputados por 461 votos a 19 – resultado de la fuerte presión de la opinión pública, con cerca del 80% de la población a favor del fin de la escala 6×1 –, la estrategia conservadora lulista centrada exclusivamente en la vía parlamentaria revela sus límites, pues ni siquiera fue capaz de mantener el régimen de urgencia del proyecto para acabar con la escala 6×1, lo que abrió espacio para reacciones de la burguesía a través del Centrão y la extrema derecha.
Como esta conquista no fue fruto de la lucha directa y organizada de los trabajadores, sino de la presión social difusa, y ante el papel desempeñado por las direcciones mayoritarias del movimiento social (CUT, PT, PSOL, Lula y Boulos), la burguesía responde con iniciativas reaccionarias, como la PEC 12/2026, de autoría del senador Rogério Marinho, que en líneas generales representa una ofensiva contra derechos históricos de la CLT.
Esta contraofensiva debe ser comprendida dentro de una estrategia más amplia de contención y retroceso de las luchas. Incluso cuando ocurren movilizaciones convocadas por estas direcciones – como las del último 30 de junio –, reúnen sectores de vanguardia, pero aún están lejos de garantizar la intensidad necesaria para avanzar en la correlación de fuerzas en el Senado. A pesar de su importancia, estas iniciativas siguen siendo insuficientes por no traducirse en paros nacionales y un calendario de movilización arraigado en la base que nos permita garantizar condiciones para una huelga general. Por lo tanto y en ese sentido, las exigencias hechas por el PSTU y MRT por una huelga general a la burocracia sindical nos parecen carentes de cualquier mediación con la realidad concreta, y, así, se convierten en un propaganda estéril.
La CSP-Conlutas, central de la cual formamos parte, realizó el día 25 de junio una plenaria estatal en São Paulo para organizar los actos del día 30. En ella, se aprobó un conjunto de acciones con eje en la convocatoria de un acto contra la escala 6×1, realizado en la Avenida Paulista. Aunque la CSP desempeña un papel progresivo en relación con las centrales gubernamentales, su dirección mayoritaria (PSTU), en su economicismo arraigado, carece de una estrategia de movilización permanente junto a los sectores más dinámicos de la vanguardia, capaz de romper el bloqueo impuesto por la burocracia sindical.
Así, a pesar de la enorme popularidad de la pauta, las principales centrales sindicales y partidos de la izquierda institucional continúan tratando el tema principalmente como una disputa parlamentaria – la concepción politicista se impone sin señal de retroceso. Sin movilización de base, asambleas, paros y construcción de un calendario nacional de lucha que apunte a una huelga general, cualquier avance permanece vulnerable a la presión patronal.
La importancia de la movilización contra la escala 6×1 no se limita a la conquista de esta reivindicación específica – no se trata exclusivamente de una victoria sindical/económica, sino de una conquista política. Una victoria construida por la acción directa de los trabajadores y de los oprimidos podría representar un salto cualitativo en la reorganización de la clase, fortaleciendo su capacidad de enfrentar a la extrema derecha y al imperialismo en un escenario preelectoral marcado por riesgos crecientes. Sin embargo, para el lulismo, el fortalecimiento autónomo de la clase trabajadora entra en tensión con su estrategia histórica de conciliación de clases, lo que explica su resistencia a la movilización independiente.
Por otro lado, la perspectiva de la izquierda independiente debe ser distinta: se trata de apoyarse en el nuevo y el viejo protagonismo de las vanguardias de luchadores que, desde finales del año pasado, vienen alterando la coyuntura al introducir elementos de radicalización desde abajo. Es en ese movimiento donde debe apoyarse la construcción de una lucha real contra la escala 6×1 y, simultáneamente, de un frente político y electoral independiente de los gobiernos, de los patrones y de la burocracia sindical.
