La derrota electoral del Partido Conservador en julio de 2024, abrió el espacio a que el Partido Laborista retornara al poder con promesas de estabilidad tras más de una década de austeridad, crisis del Brexit y elevada inflación. Sin embargo, la rápida erosión del gobierno de Keir Starmer, su posterior renuncia y la irrupción de Andy Burnham como principal figura para encabezar una nueva administración, mostraron que la crisis británica no podía reducirse al desgaste de un partido o de un liderazgo. Por el contrario, estos acontecimientos reflejan las dificultades de las fuerzas políticas burguesas tradicionales para ofrecer respuestas frente a las contradicciones económicas, sociales y geopolíticas que atraviesa el capitalismo británico.
El colapso de Starmer
La contundente derrota del Partido Laborista en las elecciones locales de mayo pasado fue el resultado del desgaste del gobierno encabezado por Keir Starmer. El partido perdió centenares de concejales y el control de numerosos gobiernos locales, mientras que el ultraderechista Reform UK se posicionó como la principal fuerza emergente de la política británica, tras obtener importantes victorias en antiguos bastiones laboristas.
Reform UK consiguió el mayor número de concejales entre todas las fuerzas políticas, además de ganar varias alcaldías importantes y representantes a los parlamentos regionales. Esos resultados fueron la expresión política del creciente descontento social por el deterioro de las condiciones de vida. Las encuestas mostraban que la aprobación del gobierno había caído de forma sostenida desde su llegada al poder. El porcentaje de personas que evaluaban negativamente la gestión del primer ministro superaba ampliamente a quienes la aprobaban.
Su posterior renuncia confirmó que la crisis del laborismo va mucho más allá que el simple desgaste particular de un dirigente. El fracaso del gobierno no puede atribuirse únicamente a errores de liderazgo, sino al incumplimiento de lo propuesto en campaña y a la falta de respuestas frente a una economía con un crecimiento débil, el deterioro de los servicios públicos, la persistente crisis de vivienda y el aumento del costo de vida.
En ese contexto emerge la figura de Andy Burnham. Su ascenso se apoya en la popularidad que ganó como alcalde del Gran Manchester, pero, además, es ampliamente reconocido dentro del partido como “la opción” que necesitan para reposicionarse ante la pérdida de legitimidad de su base electoral. La dirección laborista está impulsaldo activamente una transición ordenada hacia Burnham, buscando evitar una disputa interna prolongada que agrave aún más la crisis del partido.
Burnham pretende diferenciarse mediante un discurso que combina referencias a la tradición histórica del laborismo y propuestas dirigidas hacia la reindustrialización, la construcción de vivienda pública y una mayor inversión en infraestructura. En la presentación de su proyecto político prometió «reconectar» el Reino Unido mediante la transferencia de competencias hacia las regiones y la creación de un segundo punto del poder, argumentando que el excesivo centralismo de Westminster constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país.
Con esta apuesta, lo que está en juego es la estrategia mediante la cual la socialdemocracia británica busca responder a la crisis que enfrenta y que combina estancamiento económico, deterioro social, fragmentación territorial, ascenso de opciones de extrema derecha y pérdida de legitimidad de las instituciones tradicionales. En ese sentido, la interrogante es si Burnham logrará estabilizar al Partido Laborista y, al mismo tiempo, ofrecer una salida para los sectores populares.
La crisis del laborismo
Para comprender el ascenso de Burnham, es necesario situarlo dentro del proceso histórico de transformación del laborismo. La crisis que atraviesa hoy es el resultado de casi tres décadas de adaptación a las transformaciones del neoliberalismo. Si bien desde su fundación su programa era de reformas, lo cierto es que durante la primera parte del siglo pasado representaba a una parte significativa de la clase trabajadora. Esto cambió aceleradamente a finales del siglo. Tras cuatro victorias electorales consecutivas del Partido Conservador bajo Margaret Thatcher y John Major, el laborismo llegó al poder en 1997 con un proyecto adaptado completamente a las exigencias del capitalismo imperialista del reino.
Bajo el liderazgo de Tony Blair, el partido abandonó buena parte de su programa tradicional y adoptó la denominada «Tercera Vía», una estrategia que pretendía combinar crecimiento económico, disciplina fiscal y políticas sociales sin cuestionar la economía de mercado. Blair defendía que se debía aceptar la globalización, la competencia internacional y el protagonismo del sector privado como condiciones ya establecidas en esa nueva fase del capitalismo.
Uno de los momentos más simbólicos de este cambio fue la modificación de la histórica Cláusula IV de la Constitución del partido en 1995. Desde 1918, dicha cláusula comprometía al partido con «la propiedad común de los medios de producción, distribución e intercambio». Blair impulsó su sustitución por una formulación de economía de mercado y la mayor participación de la empresa privada, marcando un punto de inflexión sobre los principios que habían caracterizado al laborismo durante gran parte del siglo XX.
El éxito electoral del Nuevo Laborismo fue innegable. Blair obtuvo mayorías absolutas en 1997, 2001 y 2005, convirtiéndose en uno de los primeros ministros más estables de la historia reciente británica. Sin embargo, ese éxito descansó sobre la integración entre la socialdemocracia y el modelo neoliberal construido durante el período de Thatcher, más que sobre la contraposición a él.
Los gobiernos de Blair y posteriormente de Gordon Brown mantuvieron la liberalización financiera iniciada en los años ochenta. Londres reforzó su papel como uno de los principales centros financieros del mundo, favorecida por una regulación flexible y por la creciente internacionalización de los mercados de capitales. Según el Global Financial Centres Index, la City de Londres se mantuvo durante décadas entre los dos centros financieros más importantes del planeta junto con Nueva York.
Este proceso fortaleció el peso del sector financiero dentro de la economía británica. De acuerdo con datos de UK Finance, los servicios financieros y profesionales representan aproximadamente el 12% del producto interno bruto (PIB) del Reino Unido y generan más de 2,5 millones de empleos, concentrados principalmente en Londres y el sureste de Inglaterra. El crecimiento de ese sector, sin embargo, estuvo acompañado por una prolongada pérdida de capacidad industrial. Según la Office for National Statistics, la participación de la manufactura en el valor agregado bruto de la economía británica cayó desde alrededor del 17% en 1990 hasta menos del 10% en la actualidad, mientras que el sector servicios pasó a representar cerca del 80% de la actividad económica.
La desindustrialización afectó especialmente a las regiones del norte de Inglaterra, Gales y las Midlands, antiguamente dependientes de la minería, la siderurgia, la construcción naval y la manufactura pesada. Estas zonas experimentaron décadas de menor inversión, salarios relativamente más bajos y mayores niveles de desigualdad en comparación con Londres y el sureste. El Institute for Public Policy Research ha documentado que el Reino Unido presenta una de las mayores desigualdades territoriales entre las economías desarrolladas de Europa Occidental, tanto en productividad como en ingresos.
La crisis financiera internacional de 2008 puso de manifiesto las vulnerabilidades de este modelo. El rescate del sistema bancario británico obligó al Estado a intervenir con cientos de miles de millones de libras para evitar el colapso financiero. Según la National Audit Office, el gobierno llegó a comprometer más de 1 billón de libras esterlinas entre garantías, préstamos y recapitalizaciones durante la crisis bancaria.
Aunque el Reino Unido evitó una depresión comparable a la de los años treinta, la crisis abrió una etapa de bajo crecimiento económico, estancamiento salarial y aumento del descontento social que marcaría la política británica durante la década siguiente. Tras el triunfo del Partido Conservador en las elecciones generales de 2015, el laborismo atravesó una de las mayores crisis de identidad de su historia reciente. En ese contexto emergió el liderazgo de Jeremy Corbyn, representante del ala izquierda del partido, quien propuso un giro que rompía con el consenso construido durante la etapa del Nuevo Laborismo.
Su programa planteaba la renacionalización de los ferrocarriles, el agua, el correo y parte del sector energético; una fuerte expansión de la inversión pública mediante un banco nacional de inversión; la construcción masiva de vivienda social; el fortalecimiento de los sindicatos; el aumento de impuestos a las grandes fortunas y corporaciones; la eliminación de las matrículas universitarias y una política exterior más independiente de Estados Unidos y la OTAN.
Aunque el laborismo obtuvo un resultado mejor de lo esperado en las elecciones de 2017, incrementando su porcentaje de voto hasta el 40% y privando a Theresa May de la mayoría absoluta, el partido no logró formar gobierno y dos años después sufrió una severa derrota en las elecciones de 2019, obteniendo apenas 202 escaños, su peor resultado parlamentario desde 1935.
Esta derrota fue capitalizada por la mayoría del aparato laborista como el fracaso definitivo del experimento encabezado por Corbyn. Aunque al análisis se deben agregar elementos como el Brexit, la fragmentación del voto obrero y la intensa campaña mediática contra el dirigente. La dirección del partido optó por regresar hacia posiciones más centristas. La elección de Keir Starmer como líder en abril de 2020 simbolizó ese retorno. Durante la campaña interna prometió mantener parte de las políticas sociales defendidas por Corbyn, pero una vez lograda su victoria interna renegó de esas propuestas, marginó a la izquierda corbinista, restituyó la prioridad de la disciplina fiscal y buscó reconstruir la credibilidad del partido ante el gran empresariado y los mercados financieros.
De esta manera, el intento de reorientar al laborismo hacia una izquierda reformista terminó cediendo nuevamente el paso a una estrategia centrista que, si bien logró devolver al partido al gobierno, lo hizo a costa de incumplirle a su base historica, con lo cual sumó terreno al ascenso de la extrema derecha. Por ejemplo, cuando llegó al poder prometió la recuperación gradual de los servicios públicos, no obstante, terminó manteniendo las restricciones fiscales que imposibilitaban eso.
Esa disciplina fiscal se convirtió en uno de los pilares de su administración y también en una de las principales fuentes de descontento. Las limitaciones presupuestarias son particularmente visibles en el sistema de salud. A pesar de las promesas de reducir las listas de espera, millones de pacientes continúan aguardando atención especializada. Según datos oficiales del NHS, las listas de espera para tratamientos hospitalarios superaban los 7 millones de casos.
A ello se sumó el débil desempeño económico. Tras varios años de crecimiento moderado, el Reino Unido continuó mostrando tasas de productividad inferiores a las registradas antes de la crisis financiera de 2008. La Office for Budget Responsibility advirtió en sus proyecciones económicas que el potencial de crecimiento del país seguía siendo limitado debido al bajo nivel de inversión, la desaceleración del comercio internacional y el envejecimiento demográfico.
El gobierno de Starmer se dedicó a administrar las tensiones del capitalismo británico mediante la prudencia fiscal, con lo cual terminó enfrentando las mismas contradicciones que habían erosionado al modelo del Nuevo Laborismo. Si este representó la adaptación de la socialdemocracia al neoliberalismo de finales del siglo XX, el fracaso del proyecto de Starmer refleja las dificultades de ese mismo modelo para ofrecer respuestas en una etapa caracterizada por el estancamiento económico y el cuestionamiento creciente del orden liberal construido tras el fin de la Guerra Fría.
¿Por qué Burnham?
La posible elección de Burnham como sucesor de Starmer representa la búsqueda de una nueva cara para enfrentar la crisis del partido y tratar de recuperar una base electoral que se ha erosionado progresivamente desde el auge del Nuevo Laborismo. En otras palabras, es el seleccionado porque se muestra (punto aparte es que lo logre) como el dirigente con mayores posibilidades de acercar al partido con los sectores de la clase trabajadora que se alejaron durante las últimas décadas. El mismo Burnham presenta su propuesta como “socialismo favorable a las empresas”.
La dirección laborista busca evitar una larga disputa interna con el cambio de gobierno. Sectores parlamentarios promovieron una candidatura de consenso alrededor de Burnham para transmitir estabilidad antes de las futuras elecciones generales e intentar frenar el crecimiento de Reform UK. A diferencia de dirigentes provenientes de los movimientos sociales, él es un político formado íntegramente dentro del aparato del Partido Laborista. Diputado desde 2001, ocupó distintos ministerios durante los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, entre ellos el Ministerio de Sanidad (2009-2010), la cartera de Cultura, Medios y Deportes (2008-2009) y la Secretaría del Tesoro (2007-2008).
Esta trayectoria lo convierte en un representante del establishment laborista. Sin embargo, a diferencia de otros dirigentes asociados al blairismo, construyó posteriormente una base política propia fuera de Westminster. El punto de inflexión de su carrera fue la elección como alcalde metropolitano de Gran Manchester en 2017. Desde entonces, convirtió esa región en el laboratorio político de su proyecto. Bajo su administración impulsó la integración del sistema de transporte público mediante la recuperación del control público sobre los autobuses, la primera ciudad inglesa en revertir la privatización desde la década de 1980. Gran Manchester reúne aproximadamente 2,9 millones de habitantes, siendo la segunda área metropolitana más importante del Reino Unido después de Londres.
La gestión de Burnham le permitió proyectarse como un dirigente capaz de gobernar un territorio complejo, con importantes desafíos sociales e industriales. Mientras Westminster aparecía cada vez más desconectado de las preocupaciones cotidianas de amplios sectores de la población, él construyó una imagen de dirigente regional, cercano a los gobiernos locales y a los problemas concretos del norte de Inglaterra.
La pandemia de COVID-19 consolidó esa imagen, cuando en octubre de 2020 protagonizó un enfrentamiento con el gobierno conservador de Boris Johnson por las restricciones sanitarias impuestas a la región y, especialmente, por el nivel de apoyo económico destinado a trabajadores y empresas durante los confinamientos. Exigió mayores recursos para compensar las pérdidas económicas, argumentando que el gobierno central pretendía imponer restricciones sin ofrecer financiación suficiente. Su enfrentamiento fue ampliamente difundido por la prensa y construyó su perfil como defensor de las regiones frente al centralismo de Westminster.
Aquella actuación incrementó notablemente su popularidad, especialmente entre votantes laboristas y sectores tradicionalmente abstencionistas del norte de Inglaterra. La pandemia permitió así consolidar el rasgo que hoy constituye uno de sus principales activos políticos: la imagen de un dirigente territorial dispuesto a confrontar al poder central cuando considera que los intereses de las regiones están siendo perjudicados.
Burnham comparte con Blair la aceptación de la economía de mercado, pero rechaza la excesiva dependencia del sector financiero londinense y la concentración territorial del crecimiento económico. Al mismo tiempo, se distancia del enfoque tecnocrático de Starmer. Mientras este último fue un gestor fiscalmente responsable del capitalismo britanico, Burnham procura recuperar un lenguaje más cercano a la tradición histórica del laborismo, apelando a la solidaridad, la comunidad, la inversión pública y la reconstrucción industrial.
Propuso «reconectar» el Reino Unido mediante un amplio proceso de descentralización (devolution), acompañado por un programa de vivienda, infraestructura y desarrollo regional a diez años. Sostuvo que «el sistema está roto» debido a la excesiva concentración del poder en Westminster y defendió el «mayor reequilibrio de poder de la historia moderna del Reino Unido». A pesar de esto, ha reiterado que respetará las reglas fiscales existentes y buscará mantener la confianza de los mercados financieros.
Uno de sus primeros compromisos fue precisamente conservar el marco de disciplina presupuestaria establecido por el gobierno anterior. En este sentido, procura retóricamente acercarse a las posiciones de una socialdemocracia clásica, caracterizada por un mayor protagonismo del Estado en la economía, moderadas políticas redistributivas y fortalecimiento de los servicios públicos, pero sin cuestionar ni un ápice los fundamentos de la economía capitalista ni las principales instituciones imperialistas del Estado británico.
Esto no podría ser de otra forma, el modelo de socialdemocracia que pretende retomar es uno que busca “hacer más afable” el capitalismo sin alterar las relaciones sociales y económicas que produce, es decir, las direcciones socialdemócratas a pesar de su perorata, a lo más, terminan actuando como administradoras del Estado burgués cuando subordinan las demandas de la clase trabajadora a la reproducción de la rentabilidad del capital.
Desde este punto de vista, el problema radica en que las reformas de Burnham permanecen subordinadas al mantenimiento de la propiedad privada de los principales medios de producción, a la disciplina fiscal y a la confianza de los mercados financieros. Por ello, su eventual llegada es un intento de renovar el proyecto socialdemócrata, pero sin romper con los pilares del orden económico vigente.
Impulsar el capitalismo británico desde las regiones
Si la caída de Keir Starmer dio cuenta del rechazo de su proyecto, Andy Burnham representa un intento de reconstruir la legitimidad del partido mediante una combinación de reformas institucionales y política industrial. A diferencia del Nuevo Laborismo, cuya apuesta principal consistía en administrar el crecimiento impulsado por la globalización financiera, Burnham parte del reconocimiento de que ese modelo profundizó las desigualdades.
No se trata, sin embargo, de un programa anticapitalista ni de ruptura con el modelo económico británico. Más bien, propone parchear el funcionamiento del Estado para hacer más eficiente y equilibrada la acumulación capitalista, fortaleciendo el papel de las regiones. En ese sentido, puede interpretarse como un intento de impulsar el capitalismo británico desde la periferia territorial, desplazando parte del poder político y de la inversión pública fuera de Londres. La denominada devolution, es decir, la transferencia de competencias políticas, administrativas y fiscales desde Westminster hacia los gobiernos regionales y las autoridades metropolitanas.
Aunque la descentralización no es un fenómeno nuevo en el país (Escocia, Gales e Irlanda del Norte cuentan con parlamentos propios desde finales de la década de 1990), Inglaterra es uno de los Estados más centralizados de Europa. Según un estudio de la OCDE, el Reino Unido presenta uno de los niveles más bajos de autonomía fiscal regional entre las economías desarrolladas, concentrando la mayor parte de las decisiones presupuestarias en el gobierno central.
Burnham sostiene que esta concentración constituye una de las principales causas del estancamiento económico de las regiones inglesas. En la presentación de su programa afirmó que «el sistema está roto» porque Westminster concentra el poder político mientras grandes zonas del país sufren décadas de menor inversión. Su propuesta consiste en impulsar «el mayor reequilibrio de poder de la historia moderna británica», transfiriendo competencias en transporte, vivienda, planificación urbana, desarrollo económico y formación profesional a los gobiernos regionales.
Uno de los elementos más simbólicos de este proyecto es la creación de un «No.10 North«, una sede permanente del gobierno en Manchester que funcionaría como extensión del despacho del primer ministro en Downing Street. Según Burnham, la medida pretende que el centro político del país no se localice exclusivamente en Londres y busca institucionalizar la presencia permanente del Ejecutivo en el norte de Inglaterra.
La descentralización persigue responder al creciente descontento de las regiones industriales tradicionales, muchas de las cuales experimentan menores niveles de inversión respecto al sureste del país. El Institute for Public Policy Research documentó que el Reino Unido presenta una de las mayores brechas regionales de productividad del mundo desarrollado y que las diferencias entre Londres y numerosas regiones del norte son comparables a las existentes entre distintos países europeos.
Además, constituye una estrategia electoral. Muchas de las regiones beneficiadas por la decisión coinciden con antiguos bastiones laboristas donde Reform UK y el Partido Conservador lograron avances durante la última década. Sin embargo, la fragmentación territorial del poder político no modifica necesariamente la distribución del poder económico. Las principales decisiones sobre inversión, crédito, política monetaria y estrategia empresarial continúan concentradas en el capital financiero, las grandes corporaciones y el Banco de Inglaterra.
El sistema financiero británico está dominado por un reducido número de grandes bancos privados, entre ellos HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group y NatWest Group, cuya capacidad de financiar o no proyectos de inversión continúa siendo determinante para el desarrollo económico nacional. Además, una parte creciente del capital británico es administrada por grandes fondos de inversión internacionales como BlackRock, Vanguard y Legal & General, cuya influencia sobre los mercados financieros y las principales empresas cotizadas supera ampliamente la capacidad de intervención de cualquier autoridad regional.
El Estado no constituye únicamente un conjunto de instituciones administrativas, sino también una estructura destinada a garantizar la reproducción de las relaciones de producción existentes. En consecuencia, redistribuir competencias entre Westminster y las regiones no altera las relaciones entre trabajo y capital. La ampliación de las funciones del Estado dentro del capitalismo no equivale a la democratización en ningún sentido y menos en cuanto al poder económico.
Por otro lado, la segunda gran dimensión del proyecto Burnham consiste en lanzar una política industrial activa. Su propuesta incluye un plan de desarrollo a diez años basado en cinco pilares principales: grandes inversiones en infraestructura; construcción masiva de vivienda; fortalecimiento del transporte público; reindustrialización regional y planificación estratégica de la inversión pública. Afirmó que el Reino Unido necesita abandonar la lógica de la «trickle-down economics» («economía del goteo»), según la cual el crecimiento generado por los sectores más dinámicos terminaría beneficiando al conjunto de la sociedad. En su lugar, defendió una estrategia de inversión pública dirigida a reducir las desigualdades.
Uno de los principales ejes será la vivienda, con lo que, si se ejecuta, sería el mayor programa de construcción de vivienda pública desde la posguerra, buscando responder al déficit habitacional que afecta especialmente a los jóvenes y trabajadores urbanos. La organización Shelter estima que cientos de miles de hogares británicos viven en condiciones inadecuadas o enfrentan graves dificultades para acceder a una vivienda asequible.
Thatcher impulsó la privatización de las empresas públicas, la liberalización financiera y la reducción del papel económico del Estado. Blair mantuvo gran parte de esa estructura, aunque incrementó el gasto social gracias al crecimiento económico de la época y desarrolló asociaciones público-privadas para financiar infraestructura. Starmer, por su parte, prometió una política industrial más activa, pero mantuvo una fuerte disciplina fiscal que limitó el alcance de muchas de sus iniciativas. Burnham busca situarse en un punto intermedio. Esta combinación refleja una de las principales tensiones de su proyecto: impulsar una mayor intervención estatal sin romper con el marco presupuestario.
Más allá de las propuestas económicas, Burnham intenta retomar la identidad política del Partido Laborista mediante un cambio, por ejemplo, en el lenguaje y en las referencias históricas que utiliza. A diferencia del estilo tecnocrático de Starmer, recurre a símbolos vinculados con la historia del movimiento obrero británico. En el lanzamiento de su candidatura evocó la Masacre de Peterloo de 1819, ocurrida precisamente en Manchester, cuando una manifestación pacífica que exigía reformas democráticas fue reprimida por la caballería, causando al menos 15 muertos y centenares de heridos. Peterloo ocupa un lugar en la memoria histórica del movimiento obrero británico por representar la lucha temprana por los derechos políticos y sociales.
Asimismo, Burnham utiliza conceptos como comunidad, solidaridad, esperanza y servicio público, un lenguaje prácticamente ausente de previo. Su discurso pretende devolver al partido una identidad emocional asociada a la clase trabajadora y a la tradición sindical, en contraste con la imagen tecnocrática actual. Aunque teniendo claro que estos gestos no pasan de eso. El resultado es un proyecto de “renovación” en clave reformista que busca fortalecer la legitimidad del Estado burgués imperialista y atraer a la base social de la socialdemocracia mediante una combinación de descentralización, inversión pública y apelaciones sin sustento a la identidad histórica del movimiento obrero.
El futuro no está escrito
Después del rápido colapso del gobierno de Keir Starmer, la dirección laborista parece optar por un dirigente que intenta recuperar la “esencia histórica” de la socialdemocracia, sin abandonar los aspectos económicos y geopolíticos sobre los que el partido ha gobernado en diferentes momentos durante las últimas décadas. El laborismo no fue capaz de resolver la crisis del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos o el estancamiento económico.
La continuidad de la disciplina fiscal, el alineamiento con la OTAN, el respaldo a la política exterior estadounidense y la negativa a revertir las políticas privatizadoras y ajustadoras de los tories dejaron un espacio político que fue aprovechado por Reform UK, cuyo crecimiento se alimentó del descontento acumulado en antiguos bastiones obreros. En este sentido, el ascenso de la ultra derecha es una consecuencia, al menos parcial, de la adaptación de la socialdemocracia al neoliberalismo y al consenso imperialista construido desde la década de 1990.
Sin embargo, interpretar esta evolución como una marcha inevitable hacia un eventual gobierno de Nigel Farage conduciría a una lectura simplificadora de la realidad británica. Los propios acontecimientos recientes muestran que el crecimiento de Reform UK encuentra límites políticos y sociales importantes. Como señala Le Monde diplomatique, el partido de Farage comenzó a ser evaluado por su gestión en las administraciones locales recién ganadas. Las posiciones xenófobas encuentran rechazo y su política internacional con los vínculos con Donald Trump y el genocida de Benjamin Netanyahu le pasan factura.
Al mismo tiempo, existe vida a la izquierda del laborismo. En los últimos años, Londres fue escenario de enormes movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino; tampoco podemos dejar de mencionar la multitudinaria marcha en Belfast contra los ataques racistas y xenófobos de hace unos meses.
El deterioro del centro político alimenta simultáneamente tendencias contradictorias: por un lado, fortalece a la derecha radical mediante el rechazo a las élites tradicionales; por otro, activa expresiones de izquierda que vuelven a colocar en el debate cuestiones como la redistribución de la riqueza, la defensa de los servicios públicos, la oposición al genocidio en Gaza y la crítica al neoliberalismo. La enorme participación en las movilizaciones de solidaridad con Palestina, la participación de sectores sindicales y el crecimiento electoral de alternativas ecologistas muestran que la polarización no beneficia exclusivamente a la extrema derecha.
Es precisamente en ese escenario donde debe situarse el proyecto de Andy Burnham. Su liderazgo aspira a evitar que el Partido Laborista siga perdiendo apoyo tanto hacia la derecha populista como hacia la izquierda. La recuperación de un discurso favorable a la industria, la vivienda pública, la descentralización y los servicios públicos es un intento de reconstruir el vínculo con sectores obreros que abandonaron el partido durante las últimas décadas. Sin embargo, ese desplazamiento se mantiene dentro de límites claramente definidos: Burnham acepta las reglas fiscales, se subordina a la City de Londres y mantiene el alineamiento imperialista con Estados Unidos y la OTAN.
Ello da muestras de que el proyecto Burnham no apunta a realizar ninguna transformación estructural y, a lo sumo, sus propuestas apuntan a corregir algunos de los desequilibrios producidos por el capitalismo. Pero no alterarán las causas estructurales del estancamiento económico ni de la desigualdad social, mientras el poder de decisión continúe concentrado en el capital financiero, las grandes corporaciones y las instituciones que garantizan la reproducción del orden burgués.
En definitiva, el Reino Unido parece estar en una etapa de crisis, caracterizada por el debilitamiento simultáneo de las formas tradicionales de representación política burguesa. La crisis del laborismo abrió el camino a la extrema derecha, pero no le ha garantizado el triunfo. El desenlace de esa disputa continúa abierto, particularmente por la respuesta que pueda surgir desde abajo contra los ataques de la extrema derecha, de lo cual Belfast fue un caso testigo.
