Familiares de los detenidos Nahuel Morandini y Roque Villegas contaron en una conferencia de prensa el calvario que están viviendo y pidieron la libertad de ambos, acusados penalmente por publicaciones en redes sociales sobre la vida privada del ex gobernador Gerardo Morales y su esposa, Tulia Snopek.
En la rueda de prensa, organizada por los gremios de docentes de las Universidades Nacionales de Jujuy y Salta, la pareja de Morandini y la hermana de Villegas contaron que hubo tareas previas de vigilancia antes de que ambos fueran detenidos, el viernes último, en el marco de una causa que tramita el fiscal penal Walter Rondón, iniciada por denuncia de Snopek, quien argumenta que las publicaciones lesionaron derechos de su pequeña hija.
“La intención es instalar terror en la población a todos aquellos que se manifiesten en contra del gobierno de turno», por eso «la persecución permanente a compañeros de organizaciones sociales y sindicales cuando hay una expresión en contra de los intereses del gobierno», sostuvo la secretaria adjunta de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu), Eva Arroyo, integrante de HIJOS. Además de la vigilancia, otra vez se vieron vehículos sin patente, igual que pasó durante al represión desatada en el marco del tratamiento de la reforma de la Constitución provincial que impulsó Morales.
Ayer la pareja de Morandini, Lucía Castro Olivera, y la hermana de Villegas, Norma Vega, y otros familiares, estuvieron acompañados por dirigentes de la Multisectorial contra la Reforma. En el encuentro también se determinaron acciones para visibilizar el caso y exigir que se garantice el derecho de defensa y lograr la libertad de ambos detenidos. Paralelamente, en Salta organizaciones y particulares anunciaron la conformación de la Coordinadora por la Libertad de Nahuel Morandini y Roque Villegas, a quienes el juez de Control Roberto Assef les dictó prisión preventiva por 60 días.
“Es un abuso de autoridad, por unas publicaciones intrascendentes en redes sociales”, sostuvo Castro Olivera antes de contar que días antes personas extrañas estuvieron en su localidad preguntando sobre la familia y filmando, hasta que el jueves último una mujer de civil notificó a Morandini de la citación. “La situación de estrés fue innecesaria porque Nahuel se puso a disposición de la justicia ya que no hay nada que ocultar. Es exagerado el delito que les están queriendo adjudicar”, afirmó. Contó que recién el miércoles podría visitar a su compañero. “Sus niñas preguntan por él, intentamos ingresar cartas de la familia al penal y no permitieron». «Tenemos derecho a que la investigación se realice con ellos en libertad”, expresó y pidió que mejoren las condiciones de la prisión preventiva en el penal de Gorriti. Anoche ambos detenidos fueron trasladados a la sede del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), en el barrio San Pedrito, una novedad que fue considerada buena por sus familias.
Norma Vega contó que a su hermano “lo venían siguiendo desde hace varios días. Iban al negocio de mi mamá a indagar aparentando ser clientes. Lo agarraron en la esquina y lo detuvieron”. “Mi hermano solo compartió algo que circulaba. Pido la libertad de Roque. No es un delito compartir una publicación”, sostuvo. También resaltó que su hermano, trabajador independiente, es el sostén económico de la familia, “tiene cuatro hijos y se encarga de cuidar a mi mamá que tiene diabetes”.
A su turno, Eva Arroyo habló del vínculo entre el Poder Judicial y el gobierno de Jujuy. «Es muy peligroso porque el aparato judicial se convierte en el brazo ejecutor del control social de la población. Este es el claro ejemplo de lo que está sucediendo en Jujuy hace ocho años y venimos denunciando esta cotidianeidad en la provincia”, sostuvo.
El secretario general de ADIUNSa, Diego Mayta, consideró «desmedido» que Morandini y Villegas estén detenidos por posteos. «Siempre está la sensación del laboratorio de prueba, en Salta también tenemos una ley antiprotesta muy en sintonía con Jujuy», afirmó antes de señalar que hay preocupación por los dos detenidos, pero también porque, «claramente van a ir por otros compañeros” y «por la falta de garantías». «El estado nacional tiene que resguardar los derechos de los compañeros”, exigió.
«Son detenciones ilegales», aseguró a su vez la diputada del FITU Natalia Morales; repudió el espionaje ilegal y el uso de autos sin patente.
