A partir de febrero, las tarifas se sumarán al festival de aumentos de precios que golpean a ingresos que cada vez quedan más desactualizados. El servicio de gas natural tendrá un fuerte incremento a raíz del recorte de subsidios de parte del Estado, junto a la suba de tarifas en transporte y distribución. Además, a partir de abril se inaugurará un nuevo esquema de segmentación que redundará en un achicamiento del universo de beneficiarios de subsidios en los servicios públicos.
En la jornada del lunes tuvo lugar la audiencia pública convocada con el objetivo de la actualización de las tarifas de transporte y distribución de gas natural. Se realizó de forma íntegramente virtual y contó con la participación de 124 expositores. La apertura estuvo a cargo del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien indicó que solo se mantendrán los subsidios a los «sectores vulnerables».
Según precisó el funcionario, actualmente el Estado cubre dos tercios del PIST, el costo del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. En marzo pasado, los usuarios cubrían el 68 por ciento del costo del gas, pero la suspensión de aumentos y la última megadevaluación amplificaron el peso de los subsidios nuevamente.
Aumentos
La tarifa de gas se conforma de tres componentes. El PIST, la tarifa de distribución y la de transporte. Las tres sufrirán grandes aumentos a partir de febrero, que impactarán fuertemente en las boletas que afrontan los usuarios. También sucederá algo parecido en el caso del servicio de electricidad.
El Gobierno detalló que actualmente los hogares pagan un 17 por ciento del precio del PIST. Todo el componente que paga el Estado se trasladará, por tercios, a los usuarios en febrero, marzo y abril. Dado que el PIST representa la mayor parte de la factura final, alrededor de un 40 por ciento, se espera que dicha medida tenga un profundo impacto en el bolsillo.
Pero además, habrá fuertes subas en la parte correspondiente a distribución y transporte. Metrogas, por ejemplo, la mayor distribuidora de gas del país que abastece a Capital Federal y la zona sur del Gran Buenos Aires, reclamó un aumento de 438 por ciento a 704 por ciento para usuarios residenciales de acuerdo con el segmento que correspondan, con un impacto del 30 por ciento en la factura final. Con ese ajuste, para un usuario residencial de Nivel 1 (R1) el incremento sería de 2.819 pesos promedio por mes; para el Nivel 2, de 3019 pesos y para Nivel 3, de 2967 pesos.
En el sector de transporte, en tanto, Transportadora de Gas del Norte (TGN) solicitó un ajuste de 523,5 por ciento. El impacto de ese porcentaje en la factura de un consumidor residencial promedio de Tucumán, por ejemplo, que hoy paga 2.857 por mes, será de 650 pesos, lo que representa un aumento de 23 por ciento. Un usuario residencial Nivel 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que paga 4208 pesos por mes, tendrá un incremento de 2.077 pesos en concepto de transporte, con un incremento del 49 por ciento, según el cálculo de la empresa.
Nueva segmentación
El Gobierno aplicará a partir de abril un nuevo esquema de segmentación para el otorgamiento de subsidios. Al margen de los criterios utilizados, está claro que el resultado final al que se apunta es una sensible reducción del aporte estatal, que en cambio tendrá que ser cubierto por el presupuesto de los hogares. Eso contribuiría a alcanzar el objetivo número uno del Gobierno, que consiste en llegar al equilibrio fiscal.
En este sentido, uno de los puntos que criticó Rodríguez Chirillo del esquema actual de segmentación tarifaria es la «falta de control del padrón de usuarios y de las coherencias y/o discrepancias respecto del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social». Asimismo, el funcionario advirtió que hasta ahora el subsidio «se otorgó según las condiciones del contratante del suministro, sin control del grupo conviviente».
El nuevo esquema de subsidios partirá de la determinación de los ingresos totales del grupo conviviente en el hogar. Al mismo tiempo, se definirá una «canasta básica energética», que consistirá en la valorización monetaria de un mínimo de consumo de luz y gas. Dicha canasta no podrá superar determinado umbral del presupuesto familiar, por encima del cual el Estado subsidiará la diferencia. El nuevo esquema, dice el Gobierno, se comenzaría a aplicar a partir de abril.
