Por el momento alejó los fantasmas de un salto cambiario y un nuevo “reperfilamiento” de la deuda. Investido con poderes propios de un primer ministro a la europea, negoció con propios y ajenos lo imprescindible para sortear un escenario de corrida cambiaria y financiera. No es poco en un contexto de alta incertidumbre. Muñeca política, que le dicen, además de un puñado de decisiones técnicas.

No es extraño. Sergio Massa tiene lo que nunca consiguió Martín Guzmán. El apoyo, aunque reticente, del cristinismo. Va de suyo que a esta altura, como diría Borges, al Frente de Todos no lo une el amor, sino el espanto ante una posible derrape de consecuencia sociales y políticas que, como ha demostrado la historia, puede deshilachar las mejores intenciones.

De movida, Massa renegoció la deuda y despejó los vencimientos en pesos. Un respiro hasta fin de año, alejando más no sea en el brevísimo plazo la posibilidad de un rollover. La estrategia tiene otro pilar: la suba de las tasas de interés en procura de contener la creciente dolarización de los excedentes en un escenario de aceleración inflacionaria. Va de suyo que la renegociación y la suba de tasas no alcanzan.
De ahí la insistencia de Massa en reducir los subsidios a las tarifas y contener, o incluso recortar, las partidas asignadas a las empresas públicas y organismos estatales. Música para los oídos de la city porteña y establishment obsesionados con el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según muchos, el último salvavidas. Para no pocos, un salvavidas de plomo.

Por el lado fiscal, está claro, la receta tiene un sabor muy amargo: la promesa de mantener las transferencias a jubilaciones y programas sociales sin mejoras significativas. A lo sumo, acompañando la inflación. En el plano internacional, pasó la gorra. Tarea que continuará la semana que viene en Washington, ciudad a la que viajará para participar de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial (BM).
Hasta ahora, por este lado, poco y nada. Apenas un compromiso de desembolsos por parte del despedido presidente del BID Claver-Carone y un vínculo que se supone amistoso con el staff del FMI, que ratificó lo obvio: que habrá desembolsos si se cumplen las metas fiscales, monetarias y de reservas del Banco Central (BCRA).

¿Qué pasará de ahora en más sin el polémico y efectivo “dólar soja”? Una incógnita que el equipo económico procura despejar con medidas sectoriales que alienten las exportaciones de productos primarios. “El mundo pide lo que Argentina tiene. Proteínas, energía y minerales”, suele repetir Massa. No se equivoca, aunque se diría que sobredimensiona las expectativas. Hoy, los pronósticos señalan que los precios de las commodities bajarán durante 2023. Más presión sobre flaco superávit comercial exterior y problemas para importar insumos y bienes de capital.

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La lectura de Massa y su equipo tiene ribetes polémicos. Desde un punto de vista estructural, el “dólar soja” y los incentivos fiscales y cambiarios para el sector minero e hidrocarburífero podrían generar más problemas que soluciones en el mediano y largo plazo. ¿La razón? Otorga beneficios a sector ya beneficiados por ventajas comparativas, aunque en el corto plazo apunten a que los pesos se no canalicen, al menos en parte, hacia los dólares financieros, los famosos Contado con Liquidación y Dólar MEP.

“Cuidar la reservas”, repite Massa en plan de austeridad. Capítulo en donde talla la secretaría de Comercio conducida dirige Matías Tombolini, el quinto funcionaria a cargo del organismo desde que asumió Alberto Fernández. Esta semana, en una movida anticipada, cortó el ingreso de bienes suntuarios y/o superfluos. Las mentadas motos de agua de las que habló Massa, entre otros bienes finales, como palos de golf y skies. Divisas que se escapan por la canaleta del ocio; o para ponerlo en términos de la Cepal: modalidades de consumo que no se corresponden con las necesidades de desarrollo de los países periféricos.

La economía real, otro tema. Ya nadie duda que desacelera. Era de esperar. La inflación y la suba de las tasas hacen su tarea. Lo admite el Presupuesto 2023 que debate el Congreso. El proyecto augura una caída del 0,9% en el último semestre de este año y pronostica un débil crecimiento, de apenas el 2%, para el próximo. Sin embargo, más preocupante es la evolución de los precios.

La posibilidad de alcanzar los tres dígitos está a la vuelta de la esquina. La primera víctima, se sabe, son los sectores populares. El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que revela precios de 57 productos en 900 comercios de cercanía en los barrios populares del Gran Buenos Aires, informó que la Canasta Básica Alimentaria que mide el Indec se encareció 5,5 por ciento en septiembre. Una suba interanual de casi el 92 por ciento que ubica la línea de indigencia en 55 mil pesos al mes para una familia de dos adultos y dos menores.

¿Puede la precaria estabilidad financiera y cambiaria del “plan Massa” perdurar? Para algunos, como el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Ágis, la efectividad de los instrumentos fiscales y monetarios como único abordaje son insuficientes. La lectura señala que deberían ser la antesala de un ambicioso programa de estabilización. “La principal alternativa para conseguir una mejora de los ingresos en términos reales, ya que el escenario de alta inflación impide consolidar cualquier mejora que, en el mejor de los casos, tendrá un resultado efímero”, advirtió un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso).

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No es el único interrogante. ¿Qué pasará con las liquidaciones de divisas hasta abril del próximo año? Si el sector agroexportador vuelve a posponer exportaciones, las presiones en el mercado cambiario retornarán y con ellas una nueva ronda de aumentos. Apenas un dato: el gobierno destinó casi el 37% de las liquidaciones por el “dólar soja” para cubrir la demanda de divisas para importaciones y cubrir las compras de dólar ahorro, consumos con tarjetas y pagos de deuda.

¿Habrá “dólar Qatar”? La cuestión no es menor. El turismo se comió reseras del BCRA. Y no pocas. Unos 3.100 millones de dólares en los primeros 7 meses de este año. Según algunos, las medidas “vía precio” para el dólar turista -impuesto PAIS, adelanto de ganancias, etc.- están agotadas. “Sólo queda como recurso un desdoblamiento cambiario en el cual se tenga que pagar de acuerdo a una cotización de mercado”, propone el Ceso.

Como medida adicional para limitar la demanda, los economistas del centro de estudios proponen un tope mensual a los consumos con tarjeta en moneda extranjera. “De esa manera, los consumos adicionales deberían cancelarse con dólares propios, o bien comprados en el mercado paralelo”, señala el Ceso.

En relación a la actividad real de la economía, el Índice de Producción Industrial adelantado en base a los consumos eléctricos de CAMMESA indica ya una desaceleración a partir de julio respecto de los meses previos, en los que venía creciendo a un ritmo de entre 2 y el 4 por ciento interanual. La desaceleración comenzará a reflejarse en el PBI cuando se diluya el afecto arrastre; es decir: el crecimiento económico en términos estadísticos que surge de comparar promedios interanuales.

“En el caso del 2021, ese efecto arrastre era significativo, porque el PBI del IV Trim 2020 fue bastante superior al promedio, como consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, si en todo 2021 no crecíamos y nos manteníamos en ese nivel, así y todo se iba registrar un crecimiento económico importante en términos estadísticos al comparar el promedio de 2021 contra el promedio de 2020”, explica el Ceso.

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Según el centro de estudios “en caso de mantenerse sin modificaciones el nivel de actividad en lo que queda del año respecto a lo registrado en el segundo trimestre, 2022 cerraría con un crecimiento del 4,7 por ciento”. Sin embargo, el gobierno al contemplar un crecimiento de 4 por ciento para el 2022 está previendo que una retracción en la actividad a lo largo del segundo semestre. Eso dejará un efecto arrastre muy bajo para 2023. De allí que la economía crecería apenas un 2 por ciento durante el próximo año.

La política fiscal, va de suyo, contribuirá a frenar en el crecimiento. Hasta junio de este año, el gasto venía creciendo a un ritmo superior al 70 por ciento anual, unos 10 puntos por encima de la inflación. En julio la variación cayó al 57 por ciento interanual y en agosto al 41 por ciento. En septiembre, el gasto devengado ascendió a 1,5 billones de pesos. Un crecimiento nominal interanual del 55 por ciento que resulta en una caída real del 16,1 por ciento. “El tercer mes consecutivo en el que las erogaciones del Sector Público Nacional evolucionan por debajo de la inflación”, subraya el Ceso.

En el cálculo de la variación real del gasto, la entidad dirigida por Andrés Asiaín destacó que los componentes que más crecieron en septiembre fueron los pagos de la deuda pública (+94%), en tanto el resto de los rubros evolucionaron por debajo de la inflación, seguido por los servicios sociales (+74%). En el acumulado anual, el gasto devengado fue de 11 billones 586.233 millones de pesos, con un incremento nominal del 66 por ciento, una expansión real de apenas el 0,7 por ciento por la incidencia del aumento real del gasto en el primer semestre.

Sí, Massa lo hizo. Construyó un puente sobre aguas turbulentas. Apenas un primer paso. La hoja de ruta, al menos hasta ahora, es clara: profundizar la reducción de subsidios que ya planteaba Guzmán, un fuerte recorte en la obra pública y el mantenimiento a valores reales de las transferencias a los programas sociales.

Un escenario por demás complejo de cara a un año electoral, donde el veto político de los grandes grupos económicos expresado mediante la reticencia a invertir, la remarcación de los precios de los insumos difundidos y la demora en la liquidación de divisas abren las puertas a la oposición. Un escenario con un gran costo político y sin mayores beneficios a la vista que una frágil estabilidad.

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