Con los votos sólo del oficialismo, se votó este miércoles en la Legislatura de Córdoba una nueva ley que establecerá la “administración financiera y el control del sector público no financiero”, la que fue defendida como una normativa que permitirá “modernización y simplificación” en los recursos y su ejecución.
La oposición la rechazó por cuestionarle el tecnicismo y por delegar mayores facultades a los órganos estatales, lo que fue entendido como un avance sobre la actividad legislativa.
En lo que fue la primera sesión ordinaria en la Unicameral cordobesa de carácter ciento por ciento presencial, tras dos años y medio de una modalidad mixta debido a la pandemia (estuvieron en el cuerpo legislativo 67 de los 70 parlamentarios), el legislador de Hacemos por Córdoba Leonardo Limia fue el encargado de abrir el debate de una nueva ley -el que implicó la modificación de las normativas 5.901, 7.631 y 9.086, además de cambios puntuales de articulados en las leyes 10.155 y 10.580-.
“Es una ley que nuclea todos los conceptos referidos a la administración del Gobierno provincial considerándolos principios que regulan lo referente a la legalidad, la economía, eficacia y eficiencia de los procesos de coordinación entre la obtención de los recursos y su aplicación”, describió Limia, quien remarcó que la norma vigente había sido aprobada en 2003 y que debía tener modificaciones para su actualización.
“Los tres ejes principales de este proyecto son la evolución, llevando esta normativa hacia la modernidad; la simplificación, propiciando un modelo marco con disposiciones generales, claras y sencillas; y la reorganización de manera de reestructurar metodológicamente el contenido, disposiciones vigentes y lograr una mejor comprensión”, puntualizó Limia.
Críticas a la ley de Administración Financiera
También los legisladores de Hacemos por Córdoba Adrián Scorza y Victoria Busso hicieron hincapié en que la nueva norma se trata de una “evolución legislativa” para “simplificar y reordenar” las leyes anteriores con un nuevo marco que regule la actividad de la administración financiera “con la aplicación de la tecnología y modernización con herramientas digitales”.
Desde la bancada de Juntos UCR, la legisladora radical Patricia de Ferrrari cuestionó el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo debido a las facultades que se le otorgan. “La justificación del pedido de rechazo está basada en el ejercicio de las funciones y atribuciones propias del Legislativo en el proceso de planificación y control de la administración pública no financiera del Estado”, dijo.
“Lo que propone el Poder Ejecutivo en su proyecto se trata de una delegación amplia y general”, insistió la legisladora, quien hizo un análisis pormenorizado de los artículos.
“Nos preguntamos por qué si el Poder Legislativo, el que todos los presentes representamos por mandato constitucional, debe considerar el presupuesto, debe ahora omitir dicha atribución y facultar al Ejecutivo a disponer a su gusto y comodidad los recursos públicos provinciales. Este proyecto rompe con el equilibrio y el sistema republicano, lo que impide de plano su aprobación”, sentenció.
También el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Orlando Arduh, argumentó el rechazo del proyecto, el que calificó de “elevado tecnicismo”.
“No vamos a aprobar un proyecto que, además de las dudas que nos genera, se puede convertir en una antesala que le permita a este Gobierno en tener las herramientas normativas para, que antes de terminar su gestión, las cuentas les queden más o menos cerradas y justificadas técnica y no éticas ante la sociedad cordobesa”, aseguró Arduh.
“El problema principal, como se planteó en reiteradas oportunidades, radica en cuál es la verdadera incidencia y el claro impacto en la vida de los cordobeses del altísimo nivel de endeudamiento…”, sumó.
También María Rosa Marcone, de Encuentro Vecinal Córdoba, expresó el rechazo a la nueva normativa. “Quienes somos responsables de la redacción de las leyes somos los legisladores de todos los bloques. Pero una vez más nos encontramos con que quienes tienen otras competencias y funciones son los que se arrogan no el derecho de presentar un proyecto, sino de determinar cómo debe ser aprobado, cercenando lo más propio del cuerpo legislativo, que es la discusión parlamentaria”, aseguró.
“Por eso, a pesar de que hubo muchas reuniones de comisión y se hicieron muchas propuestas, no fue un debate parlamentario, ya que desde el oficialismo recibíamos respuestas que eran retransmisión de lo que funcionarios ministeriales indicaban”, agregó.
A la negativa también se sumaron los bloques de izquierda y de la Coalición Cívica, además de la abstención de la bancada Identidad Peronista, alienada con el albertismo.
Repudio al ataque a la vicepresidenta
Los legisladores también aprobaron el repudio al ataque ocurrido el jueves pasado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Se trató de un proyecto de resolución que fue elaborado con el aval de los bloques Hacemos por Córdoba, Juntos UCR, Identidad Peronista, Encuentro Vecinal y Juntos por el Cambio a pocas horas de ocurridos los hechos a metros del domicilio de la vicepresidenta.
Debate por la inseguridad y el juicio por el caso Blas Correas
También fue tema de debate en el recinto los planteos del bloque Juntos UCR por la inseguridad en la provincia, y la mención especial del inicio este miércoles del juicio por la muerte del joven Blas Correas.
En ese marco, el legislador radical Marcelo Cossar fundamentó un pedido de informe acerca del funcionamiento del “Consejo de Política Criminal y de la Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana”.
“Pedimos que nos contesten los pedidos de informe, nos preocupa que creen un Consejo de Política Criminal y no funcione; nos preocupa que tenían un consejo de Seguridad Ciudadana y hace cinco años que no se reúne. Nos preocupa que no podamos sentirnos seguro, niegan la realidad, la transforman en solo anuncios”, se quejó Cossar.
“En el medio se nos van los jóvenes, los Blas Correas… necesitan un cambio, no un maquillaje”, insistió.
También la legisladora Cecilia Irazuzta, de la Coalición Cívica-ARI, solicitó que el oficialismo reconsidere la posibilidad de la citación a la Unicameral del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. “Ya semanas atrás hemos pedido el juicio político y el tema sigue sin ser tratado. Todo está en las manos del gobernador, del ministro y de la jefa de la Policía para que esta situación se revierta”, dijo la legisladora.
A lo que recibió como respuesta los fundamentos de los legisladores Franco Miranda y Francisco Fortuna. “Quieren alarmar a la sociedad… Compartimos la sensibilidad de la ciudadanía y trabajamos para transparentar todas las acciones de las fuerzas policiales porque no toda la fuerza actúa de la misma manera”, aseguró Miranda.
Cruces por la obra de la autovía 38
Otro de los temas abordados en el recinto fue el reclamo por parte de los bloques de izquierda y de Coalición Cívica-ARI para que el Gobierno que escuche las demandas de vecinos de Punilla respecto de la obra de la autovía 38. “Hay nulo cuidado de nuestro patrimonio… esta obra de autovía avanza sin la licencia social y violando las normativas”, aseguró Luciana Echeverría, del bloque MST – Nueva Izquierda.
“Se intenta callar la voz de los actores afectados con desalojos violentos, amenazas, órdenes judiciales indebidamente notificadas e imputaciones sin orden judicial a la vista”, sumó la legisladora Irazuzta.
Desde el oficialismo, la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, salió al cruce de las acusaciones. “Insto a los legisladores que reflexionen y hagan un estudio exhaustivo porque hay un estudio de impacto como marca la ley y que terminen con querer instalar una falsa agenda ambiental porque a estos grupos nos los veo reclamando en barrios populares cuando no hay cloacas”, dijo.
También se debatieron en el recinto los pedidos de informe sobre el estado del lago San Roque y la no participación del Gobierno provincial en las audiencias sobre los subsidios de servicios públicos.
