El Tribunal Supremo de Justicia porteño corrió al juez que había ordenado la entrega
En junio, Gallardo hizo lugar a una demanda colectiva y ordenó que se entregaran notebooks o tablets a los estudiantes que no contaran con una para acceder a internet y realizar las tareas escolares para no perder días de clases. El Gobierno de la Ciudad debía asegurar que llegaran a manos de chicos y chicos que estuvieran en situación de vulnerabilidad. Cada vez que un caso cae en manos del juez Gallardo, el gobierno porteño procura apartarlo, invocando dudas sobre su imparcialidad. Esa clásica maniobra estuvo presente en esta causa invariablemente.
Pese a que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó la recusación de Gallardo en dos oportunidades, el tema llegó al TSJ por impulso del Gobierno de la Ciudad. Cuatro de los cinco supremos decidieron el 26 de agosto pasado separar a Gallardo del caso y disponer que se suspendan los efectos del fallo hasta que ellos mismos resuelvan tanto la recusación como los planteos que dejaron sin efecto la cautelar.
El fallo que separó a Gallardo salió con las firmas de Inés Weinberg de Roca, Marcela Vivian de Langhe, Luis Lozano y Santiago Otamendi. La única integrante del TSJ que se opuso fue Alicia Ruiz. El resto funciona como una mayoría segura para el Ejecutivo porteño, que incluso cuenta con dos exfuncionarios como Otamendi, que secundaba a Germán Garavano en el Ministerio de Justicia, y De Langhe, que pidió licencia para dirigir la Escuela de la Policía de la Ciudad. Weinberg de Roca, quien actualmente integra el consejo consultivo creado por el Presidente Alberto Fernández, fue la candidata de Mauricio Macri para la Procuración General. Hasta en tanto, los supremos locales se aboquen al fondo de la cuestión – para lo cual no tienen plazos –, la causa quedará en manos del juez Lisandro Fastman.
La decisión del TSJ fue recibida con preocupación por quienes acudieron a los tribunales para que el Gobierno porteño garantice los recursos para poner en pie de igualdad a todos los estudiantes de la Ciudad. “En la práctica esto representa una nueva dilación en una causa que ya viene complicada”, dice Marcelo Giullitti, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que presentó una acción de amparo para que los niños, niñas y adolescentes que viven en las villas o asentamientos populares en la Ciudad reciban computadoras y conexión a internet. “En medio de esta dilación, los chicos siguen perdiendo clases cuando todo demuestra la importancia de la educación a distancia. El tiempo perdido de clases es justamente tiempo perdido y nuevos obstáculos a los chicos que ya están en desventaja estructural”, sostuvo.
Para Eduardo López, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) – que interviene en la demanda colectiva, la decisión de apartar a Gallardo de una causa tan sensible “es un nuevo mojón de colonización del Poder Judicial y ataque a los jueces independientes”, dijo equiparando las prácticas que implementó la gestión Macri a nivel nacional con la de Rodríguez Larreta a escala local.
“Lo vamos a solucionar de alguna manera”, apuntó el dirigente de UTE, apostando a que el fallo del supremo porteño no signifique una barrera infranqueable. “Les vamos a acercar conectividad a los chicos: ya hay un compromiso del gobierno nacional y una campaña para recolectar computadoras por parte de la Multisectorial de la Educación Pública”.
Los estudiantes que perdieron contacto con la escuela justamente por la falta de medios para conectarse fueron el argumento que empleó semanas atrás el Ministerio de Educación porteño para pedir el retorno a las aulas. Las cifras dadas rondaban los 6500 estudiantes, pero hay quienes estiman que el número es muy superior. Sin embargo, no hay precisión de cuántos son los chicos y las chicas que necesitan una computadora porque la cautelar de Gallardo que creaba un registro quedó revocada y ahora está paralizada hasta en tanto los supremos porteños se sienten a resolver.
