El Gobierno nacional definió la secuencia y los parámetros que aplicará para lo que llamó «canasta básica energética indispensable«, una definición que según explicó secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, cuando se analizaba la Ley Bases, apunta a no correrse de un objetivo: la «recomposición tarifaria». El anuncio se hace días después de que las distribuidoras de energía eléctrica del AMBA (Edenor y Edesur) se despacharan con un pedido de mega tarifazo de hasta un 89 por ciento, sobre el que además reclaman que se realicen actualizaciones «mensualmente y de forma automática». Hoy el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) realizará otra consulta para analizar las solicitudes de las empresas transportadoras de todo el país, que, es de imaginar, no se quedarán atrás en sus pedidos.
La «canasta indispensable» dejará atrás la segmentación de tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, implementada por el gobierno anterior. La propuesta oficial prevé «determinar los ingresos totales del grupo conviviente y un porcentaje de ese ingreso usualmente aplicado a pagar la factura de energía», y no sólo del titular del servicio, como ocurre actualmente. Se abre entre otras la pregunta por la posibilidad operativa de realizar esta nueva evaluación, determinando quiénes son los usuarios reales de cada servicio.
Pero, además, está en análisis si esa canasta energética a determinarse de acuerdo a las distintas zonas del país significará la derogación de la ley 27.637, que dispuso la ampliación del régimen de zona fría que reconoce hasta un 50% de los cuadros tarifarios para el gas en redes o en garrafas. Gobernadores e intendentes de distintos signos políticos ya se han expresado en contra de la eliminación del régimen vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, que abarca a unos 3 millones de usuarios.
También está bajo cuestionamiento la continuidad del beneficio que reciben los usuarios más vulnerables de gas natural, que son aquellos que no tienen acceso a redes y usan garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), contemplados en el Programa Hogar, que consiste en un subsidio directo que se se paga a través de la Anses.
Todas estas definiciones que darán lugar a determinar de cuánto serán los subsidios y quiénes los recibirán se debatirán en una audiencia pública, tal como oportunamente se hizo para la segmentación tarifaria durante el Gobierno anterior.
Desde la Secretaría de Energía arguementan sobre la segmentación de tarifas que «si bien significó una mejora en cuanto a la gestión de los subsidios del Estado según el nivel de ingreso de los titulares de los servicios, sus resultados se mantienen lejos del criterio adecuado de auxiliar a los que realmente lo necesitan.
Junto con «la decisión de una readecuación de las tarifas», el organismo habla entonces de «enfocar los subsidios a partir de establecer una canasta básica energética con volúmenes indispensables de consumo de gas y electricidad por zona bioclimática». «A partir de ese primer paso se establecerán los alcances de la canasta energética básica indispensable que se determinará según la región del país y la conformación del grupo conviviente. Consecuentemente se podrá contrastar el costo de esas cantidades con el ingreso del grupo conviviente y limitar la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso subsidiando el Estado la diferencia en aquellas situaciones de vulnerabilidad», se explica en una nota de la agencia Télam.
Cuando el precio de la «canasta básica energética» supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente -y no del titular del servicio, como hasta hoy-, se otorgaría el subsidio.
Hasta hoy, los usuarios de ingresos altos (N1), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3) siguen recibiendo subsidios generalizados, porque los precios fijados en los mercados mayoristas no cuben en ningún caso el total de costos. También se advierte sobre la superposición de estos subsidios con los beneficiarios de planes sociales, la mayoría de los cuales -por definición- fueron categorizados como Nivel 2. De modo que puede deducirse que los bneficiarios de planes -justamente, la población más vulnerable- quedarín aufera de los subsidios energéticos, o al menos, de su totalidad.
Además se cuestiona la falta de control en el padrón de usuarios del Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (Renut) e incoherencias o discrepancias con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS).
«Del cruzamiento de datos parciales se puede deducir que el subsidio se otorga según las condiciones del contratante del suministro sin control del grupo conviviente, lo que puede reflejar una incongruencia sobre la verdadera necesidad de contar con la asistencia del Estado», acusan desde la nueva administración. Así, para la implementación en el corto y mediano plazo del nuevo esquema «se requerirá de una secuencia que consiste en el cálculo de consumos esenciales, según grupo conviviente y región del país que habita».
