La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, denunció penalmente al Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand, acusándolo de «encubrir» a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires que habrían cometido hechos de corrupción. Además pidió que se investigue a otras seis personas por la posible comisión de los delitos de «malversación de fondos y fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas».

Entre los demás denunciados se encuentran el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago e integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

«La denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal«, dijo González. Y también los acusó de «exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita».

En su denuncia, González expresó que esos hechos «se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales», lo que, afirmó, evidencia «la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General».

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Según publicó Télam, para la diputada se conformó durante la gestión macrista «un plan de acción coordinado entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión». La legisladora remarcó además que «un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago».

Para González, el fiscal a cargo de esa causa, «decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos», lo que considera «un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares». La denuncia fue radicada en el juzgado federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. González indicó que «la denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal».

La diputada indicó a su vez que «se toparon con su propia torpeza» y que la pericia «demuestra que malversaron U$S 95 millones que estaban destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas». Como parte de la denuncia se presentó además el informe técnico de la Prefectura Naval y el de los contadores en la visita al Astillero Río Santiago, realizado el 8 de febrero de 2019; y en ese sentido González añadió que hubo «un contrato suscripto entre Astilleros y una sociedad off shore, con la compra de Planchas y Perfiles de Acero destinados a la construcción de 2 buques por una suma aproximada de 95 millones de dólares» en 2016.

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Así, de acuerdo con la legisladroa, desde que asumió Conte Grand hubo un plan para cometer «actos a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción».

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