La negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar los alrededor de 45.000 millones de dólares entró en un punto muerto por las diferencias en torno al futuro de la política fiscal, por lo que el presidente Alberto Fernández salió a reclamar respaldo de todos los sectores políticos para evitar un acuerdo que implique un “ajuste de la economía”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló que “el sendero fiscal es el punto donde hoy no hay acuerdo” con el organismo multilateral de crédito, durante la exposición que realizó ante 13 gobernadores oficialistas y los funcionarios de segunda línea enviados por el cordobés Juan Schiaretti y los mandatarios de Juntos por el Cambio. El gran ausente fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Guzmán repasó que la propuesta de la Argentina tiene que ver con “resolver los problemas fiscales sobre la base de la recuperación de la economía”, es decir, ir reduciendo el déficit sin que el Estado pierda la capacidad para jugar un rol contracíclico que permita superar la crisis.

“Lo que pide el FMI es diferente de lo que aquí hemos presentado y la diferencia entre lo que plantea el FMI y lo que planteamos desde el gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que, con alta probabilidad, detendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo y que es esencialmente un programa de ajuste del gasto real versus poder tener un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte que la economía argentina está viviendo”, apuntó el ministro de Economía, encargado de las discusiones con el organismo que dirige Kristalina Georgieva.

Inmediatamente después de blanquear el obstáculo, el funcionario manifestó que “lo importante es que, como Estado nación, estemos todos alineados en defender los intereses de la Argentina”. “Esto es sencillo, acá lo que estamos haciendo junto al Presidente es negociar cada cosa que va a importar no solamente en los próximos meses sino para los próximos años. Y nosotros nos ponemos la camiseta de la Argentina, y cada quien tiene que definir qué camiseta tiene puesta”, desafió.

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Guzmán expuso sin precisar los números de la discordia, que tampoco se plasmaron en las filminas que les mostró a los gobernadores que concurrieron al Museo del Bicentenario de la Casa Rosada para conocer los detalles de las negociaciones.

Además, el ministro se refirió a las dificultades para alcanzar los “consensos internacionales” que se requieren para que el board del FMI respalde el pedido de la Argentina para acceder a un Programa de Facilidades Extendidas que le permita pagar su deuda en un plazo de 10 años.

“Se han venido articulando apoyos de buena parte de la comunidad internacional pero esos apoyos son importantes en algunos aspectos, en algunos aspectos son plenos y hay algunos aspectos en los cuales lo que tenemos es apoyo de parte de la comunidad internacional pero no de toda y esa es la razón por la cual aún no hay acuerdo en este punto medular que es el tema fiscal”, dijo.

El titular de la cartera económica llamó a “entender” que “en términos absolutos, no existe un buen acuerdo” con el FMI. “El mundo no cuenta hoy con opciones que nos permitan generar un perfil mucho más suave y distribuido en el tiempo de los pagos. Lo que existe es un acuerdo bueno en términos relativos, que nos permita dar un paso adelante para que la Argentina pueda seguir en la senda de la recuperación”, diferenció.

Al término de la exposición de Guzmán, el presidente Fernández se ocupó de advertir que “ajustar la economía es achicar la economía, es dejar de crecer y es hacer más difícil las obligaciones que tenemos con los acreedores externos”.

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“La palabra ajuste está desterrada en la discusión, para nosotros el secreto es crecer”, sentenció, aunque también reconoció que su administración continuará con las gestiones ante el FMI “con la sensatez que supone lo que significa no lograr un acuerdo”.

El Jefe de Estado admitió entonces que “demandará más tiempo” la gestión para superar el problema con el prestamista de última instancia, al que recurrió su antecesor Mauricio Macri apenas se destacó la crisis cambiaria de 2018.

“Tienen que entender quienes están negociando con nosotros que ese tiempo que estamos reclamando es producto de una deuda que ellos mismos dicen que no entienden ni cómo la otorgaron. Por lo tanto, nosotros apelamos a la responsabilidad de quienes dieron ese préstamo”, dijo en referencia a los resultados de la evaluación Post Programa que realizó el FMI sobre el crédito que le otorgó a la administración de Cambiemos, en los que se constató que no se cumplieron los objetivos centrales del acuerdo.

El Presidente también se encargó de aclarar, tras una pregunta del gobernador de Chaco Jorge Capitanich, que la posición del Gobierno para negociar contempla que “todo programa económico pasa por la recuperación del salario real, por lo tanto los ingresos que los que trabajan tienen que superar el ritmo inflacionario”.

“Nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo que suponga un aumento tarifario desmedido, excesivo, no hay ninguna posibilidad de que la Argentina tenga tarifazos ni en el año venidero ni en los subsiguientes. Mientras nosotros estemos gobernando las tarifas tendrán que corregirse de un modo razonable y teniendo en cuenta el ingreso, la capacidad de pago de una sociedad en un momento dado”, prometió, al tiempo que reconoció que los próximos aumentos serán de alrededor del 20 por ciento.

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Durante la cumbre, el primer mandatario protagonizó cruces con algunos mandatarios, como el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien lo criticó por “no denunciar que esta deuda es una estafa”. “Sé que es una verdad incómoda, molesta. No estoy de acuerdo con el camino elegido. Comparto el diagnóstico y deseo el crecimiento de la Argentina”, se quejó el puntano.

En respuesta, el Presidente le recordó que él denunció “penalmente a quienes contrajeron esta deuda” y que “la procuración del Tesoro sigue esa causa”. “Es muy difícil considerar deuda odiosa cuando es tomada por un gobierno elegido democráticamente; no es una deuda contraída por una dictadura. Tengo el triste privilegio de ser el primer presidente que denunció al anterior presidente por tomar una deuda”, completó.

En representación del gobernador Schiaretti estuvo el presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, Oscar González, y tal como prometieron, los gobernadores radicales también enviaron funcionarios: el jujeño Gerardo Morales mandó a su vicegobernador, Carlos Haquim; el correntino Eduardo Valdés también envió a su segundo, Pedro Braillard Poccard, y por el mendocino Rodolfo Suárez estuvo el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié.

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