Alberto Fujimori, padre de Keiko, llegó a la presidencia de Perú tras ganar las elecciones de 1990. En 1992 dió un autogolpe de Estado, por medio del cual disolvió el Congreso de la República, intervino el Poder Judicial y tomó temporalmente los medios de comunicación. Así, entre 1993 y el 2000, instauró un gobierno autoritario brutal que asesinó a decenas de miles de personas, lo cual “justificó” alegando que el Congreso le ataba las manos para luchar contra Sendero Luminoso y el MRTA.
Keiko Fujimori asume el poder reivindicando esa sangrienta herencia política, que cuenta con episodios fatídicos como la Masacre de La Cantuta y la Masacre de Barrios Altos. A esto se suman los secuestros, actos de corrupción y espionaje, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y esterilizaciones forzadas.
En su discurso de toma de posesión, la ahora mandataria afirmó que “el reloj ha comenzado a correr. Los 1.826 días de trabajo por la grandeza de nuestra patria empiezan ahora mismo”, aludiendo que pretende terminar el tiempo que le corresponde en la presidencia, lo que sería una “hazaña” en un país que tuvo nueve cambios de gobierno en los últimos diez años. Además, con respecto a la situación del país, la calificó como “catastrófica” y señaló que sus dos prioridades son combatir la inseguridad ciudadana y los efectos de El Niño.
Lo anterior es llamativo, pues se distanció de otros gobiernos reaccionarios o de extrema derecha de la región, que se caracterizan por su negacionismo de la crisis climática. En gran medida se debe a las proyecciones que apuntan al fuerte impacto que tendrá sobre la pesca y la agricultura del país, una advertencia que emitió la ONU hace varios meses con foco en el país andino.
En ese mismo discurso, anunció que desplegará las fuerzas armadas en las calles peruanas para combatir el incremento de la narcoviolencia. Según Fujimori, esto se hará en las zonas donde el crimen organizado, el narcotráfico o la minería ilegal, hayan desplazado la presencia estatal.
Para este avance autoritario el nuevo gobierno se apoyara en la figura del Estado de emergencia, mediante la cual habilitará que las Fuerzas Armadas asuman en determinados territorios el liderazgo de las operaciones de seguridad hasta que se “restablezca el orden del Estado”.
Así, Keiko Fujimori anunció la vía que utilizará para aplicar sus medidas de mano dura y desplegar el ejército en la calle, normalizando que las fuerzas armadas sean garantes del orden de la vida social del país.
Junto a lo anterior anunció el uso de inteligencia artificial para que la policía “anticipara el delito” como parte de su plan de modernizar las fuerzas represivas del Estado. Una idea distópica que se asemeja a la trama de películas de ciencia ficción (por ejemplo, Minority Report protagonizada por Tom Cruise).
Estas medidas autoritarias recuerdan tanto a su padre como a otros gobiernos de la región, como el caso de Noboa en Ecuador (y el uso del Estado de excepción).
El país andino acumula mucha convulsión social producto de la crisis que atraviesa. Esto se expresó en las protestas de los sombreros de paja y la exigencia “que se vayan todos”. En vista de esto, no es descartable que Fujimori desde ya prevea el despliegue del ejército como una forma de aumentar el clima represivo en el país ante eventuales movimientos de protesta.
Aunado a esto, Fujimori tiene otro adversario derivado de la crisis política de Perú: nos referimos a la figura de la vacancia. Como apuntamos previamente, ella es la novena presidenta en el transcurso de la última década, pues sus antecesores abandonaron su puesto por la aplicación de esta figura, la cual es utilizada como parte de la acérrima disputa por el poder en las alturas del “Palacio”. Además, a partir de ahora el país contará nuevamente con un congreso bicameral, una situación que aumenta la tensión política porque la oposición mantiene mayoría en la cámara de diputados, mientras el oficialismo domina el Senado.
Sin duda, los primeros esbozos autoritarismo de Fujimori se conectan tanto con la memoria de su padre como con el “clima de época”, marcado por un cuestionamiento por derecha de la institucionalidad burguesa y las libertades democráticas, catalizado en la región por el problema creciente de la narcoviolencia.
Su gobierno inicia condicionada por la disputa sin fin en las alturas del “Palacio”, así como por la eventual irrupción de la lucha que puedan presentar los movimientos sindicales, estudiantiles y sociales del Perú.
