Traducción del portugués al español realizada por Víctor Artavia.
El 24 de agosto, la empresa estadounidense USA Rare Earth anunció la finalización del acuerdo de financiamiento para la compra de la minera en operación en Brasil, Serra Verde, la única explotadora de este tipo de mineral en el país. De los 7.700 millones de reales del valor de la compra, cerca de 3.800 millones provienen del Departamento de Guerra del gobierno estadounidense. Frente a la centralidad de las tierras raras en la economía y geopolítica mundial, el control estadounidense de la producción y exportación de estos minerales en suelo brasileño trae a la luz el debate sobre soberanía nacional y pone en foco el papel de la conciliación de clases del gobierno Lula-Alckmin en la defensa del territorio brasileño, de la industria y de la ciencia nacional.
Según el presidente de la minera Serra Verde: «Agradecemos el apoyo estratégico y el compromiso ampliado de financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y estamos orgullosos de dar continuidad a nuestra sólida asociación para construir una cadena de suministro de tierras raras segura y resiliente». Es preciso decir que Serra Verde nunca fue un patrimonio brasileño; antes de la compra, la empresa ubicada en Minaçu (GO) tenía su producción orientada al mercado externo y pertenecía a fondos británicos y estadounidenses.
Las llamadas tierras raras representan un grupo de casi veinte elementos químicos que, a pesar de su nombre, están dispersos por todo el mundo. Lo que vuelve estratégicos a estos minerales es la dificultad de encontrarlos en concentraciones económicamente viables y, principalmente, de realizar su procesamiento. Estos elementos son utilizados en sectores fundamentales de la industria, como la fabricación de componentes electrónicos, equipos militares, vehículos eléctricos, turbinas eólicas e imanes de alta potencia (utilizados en la fabricación de celulares, por ejemplo).
La importancia económica y geopolítica de estos minerales transformó a las tierras raras en uno de los principales focos de la disputa internacional por el control de recursos estratégicos. China ocupa una posición dominante en esta cadena: posee las mayores reservas conocidas, siendo que el país capitalista de Estado, un imperialismo en ascenso, concentra una parte expresiva de la extracción y, sobre todo, del procesamiento y del refinamiento de estos elementos. Detentando cerca de 44 millones de toneladas en reservas, además de controlar cerca del 70 % de la extracción y cerca del 90 % del refinamiento mundial y de la producción de imanes permanentes, el gobierno chino detenta una enorme capacidad de influencia sobre esta cadena productiva considerada esencial para diferentes e importantes sectores de la producción y de la economía mundial.
Tal monopolio representó una alerta para los EE. UU. y para el gobierno trumpista, que se materializa territorialmente en las incursiones imperialistas en torno a Groenlandia, Venezuela y demás países de América Latina, territorios ricos en recursos considerados estratégicos. La ofensiva de Donald Trump en relación con el rediseño del mapa político de América volvió a colocar en el centro del debate internacional la cuestión del control territorial y económico sobre reservas minerales fundamentales para la industria tecnológica, el papel de la soberanía y el retorno del viejo imperialismo territorialista-militar frente a la disputa entre grandes potencias.
En este escenario, Brasil aparece como uno de los países de expresivo potencial mineral. Según datos del Ministerio de Minas y Energía (MME), el país posee la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo, equivalente a aproximadamente una cuarta parte de todas las reservas globales. Estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos apuntan a cerca de 21 millones de toneladas de óxidos de tierras raras en el territorio brasileño.
La disputa entre potencias frente a una nueva etapa del capitalismo
La disputa por la hegemonía entre Estados Unidos y China ha llevado a Washington a buscar nuevas fuentes de suministro y a ampliar su esfera de influencia sobre territorios y países que poseen recursos considerados estratégicos. Es en este contexto que cobran importancia los recientes movimientos relacionados con las tierras raras brasileñas y la minera Vale Verde, incluyendo los recientes intentos de injerencia imperialista de Trump de control de las elecciones brasileñas.
Frente a amenazas y negociaciones desde 2025, que colocaban la entrega de las tierras raras como contrapartida en relación con el entonces arancelazo del 50 % a productos brasileños por parte del gobierno trumpista, hoy, la compra de la minera representa un paso importante en la pérdida de control de la extracción y procesamiento de estos minerales por parte de Brasil, y de entrega a la potencia imperialista. Frente a este escenario, en lugar de que el gobierno brasileño tome el control de la extracción y refinamiento de estas reservas estratégicas para el desarrollo de la industria y de la ciencia brasileña, que podría colocar al país como pionero en la producción de tecnología, Lula hace declaraciones abstractas respecto de la soberanía, negocia con Trump y no toma medidas reales, como la estatización de la extracción de las tierras raras.
Por lo tanto, estos movimientos van mucho más allá de la explotación de un determinado conjunto de minerales. Lo que está en juego es la soberanía brasileña y el control de etapas fundamentales de una cadena productiva estratégica y, consecuentemente, la capacidad de diferentes potencias económicas de garantizar el acceso a materias primas indispensables para la industria y para sectores tecnológicos, científicos y militares.
La reciente compra de la minera no es, de ninguna manera, un rayo en cielo abierto en el cuadro semicolonial del Estado brasileño. Las antiguas relaciones coloniales, marcadas por la exportación de recursos naturales y por la importación de bienes industrializados, asumen nuevas formas en la actualidad, reproduciendo la posición subordinada ocupada por Brasil en la estructura del capitalismo hoy, el más agresivo y territorial desde la Segunda Guerra Mundial.
La dinámica actual, posicionada en una nueva etapa de un capitalismo en crisis y envuelto en guerras de disputa por territorio, petróleo, minerales y vías de comercio, impone una inestable nueva repartición interimperialista, en el intento de expoliar países periféricos en busca de minerales y otros recursos estratégicos.
Con aparente contradicción, estas mismas incursiones territoriales de carácter político/económico entre los Estados Unidos y su declive hegemónico, el imperialismo en ascenso chino y el imperialismo territorial-militar de Rusia (este último en un nivel más regional), profundizan la crisis capitalista, de carácter estratégico, o sea, sin un fin a la vista.
Minerales críticos y crisis Ambiental
Al mismo tiempo, este saqueo de recursos de los países periféricos por las grandes potencias va en dirección opuesta al enfrentamiento de las crisis climáticas y ambientales, siendo que las concesiones y señales por parte del Gobierno Lula-Alckmin van de la mano con la explotación de recursos y la degradación de bosques y ríos.
Como los elementos de las tierras raras generalmente están dispersos en el territorio y necesitan ser extraídos en grandes volúmenes para que su explotación sea económicamente significativa, la actividad puede exigir la apertura de extensas áreas de minería. Esto, bajo la lógica del mercado sin mediación del Estado, implica alteraciones profundas en el paisaje y puede ampliar la presión sobre áreas de vegetación nativa.
Como también, las comunidades situadas próximas a las áreas de explotación pueden sufrir impactos sociales significativos. La instalación de emprendimientos mineros puede provocar desplazamientos y expulsiones y alterar profundamente las formas tradicionales de ocupación del territorio.
Además de los impactos provocados por la apertura de las minas, es necesario considerar las etapas posteriores de beneficio y procesamiento de los minerales. El tratamiento de las tierras raras demanda infraestructura y elevado consumo de energía, que genera residuos que exigen formas adecuadas de almacenamiento y destino. Así, los costos ambientales de la minería no desaparecen cuando el mineral es retirado de los yacimientos: continúan presentes en las etapas siguientes del tratamiento.
En ese sentido, la discusión sobre las tierras raras no puede restringirse al volumen de las reservas o al interés de empresas y potencias extranjeras, ni ser objeto de discusiones sobre soberanía en abstracto. Es necesario poner en el centro del debate quién debe controlar el proceso de explotación, cómo y al servicio de quién, y como parte de esto, obviamente, deben considerarse los impactos sobre el medio ambiente y las poblaciones.
Un ejemplo de esta concepción limitada de soberanía puede encontrarse en la defensa del gobierno de Lula de la explotación de petróleo en la desembocadura del Amazonas, en la llamada Margen Ecuatorial. Durante una visita a un buque-sonda de Petrobras en el municipio de Oiapoque, en Amapá, el presidente afirmó que la explotación de las reservas petrolíferas de la región representa una cuestión de «soberanía nacional» y rechazó las críticas y presiones internacionales contra la actividad. La posición del gobierno es presentada como una defensa de los intereses brasileños frente a la interferencia de otros países, especialmente de aquellos que cuestionan la expansión de la explotación de combustibles fósiles en una región ambientalmente sensible.
El problema de esta argumentación es que reduce la soberanía al derecho de explotar los recursos existentes dentro de las fronteras nacionales. Sin embargo, soberanía —incluso en los estrechos marcos del capitalismo— no debería significar simplemente tener libertad para retirar petróleo, minerales o cualquier otra riqueza del territorio. Si un país es soberano, también debería tener condiciones de decidir qué recursos serán explotados, a qué escala, con qué objetivos y en beneficio de quién, considerando los impactos producidos sobre los territorios y los trabajadores. Ciertamente, parte fundamental de esta discusión es por qué tipo de Estado, qué clase lo dirige y con qué mecanismos se realiza este control.
La contradicción queda aún más evidente cuando el discurso de soberanía es utilizado para justificar la expansión de una actividad basada en la explotación de combustibles fósiles justamente en un momento de agravamiento de la crisis climática. El control nacional sobre el petróleo no garantiza, por sí solo, que su explotación atienda a los intereses de la mayoría de la población, puede ser justamente lo contrario. En el capitalismo —principalmente cuando se trata del capitalismo neoextractivista brasileño—, las riquezas localizadas en territorio brasileño son apropiadas por grandes empresas y dirigidas según las necesidades del mercado y de la acumulación de capital, mientras los impactos permanecen concentrados en los territorios donde ocurre la explotación.
Esta misma cuestión necesita ser planteada frente a la carrera por las tierras raras brasileñas. La soberanía sobre estos minerales no puede ser confundida con la simple autorización para ampliar la minería indiscriminada y exportar materias primas estratégicas. La verdadera soberanía solamente es posible con medidas anticapitalistas y planificando la economía bajo control obrero: no está solamente en elegir quién puede explotar el territorio, sino en poner los recursos naturales bajo control de los trabajadores, de sus organizaciones creadas en la lucha por ese control, y decidir democráticamente cómo utilizarlos, rompiendo con la lógica de explotación orientada al lucro de las potencias económicas. Por eso, el discurso respecto de la soberanía nacional necesita poner como primera pauta el antiimperialismo y el anticapitalismo, necesariamente vinculados en la perspectiva de los de abajo.
En ese sentido, reivindicamos la heroica victoria de los pueblos indígenas del Bajo Tapajós contra la privatización de los ríos, que no solamente se opuso a la multinacional Cargill, sino también a la medida del Gobierno de Lula y de Boulos de dragado de los ríos Madeira, Tocantins y Tapajós, que devastarían la biodiversidad de la región y afectarían profundamente el modo de vida de la población que allí vive.
Una transición ecológica efectiva es incompatible con el mantenimiento del poder de las grandes mineras, petroleras, empresas de energía, latifundistas y fondos financieros que lucran con la explotación de los recursos naturales. Para romper con esa lógica, es necesario adoptar medidas anticapitalistas, garantizar la demarcación de los territorios indígenas y quilombolas y poner a las grandes empresas bajo control de los trabajadores, por medio de su expropiación y estatización. Solamente enfrentando los intereses de aquellos que lucran con la destrucción de los territorios será posible construir una transición que esté de hecho al servicio de la población y no de la acumulación de capital.
¡Para defender la soberanía nacional, se necesitan medidas antiimperialistas y anticapitalistas!
Las tierras raras son estratégicas para la industria y para el desarrollo tecnológico. Por eso, no podemos aceptar que su explotación sea orientada por los intereses de las grandes empresas, de las potencias extranjeras y del capitalismo. Defendemos medidas anticapitalistas y antiimperialistas para garantizar la real soberanía nacional y que el control de la explotación del territorio brasileño sea de decisión y disfrute de los propios trabajadores.
Defendemos la estatización de las grandes mineras, de las empresas de petróleo y de las compañías de energía, poniendo estas riquezas bajo control de los trabajadores y de las comunidades afectadas. Esto pasa también por la reestatización de Vale, una de las mayores empresas mineras del país, retirando sus recursos y decisiones de la lógica privada y sometiendo su gestión a los intereses de la mayoría de la población. De la misma manera, es necesario interrumpir las privatizaciones y las subastas que entregan petróleo, minerales, biomas y recursos hídricos a los intereses de las grandes empresas.
Pero estatizar no puede significar transferir empresas al control burocrático del Estado. Es necesario garantizar, a partir de la movilización directa, el control efectivo de los trabajadores y de las comunidades por sus organismos de poder sobre la producción, las inversiones y la utilización de estas riquezas. Los recursos generados por la explotación mineral y energética deben ser destinados prioritariamente a las necesidades sociales y a la transformación de la estructura productiva brasileña.
En el caso de las tierras raras, esto significa utilizar la riqueza mineral existente en el país para desarrollar una industria nacional de alta complejidad tecnológica al servicio de las necesidades de los explotados y oprimidos. En lugar de exportar mineral para que otros países agreguen tecnología y valor a la materia prima brasileña, debemos construir en el propio país una cadena productiva capaz de dominar las diferentes etapas de este proceso.
Por eso, defendemos la creación de una empresa estatal —y de un sistema de empresas bajo control obrero— de tierras raras. Una empresa orientada no a la exportación depredadora de materia prima, sino al desarrollo tecnológico e industrial del país, a la generación de empleos y a la utilización social de las riquezas minerales.
Aquí planteamos estas medidas de estatización de las mineras bajo control de los trabajadores a partir de las movilizaciones y organización de los propios trabajadores como una tarea entre las más estructurales que nuestra clase tiene hoy. Sin duda, estas conquistas están vinculadas indisociablemente a la lucha por la reforma agraria radical con la expropiación, sin indemnización, del latifundio y de las grandes empresas del agronegocio.
Estas reivindicaciones forman parte de un sistema de medidas anticapitalistas que deben ser conquistadas a través de un proceso de movilización en las calles, que también agregan el no pago de la deuda pública a los grandes rentistas, la expropiación del sistema bancario privado, el fin del vestibular, entre otras reivindicaciones.
Así, vinculando las tareas históricas a las más inmediatas, tenemos en el orden del día conquistar el fin de la jornada 6×1, por una jornada 4×3 y 30 horas semanales sin período de transición, así como que el gobierno firme una medida provisional que garantice un piso mínimo de remuneración de los repartidores de R$ 10,00 y R$ 2,50 por kilómetro recorrido.
Además, es preciso acabar con la injerencia imperialista en el territorio brasileño, que el gobierno realice un plan nacional concreto de medidas por el fin del feminicidio, por la conquista del aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales y por la legalización de todas las drogas a través de un proceso de movilización independiente por las calles.
