La situación derivó rápidamente en un forcejeo, durante el cual los agentes utilizaron spray de pimienta y procedieron a reducirlo. El hombre fue inmovilizado en el suelo, boca abajo, esposado y con las piernas sujetas mientras permanecía rodeado por varios policías. Durante esos minutos gritó reiteradamente «¡Ayuda!» y «¡Basta!», hasta que dejó de responder. Luego los equipos médicos intentaron reanimarlo en el lugar, pero poco después se confirmó su fallecimiento.
La escena fue grabada desde ventanas y balcones, y los videos comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes, que muestran sus últimos minutos, inevitablemente evocan comparaciones con otros casos internacionales de muertes ocurridas durante intervenciones policiales, como el de George Floyd en Estados Unidos. Se trata del mismo modus operandi.
No es un hecho aislado, debe analizarse dentro del contexto político en el que ocurrió. Desde que Giorgia Meloni llegó al gobierno en 2022, su administración convirtió la seguridad y el control migratorio en uno de sus principales ejes. El endurecimiento de las políticas contra la inmigración, los acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios, las restricciones a las organizaciones de rescate en el Mediterráneo y un discurso que vincula inmigración, delincuencia e inseguridad formaron parte de esta diatriba destinada a implantar la imagen de una guerra ante una invasión inexistente.
Esa orientación se expresó en el “Decreto Seguridad», un conjunto de medidas que amplió las herramientas represivas del Estado, endureció las sanciones contra distintas formas de protesta y otorgó mayores facultades de actuación a las fuerzas policiales. Dentro de este se encuentra el «escudo penal», una reforma que introdujo un tratamiento procesal diferenciado para los agentes investigados por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, cubriéndoles de protección jurídica mientras se determina si actuaron amparados por causas de “justificación” como el cumplimiento del deber o la legítima defensa. Es decir, no van a ser incluidos en el registro de sospechosos y podrán disponer de hasta 10 mil euros para su defensa.
Su aprobación envió un mensaje político claro de respaldo a las fuerzas de seguridad en un contexto de creciente conflictividad social. Paralelamente, el discurso oficial tendió a construir la inmigración, la protesta social de izquierda e incluso algunas expresiones de desobediencia civil como amenazas al orden interno, consolidando la idea de un «enemigo» frente al cual el Estado debe responder con toda su fuerza.
La conmoción provocó, al día siguiente, una amplia movilización. Sin embargo, las protestas expresaron la existencia de dos dinámicas diferentes. Por un lado, una manifestación multitudinaria convocada por el alcalde Matteo Lepore (Partido Democrático, principal partido opositor) en la Piazza Nettuno, cuyo objetivo era exigir el esclarecimiento de los hechos y rendir homenaje a Fakir.
Por otro lado, una movilización más reducida, en la Piazza Roosevelt desbordó los límites institucionales de la otra convocatoria y terminó enfrentándose con la policía, con más de 60 agentes heridos. Al grito de «¡Asesinos!» y «fin de la inmunidad penal», los enfrentamientos duraron toda la noche y la madrugada.
Tanto el gobierno nacional, a través de Meloni, como el local condenaron esta protesta. La primera señaló que lo ocurrido es “inaceptable” y que promueve “un clima de odio y deslegitimación”, cuando es su gobierno el principal responsable de estigmatizar a miles de personas por su origen. Por su parte, el alcalde Lepore dijo que estos manifestantes “se colocan al margen del Estado de derecho y, por lo tanto, fuera de nuestra comunidad democrática”.
No se trata de contraponer una con la otra, ya que ambas son repuestas legitimas ante un asesinato racista. El punto es dar cuenta de que una parte del descontento social ya no encuentra cauces suficientes en las limitadas formas legales de protesta, sino que desborda los límites de la institucionalidad mediante acciones de confrontación más directa.
Esta polarización es producto de décadas de políticas neoliberales que debilitaron las condiciones de vida de amplios sectores de la población mediante la precarización del empleo, el encarecimiento de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y el aumento de las desigualdades. A ello se suma una economía que, pese a algunos períodos de crecimiento, continúa mostrando bajos niveles de productividad y salarios estancados.
Este proceso alimenta la desconfianza hacia las instituciones tradicionales, percibidas como incapaces de ofrecer respuestas a los problemas que afectan la vida cotidiana. En este sentido, este proceso hace parte de la «nueva era de los extremos» que atraviesa el mundo. Una etapa histórica en la que la profundización de las contradicciones del capitalismo impulsa simultáneamente tendencias reaccionarias y respuestas de resistencia desde abajo.
El ascenso de la extrema derecha convive con respuestas de distintos sectores sociales que se movilizan y pueden surgir métodos más radicales de lucha. La polarización, por tanto, expresa la dificultad del orden existente para mantener los mecanismos de consenso que previamente canalizaban los conflictos sociales.
Además, en este caso, el Sindicato Intersectorial Cobas (al que estaba afiliado Fakir) convocó una huelga regional de 24 horas. Esta reacción expresa la recuperación de un método histórico de la clase trabajadora: la huelga como herramienta de intervención política frente a acontecimientos que exceden el ámbito estrictamente laboral.
En los últimos años, Italia ofreció varios ejemplos de esto. Diversos sindicatos de base, entre ellos USB, promovieron paros y acciones de boicot contra el envío de armamento a Israel, bloquearon cargamentos militares en puertos y aeropuertos y convocaron huelgas masivas en solidaridad con el pueblo palestino durante la ofensiva sobre Gaza. Estos antecedentes muestran que, una parte del movimiento obrero italiano, comienza a recuperar formas de acción que articulan las reivindicaciones laborales con causas políticas y sociales más amplias.
Así, es necesario «ver con los dos ojos«. Un ojo debe observar el fortalecimiento de las tendencias autoritarias, el endurecimiento de las políticas migratorias, la ampliación de las facultades policiales, la utilización de mecanismos de excepción y el ascenso de proyectos políticos que buscan reforzar el orden mediante una mayor coerción estatal.
Pero el otro ojo debe mirar las respuestas que comienzan a desarrollarse desde abajo: las movilizaciones masivas, la recuperación de métodos históricos de lucha como la huelga política, la solidaridad internacionalista con causas como la del pueblo palestino y la disposición de sectores sociales a cuestionar un orden que consideran cada vez más injusto.
Quedarse únicamente con el primer fenómeno conduce al pesimismo y a la idea de una reacción irresistible; concentrarse solo en el segundo lleva a subestimar la fortaleza del adversario. La realidad de la nueva etapa es la coexistencia de ambas tendencias, cuya confrontación marcará la evolución de la lucha de clases y de la situación política internacional en los próximos años.
