La Municipalidad de Córdoba lanzó este jueves un relevamiento de emergencia sobre las plazas y paseos de la ciudad, para detectar riesgos eléctricos para las personas. Aquellos espacios verdes donde se detecte algún peligro, serán directamente apagados hasta que, en una instancia posterior, se efectúen las reparaciones necesarias.

Además, el intendente Martín Llaryora decidió que el municipio adherirá a la Ley de Seguridad Eléctrica, lo que implica que tendrá que elaborar un plan de readecuación de las instalaciones existente.

También se analiza la creación de un equipo de prevención de riesgos eléctricos que tenga a su cargo el relevamiento constante de todas las instalaciones en la vía pública: semáforos, postes y semáforos.

Las tres medidas se tomaron tras la muerte de Luciano Valentín Aranda, de 14 años. El adolescente recibió una descarga eléctrica cuando se apoyó sobre un poste de alumbrado público en una plaza ubicada en la intersección de Achával Rodríguez e Ingeniero López, de barrio Alto Alberdi.

Relevamiento en plazas

El subsecretario de Infraestructura municipal, Juan José Tuninetti, explicó a La Voz que se redireccionó todo el trabajo de las cuadrillas de Alumbrado Público a relevar el estado de las instalaciones eléctricas de las más de 1.200 plazas que hay en toda la ciudad de Córdoba.

Se trata de 15 equipos integrados por personal municipal y de las empresas privadas que atienden el estado de la red pública, a los que se irán sumando refuerzos provenientes de Defensa Civil municipal acompañados de electricistas.

Río Negro esquina Santa Ana. Un poste de alumbrado cuya caja está tapada con una botella plástica. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Río Negro esquina Santa Ana. Un poste de alumbrado cuya caja está tapada con una botella plástica. (Ramiro Pereyra / La Voz)

La tarea de esas cuadrillas, según explicó Tuninetti, es el control de los tableros eléctricos de cada espacio verde. Si se detecta alguna falla, no se repara en el instante, sino que la plaza quedará sin suministro de energía hasta que sea arreglada.

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El objetivo es controlar todos los parques y paseos en el menor tiempo posible. “Aceleramos para tratar de eliminar los riesgos lo antes posible: relevando las plazas con todas las cuadrillas, toda la fuerza de gestión de Alumbrado”, afirmó el funcionario.

Luego, en una segunda etapa, se harán los arreglos necesarios para que vuelva a ver energía de manera segura en ese espacio.

Hasta ahora, el municipio venía realizando arreglos integrales en espacios verdes, que implicaban la colocación a nuevo de toda la instalación eléctrica.

Pero tras el caso de Luciano Aranda, se quiere eliminar cualquier tipo de riesgo. En el Palacio 6 de Julio sostienen que la muerte del adolescente pone en evidencia los años de desinversión en la infraestructura de la Capital.

Ley de Seguridad Eléctrica

Además, Llaryora enviará al Concejo la adhesión a la ley provincial de Seguridad Eléctrica. Esa normativa obliga a los municipios a presentar planes de adecuación de sus instalaciones de alumbrado, para que cumplan con exigentes medidas de seguridad.

La gestión de Ramón Mestre no había adherido porque consideraba que los plazos de adecuación eran cortos, no había fondos suficientes y desconocía al Ente Regulador de Servicios Públicos provincial como autoridad de aplicación.

Bulevar Guzmán y Rosario de Santa Fe. Poste de alumbrado sin tapa. (Pedro Castillo / La Voz)
Bulevar Guzmán y Rosario de Santa Fe. Poste de alumbrado sin tapa. (Pedro Castillo / La Voz)

Tras la polémica que se desató por el incumplimiento de la ley, en el municipio sostienen que primero hay que adherir para que rijan los plazos establecidos: dos años para presentar un plan de adecuación, y tres años para ejecutarlo.

La idea es que la ordenanza de adhesión también promueva el uso por ejemplo de postes de PVC reciclado, en línea con los ejes de economía circular que viene impulsando la actual gestión.

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Equipo de prevención

El tercer eje es la creación de un equipo de prevención de riesgos eléctricos. El intendente considera que queda un vacío entre la obra nueva y el mantenimiento, que sólo se detecta cuando llega una denuncia de un vecino por una falla.

Córdoba sería la primera ciudad del país en contar con personal que esté relevando constantemente instalaciones eléctricas en la vía pública: postes, tableros, carteles y semáforos. La idea sería que participen de los controles privados y fundaciones.

Fabián López: “Los municipios tienen que adherir a la Ley de Seguridad Eléctrica”

Con la entrada en vigencia plena de la ley de seguridad eléctrica, “los municipios que no adhirieron a la ley tienen que adherir y presentar sus planes de adecuación en el Ersep”, consideró el ministro de Servicios Públicos provincial, Fabián López.

“En el sector privado se avanzó mucho más en la adecuación que en el sector público -admitió López-. Es una materia pendiente llevar la misma seguridad a la infraestructura pública”.

Fabián López, ministro de Servicios Públicos de Córdoba. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Fabián López, ministro de Servicios Públicos de Córdoba. (Ramiro Pereyra / La Voz)

López destacó que Córdoba sigue siendo la única provincia con una ley de estas características y recordó que la propusieron a la Nación, para que sea un estándar común en todo el país. “Lo que queremos es equiparar las condiciones de seguridad de las instalaciones de gas a las eléctricas”, defendió López.

El aporte provincial para la aplicación de la ley se concentró en la formación y capacitación de electricistas matriculados, en la cabeza del Ersep. Y ahora toca a los municipios presentar sus planes de adecuación. “Entendemos que el avance será gradual, no es algo que se pueda modificar de un día para el otro, pero es importante empezar a hacer adecuaciones en el alumbrado público y en la red de semáforos en forma progresiva”, consideró.

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Para el exvocal en el Ersep y actual concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal), en el artículo 7 de la ley se dice que los municipios “deben adecuar” sus infraestructuras. No se podrían escudar en la necesidad de adhesión para incumplir, entiende Quinteros, a pesar de que el artículo 11 de la misma ley parece contradecir el 7 cuando dice “invítase a los municipios a que adhieran”.

Juan Pablo Quinteros en el programa Voz y Voto. (Maria Paula Gaido)
Juan Pablo Quinteros en el programa Voz y Voto. (Maria Paula Gaido)

“Ya entramos en el terreno de cómo cada uno se va a sacar la pelota de encima si se discute esto. Si esa ley se hizo para evitar este tipo de ‘accidentes’ porque se acredita que tenés las instalaciones en buen estado y las medidas de seguridad requeridas dentro de una casa habitación o de un comercio, ¿cómo puede ser que durante casi 7 años no se haya avanzado para la vía pública porque municipios y comunas decían que operativamente era de difícil implementación?”, cuestionó Quinteros.

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