Río Tercero: legisladora se reunió con jefe de Gabinete de la Nación por indemnizaciones pendientes por explosiones de 1995

La diputada nacional riotercerense Gabriela Brouwer de Koning había solicitado al jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, un encuentro para abordar los reclamos de unos 10 mil vecinos y vecinas de Río Tercero por el pago pendiente de indemnizaciones del Estado vinculadas a daños morales por el atentado del 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Milutar de esa ciudad.

Esa reunión se concretó el pasado martes en la Casa Rosada.

La diputada Brouwer de Koning recórdó que actualmente se está incumpliendo la ley 27.179, de 2015, que obligaba a la Nación a indemnizar a los que reclamaron por vía judicial contra el Estado por aquella tragedia de 1995.

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Según la legisladora, Rossi se comprometió a generar las acciones que puedan acelerar el proceso y así finalmente cumplir con el pago.

La legisladora nacional por Córdoba, que integra el bloque de Evolución Radical, señaló que antes vhizo similares reclamos ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y ante el Ministerio de Defensa. En dichas reuniones, se pudieron identificar ciertas trabas burocráticas que dificultan el cobro de las indemnizaciones y que se comprometieron a remover.

“Este es un compromiso que asumí desde mi primer día como diputada. Cada paso que doy, cada oportunidad que tengo, sigo y seguiré defendiendo nuestro reclamo de reparación histórica integral. En este caso, bregando para que se paguen a los más de 10,000 damnificados su justa indemnización. La predisposición es siempre agradecida, pero ya es hora de que se pase a la acción de una vez por todas”, señaló en un comunicado.

El Estado dispuso pagar resarcimientos po vía administrativa a quienes aceptaren dejar la vía judicial en sus juicios cotra el Estado por daños provocados por las explosiones de 1995.

Entre 1996 u 1999 se pagaron resarcimientos directos por unos 80 millones de dólares (pesos de entonces). Luego, sobrevinieron miles de demandas judiciales que en buena parte ya han sido pagados tras fallos de la Justicia. Quedó pendiente una megacausa patrocinada por el abogado Mario Ponce representando a unas 10 mil personas que reclamaron por daño moral, y para ese conjunto se sancionó casi por unanimidad la ley reparatoria en 2015, que desde entonces el Estado no ha cumplido.