Las últimas palabras antes del veredicto en la causa Vialidad, Cristina Kirchner eligió pronunciarlas un día antes, en un diario brasileño.
Concedió una entrevista en la que anticipó que sería condenada, denunció que se violaron sus garantías constitucionales y se defendió arguyendo una simplificación: “Todo es mentira”.
Pero lo más relevante de sus declaraciones fue que, casi tres años después de haber declamado que la historia la absolvió, tropezó con una pregunta sencilla. Y pese al tiempo transcurrido, no supo describir el vínculo de su familia con el empresario Lázaro Báez: “Sos socio cuando tenés un contrato de sociedad. Báez era amigo de Néstor, como otros amigos de negocios que tenía Néstor”.
Los seis años de condena por administración fraudulenta; el escarnio de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se explican por la turbiedad de esa relación que la expresidenta nunca pudo aclarar.
El juicio que terminó fue todo lo contrario. Todo el proceso se convirtió en una extensa explicación, con lujo de detalles, de ese vínculo turbio entre Báez y los Kirchner. Un vínculo que sólo se entiende desde la decisión explícita de enriquecerse mutuamente con el desvío de fondos públicos.
Los hechos comprobados
Conviene atenerse a los hechos. Lázaro Báez se desempeñaba como empleado bancario cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia. Con tres mil pesos como único capital, conformó en Santa Cruz una empresa constructora y se insertó en el negocio de la obra pública provincial.
Con los Kirchner en la presidencia de la Nación, Santa Cruz comenzaba a beneficiarse con un potente direccionamiento de obra pública. Pese a tener la densidad poblacional más baja del país, fue la segunda provincia en el ranking de distribución de fondos. Báez recibió casi el 80 por ciento de la obra vial. En numerosos casos, lo obtuvo mediante simulación de competencia. Otras empresas se presentaban como pantalla y conseguían un beneficio residual. Báez no tardó en adquirirlas, ni bien se consolidó en la práctica la impunidad del procedimiento habitual de favoritismo.
Aun así, el mecanismo no ofrecía la rentabilidad esperada. Con la anuencia del gobierno nacional, Báez maximizó sus beneficios demorando la construcción, en algunos casos, y en otros directamente abandonando los proyectos sin concretarlos. Del medio centenar de proyectos obtenidos, sólo concluyó 27. Y apenas tres en tiempo y forma.
Entretanto, gestionaba con funcionarios nacionales anticipos financieros y redeterminaciones de precios. Báez cobraba a 30 días; otras empresas, luego de un semestre, y hasta más de un año después.
Entre 2003 y 2015, el amigo de negocios de los Kirchner cobró casi 2.200 millones de dólares. El empleado bancario de Santa Cruz se convirtió en el más fuerte empresario constructor de la Argentina.
Cuando el kirchnerismo perdió las elecciones y tuvo que entregar el poder a Mauricio Macri, se aceleró un proceso vertiginoso de cancelación de deudas a favor de Báez. Cuando Macri asumió la presidencia, no se le debía nada.
Esos empleados infieles
Pese a la contundencia de estos datos, Cristina nunca admitió que durante su gobierno continuó el procedimiento ilegal instaurado por su marido en 2003. Sólo atinó a decir que todo ocurrió sin su conocimiento, por obra y gracia de subordinados infieles. Dos de ellos fueron sus funcionarios desde siempre: Julio De Vido y José López.
El fallo absolvió a Cristina por el delito de asociación ilícita. La vice se concentró todo el tiempo en negar esa figura penal con el argumento de que un gobierno democrático no puede nunca asimilarse a una banda delictiva. Aunque la acusación no era contra el gobierno como institución sino contra personas de carne y hueso (que sí pueden coaligarse para delinquir), el tribunal no consideró probado ese extremo.
Pese a lo que dijo Cristina, todo el proceso se concretó con todos los recaudos de las garantías constitucionales. Hubo, en cambio, al menos dos grandes hechos en los que esas garantías corrieron riesgo. Pero no en perjuicio de la vice, sino de los fiscales y los jueces actuantes.
Sobre Diego Luciani, el presidente Alberto Fernández lanzó una presión repudiable: dijo que esperaba que no muera como el fiscal Alberto Nisman. Sobre los jueces, arrojó horas antes del veredicto la intimidación de una operación de inteligencia ilegal, convalidada nada menos que a través de un discurso por cadena nacional.
Primera consecuencia
Tras el fallo, esa conducta fue replicada por Cristina, aunque con una variación notoria: el primer reproche de la vice luego de la condena por corrupción estuvo dirigido al presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Según sugirió, la condena también debió abarcar al presidente actual, porque fue jefe de Gabinete durante los años en que ocurrió la administración fraudulenta. Lanzó esa insinuación no sólo sobre Alberto: también sobre Sergio Massa, entre otros.
Fue una devolución ingrata. Todo el último discurso en cadena de Alberto Fernández estuvo dirigido a ella. A expiar la culpa por no haber conseguido que eluda la vergüenza de una condena.
Para asistirla en el momento del oprobio, no encontró mejor camino que trasegarlo también.
