Ante la polémica suscitada por la campaña de reducción de daños en Morón, el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense y responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de este organismo, Walter Martello, sostuvo que es necesario cambiar el eje del debate en las políticas de drogas. «Es evidente que la intención de lo que se hizo en Morón fue intentar comunicarse con las y los jóvenes de manera empática pero el contenido no es correcto. Sobre todo en cuanto a una sustancia como la cocaína que todos sabemos lo dañino que es para la salud», explicó.
El Defensor del Pueblo Adjunto explicó que hace años «venimos perdiendo la lucha contra la oferta de drogas, por lo que hay que atacar la demanda. Por eso, no podemos decir cualquier cosa. No existe consumir un poquito. El mensaje debe ser no consumas cocaína».
«Uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas tiene que ser que las personas adictas tienen derecho a la salud, es decir, a acceder a tratamientos para recuperarse. A su vez, es indispensable apuntalar la prevención. Y eso implica no solamente intensificar las políticas para prevenir el abuso de sustancias durante la adolescencia, sino también realizar campañas generalizadas y programas educativos que tengan carácter permanente».
Desde el organismo que conduce Guido Lorenzino, explicaron que el año pasado el Observatorio elaboró un proyecto -en forma conjunta con legisladores bonaerenses- que establece que la educación integral en adicciones y consumos problemáticos tenga carácter obligatorio en el sistema educativo bonaerense. Se prevé que la iniciativa (actualmente tramita en la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados) alcance todas las modalidades y niveles, poniendo especial énfasis en el nivel superior de formación docente tomando en consideración la gradualidad y la especificidad.
«De esta manera buscamos adherir a la provincia a la Ley Nacional N° 26.586 Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas, sancionada en 2009, cuyos lineamientos incorporamos en nuestro proyecto. Estamos convencidos que esta propuesta es superadora del actual régimen vigente establecido por la Ley provincial N° 10.670, sancionada en el año 1988, la cual ha quedado totalmente desactualizada», concluyó Martello.
