El gobierno acelera el paso en su programa de ajuste y concentración del poder económico y los sectores socioeconómicos afectados se ven, a la vez, obligados a apurar sus respuestas. Dentro de esa nueva dinámica, un nutrido grupo de dirigentes industriales pymes, organizaciones cooperativas, de jubilados y otras defensoras de la preservación de los recursos naturales, lanzaron una iniciativa para conformar «un espacio permanente que actúe de manera protagónica, como sujeto político, en la formulación y ejecución de medidas de gobierno que involucran a nuestros sectores».
En tal sentido, anunciaron este viernes que pedirán reuniones con los distintos bloques legislativos de oposición para expresar su rechazo al DNU desregulador y participarán de la marcha convocada por el movimiento obrero del miércoles, frente a Tribunales, para exigir la anulación, por inconstitucional, de dicho instrumento.
Esta nueva formación, Movimiento Productivo 25 de Mayo, integra a dirigentes de diferentes movimientos pyme que hasta ahora actuaron divididos en la defensa de los intereses del capital nacional y el mercado interno. De igual manera, quedó reflejada en la convocatoria del MP-25M la presencia de dirigentes de decenas de organizaciones cooperativas, empresas sociales y de trabajadores autogestionados, consejos productivos territoriales, movimientos de mujeres que, ante la emergencia, acordaron en el llamado a «avanzar hacia la unidad de identificación y de acción».
Este no es el único movimiento que se ha manifestado ante la urgencia de salir al cruce de una política que amenaza provocar una catástrofe social en pocas semanas. El Foro de Economía y Trabajo, espacio creado bajo la iniciativa de importantes gremios (con bancarios y gráficos a la cabeza) y que cuenta con la adhesión de entidades pymes, cooperativas y diversos centros de estudio, publicó un nuevo documento crítico de las políticas impulsadas desde el gobierno.
Bajo el título «Necesario y Urgente derogar el Decreto 70/2023», el documento califica como «un golpe de Estado» el alcance de ese instrumento al «usurpar las facultades parlamentarias, profundizando el ajuste sobre la mayoría de los argentinos tras una megadevaluación que licuó salarios, jubilaciones y ahorros». El presidente actual, señala, «está haciendo todo lo contrario a lo que se comprometió durante su campaña: ajustar reduciendo los beneficios de lo que denomina «la casta».
«No son casta las familias que sufrirán las consecuencias de una inflación desenfrenada; ni los inquilinos expuestos a los efectos de la derogación de la ley de alquileres. No son casta los comerciantes y consumidores que sufrirán el encarecimiento del uso de tarjetas de créditos ni las pymes sometidas a la reducción del mercado interno», señala.
A través de organizaciones de nuevo tipo, distintas expresiones de la economía popular, tanto trabajadores como diferentes modalidades del capital productivo, buscan aglutinarse en defensa propia para intervenir en un debate político que, hasta ahora, los tiene simplemente como víctimas de una nueva reforma estructural, como las de la dictadura y el menemismo, a favor del capital concentrado.
