Pero la situación no estaba tan clara como el gobierno norteamericano quería dar a entender. En enero de 2018 Associated Press hizo público un informe del FBI en el que decía no haber encontrado pruebas de un ataque sónico, y en noviembre de 2018 la revista The New Yorker revelaba que la investigación del FBI había sido obstaculizada por la CIA y el Departamento de Estado por la razón que siempre se esgrime en estos casos: seguridad nacional. Al mismo tiempo, ese mismo mes de enero el Departamento de Estado convocó una Junta de Revisión de Responsabilidad, un mecanismo interno que tiene para estudiar los incidentes de seguridad que involucran a personal diplomático.

El 2 de marzo de 2018, el Departamento de Estado confirmó que iba a seguir manteniendo su embajada con el nivel mínimo de personal necesario para realizar «funciones diplomáticas y consulares básicas». Y entonces llegaron nuevas noticias de Canadá: una serie de pruebas realizadas en Pittsburgh a un número no especificado de diplomáticos canadienses mostraron pruebas de daño cerebral similares a las encontradas en sus homólogos estadounidenses. En la primavera de 2018, el Global Affairs Canada -el departamento que se encarga de las relaciones consulares y diplomáticas- retiró de Cuba a todo su personal junto con familias e informó que varios de los afectados en 2017 aún no habían podido volver al trabajo. En 2019 el gobierno de ese país anunció que estaba reduciendo el personal de su embajada en La Habana después de que a fines de diciembre de 2018 un decimocuarto diplomático presentara síntomas de lo que empezó a denominarse “el síndrome de La Habana”.

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En febrero de 2019 varios diplomáticos canadienses demandaron al gobierno por negligencia. Durante el juicio el gobierno respondió que sus diplomáticos habían exagerado los síntomas y presentó un estudio llevado a cabo por una asesoría medioambiental independiente que no encontró ningún fenómeno inusual en la embajada. Reconocía que 14 de los demandantes sufrían algo parecido a una conmoción cerebral, pero no sabía cuál era la causa.

El gobierno cubano, obviamente, acusó de mentiroso al norteamericano y se ofreció a cooperar con Estados Unidos en una investigación en la que participaron dos millares de científicos y policías que entrevistaron a 300 vecinos de los diplomáticos involucrados, examinaron dos hoteles e hicieron profundos chequeos a personal no diplomático que podía haber estado expuesto. Se analizaron muestras de aire en busca de agentes químicos, se plantearon examinaron la posibilidad de que las ondas electromagnéticas fueran las culpables, e incluso investigaron si podían haber sido insectos, pero no encontraron nada que pudieran explicar los síntomas. Desde entonces el gobierno canadiense se ha dedicado a dar la callada por respuesta a lo que supuestamente está pasando en Cuba y ‘recomienda’ a sus empleados que guarden silencio sobre todo el asunto.

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