Tras 39 audiencias y más de 70 testigos presenciales, el juicio al viudo Marcelo Macarrón llega a su fin.
El 5 de julio alegará el fiscal Julio Rivero, el 6 lo haría la defensa y el 7, justo antes de la feria, se conocería la sentencia.
Tras su intervención quirúrgica por problemas coronarios, Macarrón no estuvo presente en las últimas jornadas del juicio, pero deberá asistir a la instancia final, oportunidad en la que nuevamente podrá hacer uso de la palabra, antes del veredicto.
Cabe recordar que el viudo fue acusado por el fiscal Luis Pizarro como presunto autor intelectual de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y precio o promesa remuneratoria.
Las bases de la acusación de Pizarro fueron cinco:
- La supuesta disfuncionalidad del matrimonio Macarrón.
- El patrimonio de la pareja que consideró “fruto del trabajo del imputado”.
- La presunta personalidad “aguerrida” de la víctima.
- La supuesta personalidad de “avaro, pijotero” del acusado.
- La cuestión económica como objetivo común de la pareja, “en función de la cual mantenían vínculos de amistad”.
Sicarios
Para Pizarro, Macarrón planificó el crimen con adláteres no identificados y contrató a uno o más sicarios, tampoco identificados, para evitar ceder al supuesto reclamo de divorcio de su mujer que implicaría dividir sus bienes. Además, sobre los supuestos adláteres Pizarro sostuvo que tenían “la intención de obtener una ventaja política o económica del estrépito de su eventual muerte”.
Alegatos
El 5 de julio se develará si el fiscal Rivero sostiene tal acusación o pide la absolución del viudo.
Si el fiscal acusa, los jurados populares deliberarán primero por separado y, una vez que fijen su posición, se reunirán con los jueces técnicos para conformar una sentencia.
Tomy Fragueiro / La Voz
Un eventual pedido de absolución del acusador obliga al órgano jurisdiccional a absolver, siempre y cuando la fundamentación del fiscal sea correcta.
En caso de que Rivero no acuse, los jurados populares no tendrían oportunidad de expedirse.
Así lo confirmó Gonzalo Romero, responsable de la oficina de Jurados populares.
Romero citó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Tarifeño (1989).
Tomy Fragueiro / La Voz
Explicó que “si el fiscal en sus alegatos pide la absolución (lo que razonablemente también pedirá la defensa) no se conforma acusación, por lo que el tribunal no puede condenar. El requerimiento de elevación a juicio no es acusación suficiente”.
Romero dijo que “de acuerdo a la Constitución Nacional, la secuencia es acusación, juicio (deliberación del tribunal), y castigo. Si no hay acusación, el Tribunal no tiene sobre qué expedirse, directamente no delibera”.
Declaraciones inválidas
Uno de los testimonios más ponderados por la acusación, el de Alicia Cid, supuesta examante del imputado, fue descartado de plano en la última audiencia.
En su última declaración, que no fue introducida en el debate porque fue tomada sin control de la defensa, Cid habría dicho que “temía que le pasara lo mismo que a Nora”, que Macarrón la habría invitado al torneo de golf en Punta del Este y ante su negativa le habría dicho “que se iba a arrepentir”.
Según argumentó en su momento la defensa y convalidó la fiscalía, tal testimonio carece de valor como prueba porque fue tomado durante el secreto de sumario dictado por el fiscal Pizarro (y luego de que el médico de la mujer afirmara que no estaba en condiciones de declarar por patología psiquiátrica).
Durante el juicio, se había pedido que Cid se sometiera a una junta médica para establecer si podía declarar. El último informe médico leído este martes, dejó sentado que la mujer tiene problemas de salud psicológica y emocional, que incluso se habrían agravado en los últimos días, a raíz del juicio.
La mamá de Nora
Otro de los testimonios que no pudo ser incorporado es la última declaración de la madre de Nora Dalmasso, María Delia Grassi.
En su testimonial (poco tiempo antes de que le diera un ACV) la mujer habría ratificado la convicción de que a su hija la mató “un clan”, mencionó que según su empleada (Paca), Nora se quería divorciar (dichos relativizados por la mujer en el juicio) y que el que la mató habría sido el empresario Miguel Rohrer.
¿A la marchanta?
A la hora de pronosticar si el fiscal Rivero sostendrá la acusación, algunos arriesgan que lo hará para darle oportunidad al jurado popular de expresarse.
Pero otros recuerdan el caso de la comerciante asesinada Claudia Muñoz, en el que Rivero, aunque dijo tener la íntima convicción sobre quién fue el asesino, solicitó la absolución de Sergio Medina, por “falta de pruebas de certeza”.
“Con este pedido absolutorio, a mí me arde el alma”, expresó entonces Rivero, tras desgranar numerosos argumentos técnicos que, para él, impedían dictar condena.
Debido a que en esa causa había un querellante particular que sí acusó, los jurados pudieron expedirse y el Tribunal condenó a Sergio Medina a 15 años de prisión.
Muchos recuerdan que Rivero, al terminar su alegato, recordó que los empleados judiciales, “en nombre de los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, están obligados a no ser acusadores a ultranza, no ser acusadores a la marchanta”.
Al iniciarse el juicio contra el viudo, Rivero lamentó mucho que no hubiera querellante particular. Dijo sentir que la madre de Nora, lo dejó “solo”.
Ese mismo sentimiento traslució cuando, entre insultos, dio un portazo en un grupo de WhatsApp de fiscales por no haber recibido “ninguna muestra de apoyo” a su accionar, en una causa tan emblemática para el Poder Judicial de Córdoba.
