A dos meses de andar, el gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, encontró terreno resbaladizo en la Macrozona Sur del país, término geográfico político utilizado para referirse a la amplia comarca que comprende en la actualidad a la región histórica de la Araucanía y a las provincias de Arauco y de Biobío (en la región del Biobío).
El amplio espacio territorial es escenario de un conflicto armado, social y político que se mantiene encendido desde hace mucho tiempo y en el que se suceden incidentes de violencia que van desde protestas y ocupaciones de predios particulares y edificios públicos hasta incendios intencionales de inmuebles y de maquinarias, reivindicados con frecuencia por organizaciones que se declaman partidarias de causas indigenistas relacionadas con el pueblo mapuche.
Esta semana, el área de referencia volvió a suscitar la atención pública en el país trasandino a causa del sensible incremento de hechos de violencia que incluyeron cortes extendidos de rutas que pusieron en riesgo el libre tránsito e interrumpieron las cadenas de suministros esenciales con la consiguiente suba del costo de vida en lugares rezagados.
Decisión polémica
La espiral de tensión llevó a la ministra de Interior de Chile, Izkia Siches, a decretar el estado de emergencia en la Macrozona Sur, medida que para algunos sectores se trata de “una derrota ideológica” de la coalición gobernante de izquierda moderada, Apruebo Dignidad.
Los críticos de la suspensión acotada de ciertos derechos y garantías constitucionales recordaron que el actual inquilino de La Moneda prometió en campaña promover una vía de restitución de tierras a los pueblos originarios distinta a la implementada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). También, incorporar a múltiples actores de la vida civil a un diálogo amplio sobre la paz en la Araucanía y evitar entrar en conflicto con los grupos radicales que ratificaron su decisión de mantener la violencia pese al cambio de gobierno.
La disposición restablece la presencia de las Fuerzas Armadas en rutas y caminos del territorio en cuestión, pero sin intervenir los espacios privados; regirá por 15 días y podría extenderse por igual plazo si el jefe de Estado lo considera necesario.
En sus fundamentos, el decreto (publicado el martes en el Diario Oficial de Chile) destaca: “Es deber del Estado garantizar la seguridad de todas las personas, trabajadoras y trabajadores y habitantes de las zonas afectadas. También, garantizar el abastecimiento de la población, sobre todo en lo referente a alimentos e insumos de salud”.
Aclaración
En defensa de la medida, Siches dijo que, en reiteradas oportunidades, los actos violentos “han puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores y las personas que hacen uso diario de las vías, y los cortes extendidos de las carreteras –que ponen en riesgo el libre tránsito– alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas”.
La funcionaria salió al cruce de quienes dicen que la declaración del estado de excepción es una derrota ideológica para Boric al afirmar: “No hemos desdibujado nuestra agenda de largo plazo: trabajar en las medidas, tanto para restitución territorial y las demandas indígenas como también, en paralelo, para poder perseguir la delincuencia, el narcotráfico, el robo de madera y los distintos delitos que ocurren en el territorio”. La declaración fue citada de manera textual por el diario La Tercera.
“No queremos ser el gobierno en el que un militar mate a un comunero”, precisó Siches al anunciar la medida, y agregó: “Estamos comprometidos con utilizar todas las herramientas del Estado de derecho” para evitar la violencia en la zona.
A todo esto, el Partido Republicano (que lidera José Antonio Kast, quien disputó la presidencia de Chile con Gabriel Boric el año pasado) prometió presentar una denuncia constitucional en contra de la ministra de Interior, a quien atribuye haberse negado en reiteradas ocasiones a “aplicar y hacer cumplir el derecho en el país”.
En la Araucanía se focaliza desde hace décadas el denominado “conflicto mapuche”, que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras que las comunidades originarias consideran ancestrales.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama el suelo que habitó durante siglos, antes de que fuera ocupado mediante el uso de la fuerza por el Estado chileno, a fines del siglo XIX, en un proceso conocido de manera oficial como la “Pacificación de la Araucanía”.
Los territorios arrebatados a los nativos pertenecen en la actualidad, en su mayoría, a empresas forestales y agropecuarias de grupos económicos poderosos.
En ese contexto, en la Macrozona Sur, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y a establecimientos productivos.
La disputa ha costado la vida a muchos comuneros mapuches a manos de policías y de militares que intervienen por orden del Estado; también personal de seguridad encontró la muerte en circunstancias violentas.
