Lo había advertido Javier Milei antes de asumir como presidente electo: «La Secretaría de Comercio Interior no existirá en el sentido que le han dado históricamente» otros gobiernos. Desde la Secretaría de Comercio confirmaron que el Programa Ahora 12 continuará solo hasta el 31 de enero, y que tampoco renovarán el programa Precios Justos. Para ambos cranean alternativas de participación voluntaria en el que el Estado actúe como mediador entre privados. El sistema SIRA para administrar el comercio exterior, la herramienta más fuerte de negociación de la Secretaría para controlar los precios internos, quedará relegado a un «registro estadístico». En diálogo con la UIA, el recién asumido secretario de Comercio, Pablo Lavigne, confirmó que derogaran la Ley de Góndolas y de Abastecimiento.
A solo tres días de asumir, el decreto 30/2023 suscribía al licenciado en Economía Pablo Lavigne como Secretario de Comercio. Lavigne es un hombre del riñón del exministro de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri, Francisco Cabrera, y ocupó el rol de subsecretario de Facilitación del Comercio durante su gestión. Entraron con él Fernando Blanco Muiño, que se encargará de las tareas relacionadas con comercio interior y Esteban Marzorati, de exterior; ambos directores del área durante la gestión de Mauricio Macri.
El nuevo equipo se volvió a acomodar en el edificio de Roca 651, donde funciona desde hace por lo menos diez años la Secretaría de Comercio (Secom), y comenzó a dar definiciones. Liberarán importaciones, derogarán leyes para regular a los grandes jugadores de la industria y se limitarán a actuar como facilitadores entre privados para los acuerdos de precios: qué se sabe hasta ahora del nuevo rol de la Secretaría.
De poder de fuego a registro estadístico
La primera definición importante que concierne a esta Secretaría la dio el ministro de Economía Luis Caputo:» Reemplazaremos el sistema SIRA de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiera importar, ahora podrá hacerlo, y punto», explicó en el mensaje grabado que dio el martes por la noche.
El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) fue un instrumento para realizar política de protección industrial vía la administración de las importaciones. También actuaba como herramienta de negociación para el cumplimiento de los acuerdos de precios. Tanto en su actual versión como en las más antiguas (las SIMI o las DJAI), el mecanismo era similar: los importadores presentaban a Comercio el detalle de los productos a importar y, en función del tipo de producto (si es un bien final, materia prima o bien de capital; si tiene o no fabricación nacional, por ejemplo), e incluso del desempeño de la empresa solicitante en términos de generación de empleo, inversiones y/o cumplimiento de acuerdos de precios, se aprobaba o no la importación.
«Ahora cambió el espíritu, no va a haber más restricciones para importar, pero la Secretaría de Comercio pedirá que las empresas envíen solicitudes de importación que serán aprobadas. Pero queremos que quede un registro estadístico que es importante para luego tomar decisiones», aseguraron fuentes de la Secretaría.
Una amenaza
La Ley de Abastecimiento fue sancionada el 20 de junio de 1974, unos días antes de la muerte de Juan Domingo Perón, y modificada en 2014 (se creó un Observatorio de Precios y se matizaron los castigos por incumplimiento, por ejemplo se sacaron las penas de prisión). Su regulación y posibilidad de aplicación es muy amplia. La ley regula “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga directamente o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la población”.
Al activarla, es conveniente que el gobierno sancione una resolución que detente una situación de emergencia o excepcionalidad para evitar judicializaciones. Una vez realizado, tiene la facultad de establecer precios máximos, disponer la continuidad de la producción e incluso aumentar la capacidad de producción, confiscar productos y penalizar a infractores, entre otras.
Lo cierto es que fueron pocas las veces que se utilizó la ley. Se aplicó en 2011 contra Shell por una suba en los combustibles, en 2013 por un incremento en el precio del trigo y en 2014 por el precio de los medicamentos. Uno de los ejemplos últimos y más claros de la aplicación de la ley fue durante la pandemia de Covid-19 en el gobierno de Alberto Fernández. En ese momento, la Secretaría que encabezaba Paula Español se amparó en la ley para garantizar el abastecimiento de alcohol en gel, e incluso ponerle precio máximo a los barbijos.
Ante la pregunta de por qué derogarla, fuentes de la Secom respondieron que «es una herramienta autoritaria que ningún gobierno usó en 50 años. Hay otras herramientas institucionales como defensa de la competencia y lealtad comercial». Del otro lado del mostrador, fuentes de la industria aseguraron a PáginaI12 que «es una ley que sirve para amenazar. Más allá de que se aplique o no, está siempre latente». Lo cierto es que es una herramienta que sirve para estos casos de excepcionalidad, y la realidad es que si no hay intención de aplicarla no se utiliza. Por ese motivo, parece ser que la derogación es más un guiño simbólico – que le quita poder de negociación al gobierno en caso de emergencia- que un cambio radical.
Desde el gobierno dejaron trascender que también derogaran la ley de góndolas, que regula la disposición y variedad de productos que exhibidos en las góndolas de los supermercados con el objetivo de brindar una mayor oferta en las grandes cadenas. Sobre la ley de etiquetado frontal, que regula la aparición de los octógonos negros que advierten sobre el exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio al frente de los envases de alimentos y bebidas, desde la Secom aseguraron que «no hay ningún proyecto relacionado con eso«.
Facilitador de acuerdos
«La Secom actuará como facilitadora de un acuerdo entre privados», responden ante la consulta de la vigencia del programa Ahora 12, Precios Justos y Cortes Cuidados. En efecto, fueron los privados quienes se acercaron a lo nuevos funcionarios con propuestas de bienes más accesibles para fomentar un consumo que ya observan, temerosos, enfriarse.
Si bien terminó el programa Precios Justos, los frigoríficos nucleados en el consorcio de exportadores de carne ABC hicieron una oferta para mantener un plan de cinco cortes a precios de referencia a las nuevas autoridades, y ya hay varios supermercados que se sumarán. Será hasta fin de mes y aún está en proceso de evaluación.
Para lo que se conocía como Precios Justos, los presidentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Ricardo Zorzón, y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli propusieron elaborar una lista de productos con “precios muy convenientes para ofrecerlos en la red de todo el país”.
Sobre el programa Ahora 12 que financia cuotas para fomentar el consumo, desde Secom aseguraron que durará hasta el 31 de enero y elaboran un mecanismo de participación voluntaria para alentar el financiamiento, que se encuentra en proceso y podría haber novedades las próximas semanas. El plan actual sirve para realizar compras financiadas en 3, 6, 10, 12, 18 y 24 cuotas fijas mensuales con tarjeta de crédito. Todos los productos y servicios se pueden adquirir vía compra online y en los locales adheridos de todo el país.
