«Fue un fraude millonario organizado por funcionarios macristas»

El titular del Banco Nación le apuntó a la connivencia de ex funcionarios y directivos de la empresa. Opiniones de un legislador y un letrado querellante.

Eduardo Hecker, presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), sostuvo que la resolución de la justicia de Rosario imponiendo una fianza de 10 millones de dólares y el impedimento para salir del país a ex directivos de la cerealera exportadora Vicentin SAIC “confirmaría que hubo un fraude millonario organizado por funcionarios macristas que perjudicó a centenares de empresas, pequeñas cooperativas, trabajadores y a los ahorristas de los bancos”.

El Banco Nación figura en primer lugar entre los acreedores de la convocatoria de Vicentin, que el fallo del juez Román Lanzón dejó en claro en su fallo que fue producto de maniobras fraudulentas, incluso ocultando pasivos para seguir accediendo al  crédito bancario. En el caso del Banco Nación, sólo en el último mes completo de operaciones previo a la cesación de pagos, noviembre de 2019, Vicentin retiró créditos supuestamente para prefinanciación de exportaciones por alrededor de 90 millones de dólares, pese a que ya llevaba varios meses de estrar en mora con créditos anteriores ya vencidos.

“Acá se dijo que el gobierno quería intervenir, que atentó contra la propiedad privada. Lo que verdaderamente pasó es que hubo una afectación de la propiedad privada de los ahorristas, la estabilidad del empleo de las empresas involucradas, el patrimonio de los acreedores y del Banco Nación”, agregó Hecker.

Además, el titular de la entidad oficial cuestionó el supuesto acuerdo para resolver el concurso de acreedores a cargo de los grupos Molinos, Viterra (Glencore) y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas, vinculada a Coninagro). “Pensar en esa posibilidad como salida no tiene ningún sentido. Acá, los mismos que consumaron un fraude y se quedaron con una enorme cantidad de dinero, están viendo cómo siguen adelante en este proceso. No lo vamos a aceptar”, enfatizó.

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“Nosotros creemos que una salida hacia adelante implicaría la necesidad de un acuerdo más amplio y que contemple las verdaderas necesidades de los acreedores granarios, los trabajadores y el patrimonio de los bancos, pero sin la presencia de los que consumaron el fraude”, explicò Hecker.

Maniobras financieras

En la audiencia judicial se expusieron una serie de escuchas telefónicas que comprometieron a Omar Scarel, actual presidente del Directorio de Vicentín y que en 2019 era el síndico. En esas conversaciones se pudo verificar un intento de acomodar números de las sociedades vinculantes, simular cambios de directorios y hasta adulterar trámites judiciales.

El desvío de fondos hacia sociedades vinculadas es uno de los aspectos que, seguramente, ocuparán el centro de la escena en la futura etapa de la investigació judicial, que se iniciará inmediatamente a partir de la culminación de la etapa de imputación. Tanto los recursos obtenidos de los préstamos del Banco Nación, como de entidades extranjeras, incluso hasta horas antes de que Vicentin se autodiagnosticara «estrés financiero» para declarar la cesación de pagos, salió del patrimonio de la empresa sin que se transparentara qué operaciones lo justificara.

El Banco Nación presentó recientemente en la justicia de la ciudad de Rosario, un pedido de investigación judicial hacia la auditora externa KPMG por su presunta «connivencia» con directivos de Vicentín y funcionarios del BNA, en el marco de esta misma causa iniciada en 2020 por «estafa y delito de balance falso». El ex presidente de la entidad hasta diciembre de 2019, Javier González Fraga, también está denunciado por presunta connivencia con las autoridades de Vicentin facilitando la salida de créditos aun cuando la empresa ya debía estar descalificada para recibirlos.

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El diputado provincial Carlos Del Frade, integrante de la comisión investigadora de Vicentin en la legislatura santafesina, opinó que «los delincuentes de guante blanco de Vicentín compraron su libertad condicional con 10 millones de dólares. Es una doble confesión de partes. Pagan para no ir presos porque se saben culpables y la justicia vuelve a mostrar su clasismo. Pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos. Igualmente vamos a insistir. La Argentina y Santa Fe serán mejores cuando en las cárceles haya más lavadores y fugadores que ladrones de gallinas. Mi total apoyo al fiscal Moreno».

Por su parte, el abogado Gustavo Feldman, querellante en representación de uno de los grupos cerealeros perjudicados por las maniobras de Vicentin en el mercado de granos, más cauteloso evaluó que «el juez Lanzón, en fallo salomónico, habló de evidencia contundente, de pena en expectativa de cumplimiento efectivo y de peligrosidad procesal. Entendió que la prision preventiva era un exceso en la cautela y optó por fijar una caución de 10 millones de dólares. Además, prohibió a los 15 imputados la salida del país. Criterios. Ahora viene una nueva etapa en la causa».

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