La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, llamó la atención este lunes sobre la particular reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo que incluyó el Gobierno de Javier Milei en la Ley Bases, ya que parece orientada a habilitar «negocios inmobiliarios» de privados con bienes del Estado.

Este lunes, durante el plenario de comisiones en el Senado, Di Tullio le consultó al abogado Carlos Nielsen Enemark, quien fue a disertar sobre la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, por un artículo que habilita a privados a quedarse con tierras estatales si piden permiso para realizar en ellas un emprendimiento y no obtienen respuesta por 60 días.

«Por ejemplo, pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del (tren) Sarmiento que tiene el dominio de la titularidad la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AAB). No me contestan en 60 días, ¿por lo tanto la respuesta es positiva, según este artículo?», consultó Di Tullio. «Si, en los  términos del artículo sí», respondió Nielsen Enemark.

«Según este artículo, pido, no me contestan en 60 días y es mía (la tierra). Porque el silencio es el sentido positivo: si a mi no me contestó en 60 días, pelito pa la vieja: esa tierra es mía. A mi me suena a un montón de negocios inmobiliarios«, planteó la senadora.

E insistió, sorprendida: «Pongale que yo me quedo con la tierra que tiene AABE, que no me contestó en 60 días, entonces el sentido es positivo y ahí yo exijo la inscripción  registral, la emisión de certificado y la autorización correspondiente en sede administrativa ¿Es correcto lo que estoy diciendo?».  Nielsen Enemark le respondió, una vez más, que estaba en lo cierto.

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Según el letrado, se trata de un «proyecto de ley claramente elaborado por un sector interesado que no observa lineamientos de interés común».

«No es una modificación de las herramientas de la gestión del interés público. Es una modificación a favor de los sectores dominantes para hacerse de recursos públicos a favor de diferentes institutos jurídicos«, señaló el abogado este lunes.

Y advirtió: «Esta ley, de ser aprobada, va a sufrir cuestionamientos (judiciales) de toda índole. Va a generar más problemas que soluciones. Hay errores groseros de derechos, inconsistencias y contradicciones».

«Hay consecuencias patrimoniales graves para el Estado que no son posibles de mensurar. Los que tienen posibilidad de actuar contra el Estado son las grandes corporaciones, que se verían beneficiadas de aprobarse este proyecto de ley», insistió el letrado, al señalar que el «proyecto tiene una matriz pensada para entregar los recursos del Estado a ciertos actores privados”.

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