Ante la profundización de las políticas autoritarias y la persecución de opositores por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos exigieron el cese de la represión en la provincia y convocaron a una movilización para el próximo 20 de julio para repudiar un accionar que incluye «decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias y causas armadas». Será en el marco de un nuevo aniversario de la Noche del Apagón, la fecha que remite a los secuestros perpetrados en la provincia por la dictadura militar en 1976, con cortes de suministro eléctrico y en complicidad con la dirigencia empresarial local. También coincidirá con el primer mes de la violenta represión a manifestantes que reclamaban contra la reforma constitucional de Morales. Mientras tanto, el pueblo de Jujuy volvió a ocupar ayer las calles de San Salvador y exigió la libertad de los detenidos en la más reciente avanzada de Morales.
La convocatoria a marchar en todo el país el próximo jueves fue anunciada en una conferencia de prensa que se realizó en el Congreso Nacional, organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, que preside el diputado del FdT y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. En el salón Delia Parodi un amplio abanico de dirigentes señalaron la creciente criminalización de la protesta social y repudiaron el accionar represivo del gobernador jujeño. Participaron, entre otros, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; integrantes de Abuelas y de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, así como diputados oficialistas y del Frente de Izquierda (FIT-U).
«Nos preocupa que en un momento electoral tengamos que hacer esta conferencia porque a 40 años de la democracia, la libertad y el derecho a la protesta están en peligro«, sostuvo Pietragalla. Y le pidió a Morales «parar esta locura en su afán de ser vicepresidente, porque es peligroso y puede acarrear que todo el Estado sea responsable de las violaciones a los derechos humanos en Jujuy». Taty Almeida, de Madres, expresó su repudio a las medidas de Morales y avisó: «Es un reflejo de lo que puede llegar a pasar si estos individuos llegan a ganar las elecciones». La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, destacó la importancia de «cuidar la democracia» y dijo que «hay delitos muy graves que no pueden pasarse por alto», a la vez que llamó a «formar una gran cadena de unidad».
Los diputados del FdT advirtieron sobre la «seguidilla de detenciones por participar de las protestas populares» y exigieron la «inmediata libertad de todos los presos por luchar en Jujuy». Estuvieron presentes, en representación del bloque, Juan Marino, Vanesa Siley, Eduardo Valdés, Mónica Macha y Leopoldo Moreau. La persecución a manifestantes y opositores en Jujuy escaló en las últimas horas con la detención del abogado de Fesprosa Alberto Nallar, acusado de los delitos de sedición, instigación e incitación a desconocer la autoridad, según informó el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. Nallar se encontraba prestando asistencia jurídica a los detenidos y participaba de distintas charlas sobre la reforma constitucional jujeña en protestas y manifestaciones. Si bien el gobierno provincial ratificó que no hay otras detenciones pendientes de abogados, como había trascendido, la de Nallar fue ampliamente repudiada por la comunidad judicial por sentar las bases de una «persecución ideológica».
Fue el coordinador nacional de la organización barrial Tupac Amaru, Alejandro ’Coco’ Garfagnini, quien se refirió a Nallar durante la conferencia de prensa, ya que el abogado le había prometido en una conversación reciente que volaría a Buenos Aires. «No llegó. Está detenido y eso es lo que se viene», dijo. En esa línea, destacó que «hace ocho años que viene sucediendo esto, desde la detención de Milagro Sala«. «Lo que están discutiendo acá es un modelo, como en el 2016 discutieron un modelo con la detención de Milagro en su momento, y después eso se transformó en el lawfare«, sostuvo.
En ese marco, la denominada Multisectorial de Solidaridad con el pueblo jujeño resolvió convocar a una movilización en todo el país para este 20 de julio, a un mes de la represión contra quienes masivamente rechazaron la nueva Constitución impulsada por el gobernador. Será, además, en el marco del aniversario de la ola de secuestros que llevó adelante la dictadura cívico militar en 1976, conocida como la Noche del Apagón. Según apuntaron los referentes que realizaron la convocatoria, el accionar del precandidato a vicepresidente de JxC conserva rasgos de aquellos operativos desplegados en las localidades jujeñas de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar. «En Jujuy no hay garantías constitucionales, arman causas, levantan gente en camionetas sin identificar que después nos enteramos que son de empresas concesionarias del Estado provincial. Es lo que hicieron con el Apagón de Ledesma en la dictadura militar. En ese momento eran de Ledesma las camionetas que utilizaban», dijo el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.
El dirigente recordó que las fuerzas de seguridad que responden a Morales violaron la autonomía universitaria cuando ingresaron esta semana en la Universidad Nacional de Jujuy y que entre los imputados por las protestas se encuentra una docente. Los maestros son una pieza clave en la movilización popular que se vive en Jujuy y están en la mira de Morales. Por eso, Baradel afirmó: «Estamos exigiendo que tanto la Justicia, como el Poder Legislativo, como el Ejecutivo nacional tomen cartas en el asunto para parar el atropello y la violación a los derechos humanos que está llevando adelante el gobernador». También destacó las palabras del diputado Marino, quien sostuvo que los militantes del radicalismo «deberán definir si apoyan a prácticas autoritarias que se emparientan a las de la dictadura militar o a la democracia de Raúl Alfonsin».
En la calle
Mientras tanto, en San Salvador de Jujuy, sindicatos docentes, organizaciones sociales, de derechos humanos y pueblos originarios volvieron a protagonizar una nueva jornada de protestas en las calles. Exigieron la libertad y el desprocesamiento de los presos por la reciente oleada de detenciones que lleva adelante el gobierno jujeño. De hecho, la nueva Constituciarta habilita figuras tales como la de sedición para criminalizar las protestas sociales.
«Libertad, libertad, de los presos por luchar», fue uno de los principales reclamos de los manifestantes. Las movilizaciones confluyeron en la plaza central de la capital provincial, donde referentes de distintas agrupaciones sociales y sindicales ratificaron que continuarán con la «lucha organizada y pacífica en las calles».
