El juez federal Julián Ercolini elevó parcialmente a juicio oral la investigación sobre Marcelo D´Alessio que se inició en Dolores. La resolución dejó afuera al fiscal Carlos Stornelli que tiene apelaciones pendientes en la Cámara Federal porteña.
El D´Alessiogate comienza el camino hacia el juicio oral. El juez federal Julián Ercolini clausuró la primera etapa de investigación que había comenzado en Dolores. Elevó a juicio oral la causa por extorsión y espionaje de Marcelo D´Alessio con una imputación que contiene diez hechos, entre ellos los aprietes al empresario Pedro Etchebest, quién destapó el escándalo en febrero de 2019. Con D´Alessio, Ercolini envió a juicio oral a otras diez personas, entre ellas el exfiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y los excomisarios de la Policía Bonaerense Anibal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk. Están acusados de integrar una asociación ilícita que habría funcionado entre 2016 y febrero de 2019 por espionaje ilegal, extorsión y lavado de dinero. Carlos Stornelli, aún continúa con viento a favor: con dos procesamientos firmes, otra parte de las acusaciones contra el fiscal federal está bajo análisis de la Cámara Federal porteña.
Natalia Salvo es la abogada de Etchebest, querellante en la causa. Entiende que la responsabilidad de Stornelli aún está pendiente. Y no está de acuerdo con la elevación parcial porque fragmenta hechos que a su criterio deberían verse de manera estructural. “La resolución del juez no dice nada de Stornelli porque aunque tiene dos hechos con procesamiento confirmado, las causas pasaron de un tribunal a otro y aún no están zanjadas. Esta fragmentación atenta contra el principio que indica que un mismo hecho no puede ser juzgado dos veces, esto venimos sosteniendo con las otras partes, porque para nosotros todos los casos integran un mismo delito«.
Ercolini cerró parcialmente la instrucción con un texto de 48 páginas que está basado en el requerimiento de elevación a juicio que había hecho el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi en 2020, antes de perder la causa que pasó a Comodoro Py en diciembre de 2021. Y destacó la necesidad de avanzar hacia la etapa de juicio oral «máxime teniendo en cuenta que algunos de los acusados se encuentran privados de su libertad». En el escrito, rechazó pedidos de sobreseimiento de la defensa de D’Alessio y otros acusados. Y formalmente imputó «haber formado parte de una asociación ilícita que, en fecha incierta pero al menos desde el año 2016 hasta el mes de febrero de 2019, planificó y, en ciertos supuestos, ejecutó –sin poseer facultades ni orden de autoridad competente– actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación». En forma paralela, sostuvo que la organización realizó maniobras extorsivas valiéndose de información reunida con anterioridad y alegando poseer influencia sobre jueces y fiscales así como también vínculos con fuerzas de seguridad, la AFI y/o con la Embajada de los Estados Unidos, utilizando armas, insignias y distintivos de fuerzas de seguridad de modo ilegítimo. Todo ello, a fin de obtener réditos económicos de forma espuria o procurar que las víctimas presten declaración de modo direccionado en alguna causa judicial, ante algún periodista o en algún medio de comunicación.
En algunos de los casos, sostuvo, procuraron obtener información a través de acceso ilegítimo a diversas bases de datos de antecedentes comerciales, reincidencia y vehículos. Y al menos uno de los miembros, Juan Ignacio Bidone, “proveía información solo asequible para organismos públicos respecto de registros migratorios y comunicaciones telefónicas, la que luego era utilizada en el marco de las diversas maniobras pergeñadas”.
D’Alessio está preso en la cárcel de Ezeiza desde el 15 de febrero de 2019 y ya fue condenado el año pasado en el primer juicio que enfrentó por extorsión a otro empresario, Gabriel Traficante, a 4 años de prisión mientras que el fiscal Bidone recibió la pena de 3 años y 8 meses de cárcel, en un veredicto a estudio ahora de la Cámara Federal de Casación. En el nuevo caso, dos exagentes de la AFI están con prisión domiciliaria y otro acusado, Aldo Sánchez, detenido en Marcos Paz.
Los enviados a juicio son D’Alessio, Bidone, dos exagentes de la AFI, Sánchez, Pablo Bloise, Marcelo Carthy de Gorritti, Mariano Diaz, Eduardo Menchi, el oficial de Prefectura Naval Franco Pini y el excomisario de la Policía bonaerense Anibal Degastaldi.
De acuerdo a las pruebas, el juez estableció que D´Alessio le exigió al empresario Etchebest «ilegítimamente» y «en nombre del fiscal federal Carlos Ernesto Stornelli» el pago de 300.000 dólares a cambio de «no quedar involucrado» en la causa conocida como Cuadernos entre enero y febrero de 2019. En otro caso le reprochó «frente a un supuesto requerimiento efectuado por Carlos Stornelli, tareas de reunión de información respecto de Jorge Christian Castanon», piloto y expareja de la mujer del fiscal porteño. También reprochó tareas de recolección de información –identificadas por la Comisión Provincial por la Memoria como «contrainteligencia»–, con relación a Natacha Jaitt y Mirtha Legrand, así como a Eduardo Miragaya, Ignacio Viale, Raúl Martins, Gustavo Vera y Gabriel Anello. Sobre la acusación de lavado de activos irán a juicio los miembros de un grupo que se llamó «Buenos Aires» en la red de mensajería WhatsApp formado por D’Alessio, Bloise, Gorritti, Sánchez y un exagente de la AFI. Todos habrían sido parte entre marzo y diciembre de 2018 de «una organización criminal dedicada a negociar, coordinar y concertar operaciones financieras internacionales varias veces millonarias en dólares estadounidenses o euros, que involucraban fondos de origen ilícito, el cual se pretendía disimular mediante un esquema especialmente diseñado para ingresar el dinero en el mercado legal y dificultar la trazabilidad de esos activos».
