La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó ante la Justicia Comercial la declaración de nulidad de la empresa Yoko S.A. e inició acciones judiciales respecto de esa firma, que calificó como «fantasma». Se trata de la sociedad que consiguió una serie de medidas cautelares a su favor y que luego las «alquiló» a otra importadora, Tropea S.A., para que ésta última pudiera ingresar mercadería a precio de dólar oficial. La IGJ, organismo a cargo de Ricardo Nissen, considera que Yoko S.A. «ha realizado actividades ilícitas que justifican la promoción de la demanda».

El caso se da en un escenario de fuerte crecimiento de las importaciones que viene afectando el saldo comercial. Dicho incremento responde a varias causas, entre las cuales está la sobrefacturación de importaciones para aprovechar la brecha cambiaria. Uno de los resquicios encontrados por los importadores ante el sistema de administración del comercio es el pedido de medidas cautelares. El Gobierno puso la lupa sobre estas maniobras, para ver si realmente existe una urgencia tal que justifique a las firmas acudir a la Justicia.

Según reveló la Aduana, Yoko SA, beneficiaria de varias cautelares, «alquiló» a otra empresa, Tropea SA. la cautelar para que pudiera importar alrededor de 200 mil dólares de mercadería. La acción de Yoko puede constituir un delito penal. Hasta ahora, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y de una multa que podría ser hasta 5 veces el monto importado –calculan 200 mil dólares de multa de piso– y los acusó de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal. Sobre el accionar de la Aduana, ahora la IGJ calificó a la empresa como «fantasma» y también puso la lupa sobre Tropea.

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Empresa fantasma

«Las inspecciones efectuadas en la sede social inscripta –de la firma Yoko– revelaron que en ese lugar nunca funcionó ni estuvo instalada la aludida sociedad. En su sede social inscripta en IGJ» w:st=»on»>la IGJ, sita en la calle General Manuel A. Rodríguez 2373 de la CABA funciona un local de delivery de productos sushi. Se trata de una sociedad fantasma, comúnmente denominada ‘sociedad desaparecida’, lo que hace imposible su ubicación para terceros y para cualquier organismo que pretenda controlarla», comprobó la IGJ.

El organismo agrega la siguiente información sobre Yoko S.A.: «fue constituida en 1999 pero nunca funcionó en forma legítima, pues se constituyó con un capital de pesos 12.000, que jamás aumentó, incurriendo en lo que se denomina ‘infracapitalización societaria’. Además, adeuda a la IGJ sus estados contables desde 2013 y solo en una oportunidad inscribió sus autoridades ante dicho organismo, incumpliendo permanentemente con expresas normas legales«.

A pesar de estas irregularidades societarias, Yoko S.A. obtuvo la medida cautelar para poder importar de parte del Juzgado Federal Contencioso Administrativo nº 8 de CABA, a cargo de la Jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negri. Dicha magistrada ordenó liberar las mercaderías para su importación sin pasar por el procedimiento de “Sistema Integral de Monitereo de Importaciones” conocido como SIMI. Asimismo, comandó al Banco Central a girar los dólares correspondientes para el pago a valor oficial.

Alquiler de cautelares

¿Para qué buscaría Yoko, una «empresa fantasma», importar mercadería? Según descubrió la Aduana, para alquilarle el beneficio judicial en favor de otra firma. «La sociedad beneficiaria de la ‘transferencia’ de la medida cautelar obtenida por Yoko SA en abril de 2021 es la sociedad denominada Tropea SA, dedicada fundamentalmente a la comercialización e importación de productos de marroquinería, que cuenta con 11 locales y más de 70 empleados.

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En relación a Tropea SA, la IGJ advierte que «sus estados contables carecen de toda credibilidad, ya que la certificación de auditor externo consiste en lo que se denomina ‘certificación literal’, que se encuentra prohibida por la Inspección General de Justicia».

«Por otro lado, su sede social inscripta se encuentra en la calle Fragata Sarmiento 1239 de esta Ciudad, que dicha sociedad ha abandonado hace muchos años, pero que no ha constituido nueva sede social ante el organismo de control. Su ‘sede social real’, según lo informó un encargado de la sociedad, en oportunidad de la visita de inspección realizada, se encuentra en el local y depósito de Martínez, Provincia de Buenos Aires», agrega el organismo que dirige Nissen.

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