Cuando Cristina Fernández se fue del poder en 2015, dejó un tendal de bombas activadas. Todas a “punto de”: reservas exhaustas; tarifas congeladas; 3,5 puntos de déficit fiscal; tipo de cambio retrasado; juicios previsionales impagos, y obligación de restituir coparticipación a las provincias. Hasta la movilidad previsional, que aplicaba hasta entonces sólo a jubilados y pensionados, se extendió a todos los beneficios sociales, cada seis meses. Durante el kirchnerismo, aumentaron siempre de manera discrecional y a tiro en función de las necesidades electorales.
Con una precisión de relojería suiza, el mecanismo “aguantó” hasta el fin de su segundo mandato. Lo que hoy presenciamos en materia económica es el inicio anticipado de un estallido que estaba programado para fines de 2023. Adrede o no, así estaba pensada la cosa. Pero la cosa no aguanta. Y no aguanta por tres razones:
1. El mundo es otro. Entre 2015 y 2022, pasaron mucho más que siete años: hubo una pandemia y una guerra todavía caliente. Joe Biden y buena parte del mundo occidental están afectados por inflaciones nunca vistas en 40 años (8,6% en los últimos 12 meses para Estados Unidos), por lo que la Reserva norteamericana resolverá en horas una nueva suba de la tasa de interés, como lo hizo en mayo pasado. Los últimos dos años, las tasas estuvieron cerca de 0 y ahora están entre el 0,75 y 1%.
Si para combatir la inflación vuelve a subir el costo del dinero, habrá menos crecimiento y, en medio del pánico mundial (al que se le suman la escalada del petróleo y el temor cierto de intervenciones atómicas de Rusia), los inversores siempre prefieren el dinero seguro, con mejores tasas que un bono argentino, por ejemplo, que otra vez tiene riesgo de default.
2. La política doméstica boicotea todo. La coalición de Gobierno enfrenta severas diferencias, no sólo de ejecución, sino de visión sobre cómo encontrar la senda de crecimiento. La mitad creía que había que acordar con el Fondo Monetario Internacional; la otra mitad no. O al menos eso declamaba. Se hizo lo primero, pero sólo en la formalidad de los títulos, porque no se dejó de emitir, no se aminoró el nivel del gasto, no se corrigieron las tarifas de forma sustancial y no se dejó correr el tipo de cambio a la par de los precios.
Entonces, hay un problema de “crédito”: el mercado no le cree al Gobierno y, por ende, sospecha que los vencimientos que superen el año no van a ser honrados. Los referentes económicos de la oposición (Hernán Lacunza y Luciano Laspina) habrían dicho que esa deuda necesitaría ser reperfilada, lo que agregó desconfianza a un panorama ya complicado: el mercado cree que el Gobierno no va a poder cumplir el acuerdo con el FMI y no está dispuesto a prestarle más allá del corto plazo.
Es más, buena parte del mercado cree que, con este nivel de reservas famélicas (pese a que este era “el” trimestre para acumular), el Banco Central no tendrá más opción que mover el tipo de cambio; es decir, devaluar. Martín Guzmán tuiteó en contra de la “barbaridad” que sería defaultear deuda en pesos. “Nuestro gobierno jamás haría eso”, escribió. A muchos les recordó la frase de Juan Carlos Pugliese: “Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”. Fue el principio del fin de Pugliese. Ido el ministro Matías Kulfas y derrotado el propio Alberto, el asedio cristinista se dirige exclusivamente a Guzmán.
3. La sociedad argentina cambió. El 75% de los argentinos cree que para salir de la crisis es necesario encarar reformas estructurales, según una encuesta cuanticualitativa elaborada por Trespuntozero y Grupo de Opinión Pública.
“Hace apenas dos años esto no daba así”, dice Raúl Timerman, uno de los autores de la encuesta. Esas reformas incluyen cambios impositivos, laborales, de gestión del Estado y de la Justicia. Con matices, la coincidencia implica tanto a quienes votaron al macrismo como a quienes votaron al Frente de Todos. Hay una especie de cambio de época respecto de las soluciones rápidas y populistas; no está claro aún si el votante desechó de cuajo aquello de que “con la mía no”, pero da la impresión de que hay cada vez más conciencia de que la salida de la decadencia no será ni fácil ni rápida.
Una ciudadanía con esa demanda exige, claramente, un plan; una hoja de ruta que indique qué se hará y cómo. No hay nada de eso en este gobierno. Ahora, el extravío pasa por alentar a las organizaciones sociales que hacen el piquete al frente de las fábricas de alimentos, porque para el relato oficialista es el empresariado el responsable de la suba de precios.
