Crecen las críticas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tras la decisión de importar desde China una ciudad modular para hasta 5.000 trabajadores que será utilizada en uno de los mayores proyectos mineros del país. Empresarios nacionales cuestionan que una inversión de esta magnitud deje afuera a proveedores locales y advierten que la medida implica resignar cientos de puestos de trabajo en favor de infraestructura fabricada íntegramente en el exterior.
El contrato para construir el campamento Batidero, vinculado al desarrollo cuprífero Vicuña, fue adjudicado a un consorcio liderado por la estatal PowerChina, que presentó una oferta de 52 millones de dólares para proveer módulos habitacionales fabricados íntegramente en Asia.
El proyecto contempla una primera etapa con 2.500 casas, aunque el esquema de rotación de personal elevará la ocupación efectiva a entre 3.500 y 5.000 personas. A medida que avance la explotación minera, la capacidad podría ampliarse hasta 6.000 plazas para acompañar una demanda estimada de hasta 12.000 trabajadores.
Los módulos serán fabricados por la empresa Beijing Chengdong y enviados a la Argentina listos para su ensamblaje. Se trata de estructuras prefabricadas de acero, equipadas con mobiliario y electrodomésticos, diseñadas para operar en condiciones extremas de montaña.
La adjudicación generó cuestionamientos en la industria local. La empresa argentina Modular Homes había presentado una propuesta por 70 millones de dólares, 18 millones por encima de la oferta china.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni, afirmó que la decisión implica resignar empleo y producción nacional. Según explicó, fabricar los módulos en el país tiene un costo cercano a 1.300 dólares por metro cuadrado, mientras que en China ronda los 500 dólares, a los que se suman unos 200 dólares de transporte internacional.
Desde la cámara empresaria señalan que la producción local hubiera permitido generar al menos 400 puestos de trabajo directos y movilizar una red de alrededor de 50 proveedores nacionales. En contraste, la importación demandará apenas unas 50 personas para tareas de logística y montaje.
Otro de los cuestionamientos apunta al esquema de beneficios fiscales. Rudoni sostuvo que las firmas extranjeras acceden a ventajas derivadas del régimen de promoción minera que reducen significativamente sus costos. Según el dirigente, esas exenciones pueden representar hasta un 30 por ciento del valor final de la obra y condicionan la competencia con fabricantes locales.
Otra vez, la controversia abierta es si es beneficioso que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorgue beneficios para atraer capitales externos en perjuicio de la participación de la industria nacional y el empleo argentino.
