El juez Casanello convocó al ex presidente de Enarsa Exequiel Espinosa y a Héctor Sánchez Caballero, CEO de la compañía que presidía Angelo Calcaterra. La causa de las termoeléctricas.
Ex funcionarios de la firma estatal Energía Argentina SA (Enarsa) y empresarios y CEOs ligados al primo presidencial Angelo Calcaterra fueron citados a prestar declaración indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello por presuntas irregularidades en las licitaciones para construir las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López. La lista de convocados incluye al ex presidente de Enarsa entre 2003 y 2013, Exequiel Espinosa, y al ex CEO de Iecsa y cajero histórico de los Macri, Héctor Sánchez Caballero. Casanello también reiteró el pedido que le hizo a su par Claudio Bonadío hace ocho meses y a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo hace cuatro para que se dignen a enviarle copias certificadas de las declaraciones de Calcaterra y Sánchez Caballero en el marco de los “acuerdos de colaboración” en la causa de las fotocopias de los cuadernos extraviados del ex chofer Oscar Centeno.
En 2007 Enarsa llamó a licitación para construir las dos centrales, que finalmente se adjudicaron al único oferente: la UTE integrada por Iecsa (presidida por Calcaterra) e Isolux. De la investigación surge que “las contrataciones estuvieron previamente direccionadas, de modo que la sujeción a la regla de la licitación pública fue tan sólo una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”, señala Casanello.
En el caso de Ensenada de Barragán, se adjudicó la obra por 1.508 millones de pesos pero luego se firmaron seis “adendas” para construir estaciones y líneas de alta tensión no previstas en el pliego original, que implicaron aumentar el presupuesto un 45,15 por ciento. En el caso de Brigadier López, el presupuesto original de 1.016 millones de pesos creció un 11 por ciento por la “adenda” que sumó la construcción de un tramo del Gasoducto del Noroeste Argentino. “Cada una de las obras ordenadas en las adendas, significaron ‘obras nuevas’”, explica el juez, y destaca que “estas ‘contrataciones directas’ implicaron importantes ventajas a las empresas adjudicatarias, prescindiendo de toda competencia”.
Los citados a declarar a partir del 19 de junio son Espinoza y Santiago Pierro por Enarsa, Sánchez Caballero (Iecsa), Juan Carlos de Goycoechea Puente (Isolux) y quienes participaron en nombre de la UTE: Alejandra Kademian, Osvaldo Macías y Santiago Ramón Altieri. Todos ellos “contribuyeron al direccionamiento y a la generación de mayores costos para la Administración Pública en beneficio de los contratistas privados”, escribió Casanello, quien instruye la causa que impulsa el fiscal Ramiro González. La primera tanda de indagatorias, por resolución del juez, abarca a quienes firmaron contratos y adendas pero no sus mandantes como Calcaterra, que presidía la principal empresa adjudicataria.
La investigación que involucra al primo del presidente se inició por una denuncia que promovió el ex diputado Manuel Garrido como miembro de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas a partir de un informe de la Auditoría General de la Nación, en el que advertía que “no se realizaron los procedimientos de selección del cocontratante previstos por la normativa aplicable para la contratación de obras públicas en el caso de las obras incluidas en las adendas al contrato original de las Grandes Centrales”.
