Durante la reunión de ayer, en la comisión se presentó un cuadro con la cronología sobre coparticipación. Se inició en 2016 con el convenio de traspaso de la Policía; el decreto que otorgó 3,75% a la Ciudad -sin intervención del Congreso; el Consenso Fiscal de 2017, que llevó la cifra a 3,5%; la rebaja de 2020 por decreto y luego a través de una ley, con el posterior amparo de la CABA; y el derrotero del proceso de conciliación en 2022, con el fallo de la cautelar y la posterior filtración de chats.
Expuso por el Frente de Todos el entrerriano Marcelo Casaretto, quien expresó que “lo que plantea la cautelar es hacer un promedio entre lo que reclama la Ciudad, el 3,5%, y lo que está pagando el Estado, lo que resulta un 2,95% de forma transitoria y eso hace que se sigan concentrando recursos en favor de la Ciudad”. En uno de los pocos momentos de cruces con la oposición, el legislador kirchnerista increpó: “Ustedes nos quisieron vender a -Fernando- De la Rúa jefe de Gobierno y presidente, y fracasó; nos quisieron vender a Macri jefe de Gobierno y presidente, y fracasó; y ahora nos quieren vender a Horacio Rodríguez Larreta”. Además, sugirió al macrismo no probarse “el saco antes de tiempo”. La pelea electoral se coló en el ambiente caldeado de la comisión.
Maqueda
Fue la propia Gaillard quien enumeró las causales, tal como adelantó Ámbito días atrás, por las que se decidió formalizar los cargos contra el juez supremo por la obra social, con 16 votos de la mayoría propia que tiene el Frente de Todos en la comisión. Según detalló la diputada, el magistrado ejerció entre 2008 y 2021 la supervisión de dicha área, a la cual renunció por un mail. Entre otras cuestiones, enumeró la auditoría posterior en la que surgen las irregularidades “ratificadas” por los testigos y las recomendaciones “para mejorar el sistema informático, el contable, los manuales de procedimientos y que la obra social contara con un presupuesto”.
Gaillard también recordó que durante esos 13 años “se detectaron un sistema informático obsoleto, deficiente, que permitía que sea adulterada la información cargada en el sistema; estados contables sin certificar por el Consejo de Ciencias Económicas y la vacancia en la conformación de la estructura en cuanto a las subsecretarías de administración y de atención médica, dos áreas que después de la dirección general eran las centrales para garantizar un buen funcionamiento”. En resumen, según enfatizó, una “omisión en el deber de fiscalización, supervisión y control de gestión que tenía doctor Maqueda como supervisor de la obra social”. El magistrado tendrá 10 días hábiles para responder -o no- por escrito y, por las dudas, el Frente de Todos agendó una reunión para el 6-7 en caso que el juez desee hacerlo en forma presencial ante la comisión, una de las opciones menos probables.
