El presidente Alberto Fernández lo hizo a través de la firma de un decreto, previo a su viaje a Roma para participar de la Cumbre del G20.
El juez federal Martín Bava había solicitado a principios de mes a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que diera luz verde al líder del PRO para hablar en la causa, pero el organismo estatal a cargo de la interventora Cristina Caamaño, le contestó que esa tarea estaba a cargo del Poder Ejecutivo.
Este mediodía, el magistrado debió suspender la indagatoria a la que el expresidente debía someterse en el Juzgado Federal de Dolores.
“Relévase al ingeniero Mauricio Macri de la obligación de guardar secreto y confidencialidad, en los términos de la Ley Nº 25.520 y en el marco de la causa Nº 8559/20 caratulada “IUSPA BENITEZ, NICOLAS Y OTROS s/AVERIGUACIÓN DE DELITO QUERELLANTE: MERELES, ANDREA ALEJANDRA Y OTROS” en la cual resulta imputado, y que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires”, afirma el decreto que lleva la firma de Alberto Fernández.
El jefe de Estado tomó esa determinación «visto el requerimiento formulado por el Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires», en referencia al magistrado Martín Bava, «en el marco del legajo reservado FMP No 8559/2020/3 correspondiente a la causa No 8559/20 y lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 25.520, su modificatoria Ley N° 27.126».
En los considerandos, Fernández consignó que relevó al expresidente por su condición de «imputado de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales».
«Corresponde relevar al imputado del deber de secreto y confidencialidad que establece la normativa vigente», completó Fernández.
