Luego de las duras críticas del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sebastián López Peña, y de los principales referentes opositores, el PJ está dispuesto a realizar cambios en el proyecto para crear un Ministerio Público de la Defensa, con el objetivo que sea aprobado por consenso en la Legislatura.
El miércoles pasado, el presidente del TSJ fue muy crítico del proyecto que firmó el legislador Oscar González. “A pesar de las buenas intenciones, el proyecto enmascara un retroceso institucional. Las necesidades de la defensa pública están en la trinchera, no en la cabeza”, sintetizó López Peña.
Desde el Centro Cívico hubo una inmediata reacción, luego de los cuestionamientos de la cabeza del Poder Judicial.
“No habrá ningún avance si no se dan algunas condiciones: acuerdo legislativo con otras fuerzas políticas y un entendimiento con el Poder Judicial”, confirmó una encumbrada fuente oficial que difunde la opinión del gobernador Juan Schiaretti.
Los funcionarios schiarettistas aseguran que se trata de una iniciativa del Poder Legislativo, en la cual el gobernador no tuvo participación.
De todos modos, a los cuestionamientos del TSJ, se sumaron referentes opositores como el senador Luis Juez, y el diputado nacional Rodrigo de Loredo, abriendo una discusión política, en los umbrales de un año electoral.
Los cambios por discutir
Las críticas al proyecto se concentran en cuestiones puntuales, que según fuentes oficiales admitieron a La Voz van a ser revisadas para lograr mayor consenso para aprobar la ley.
El proyecto dice que la cúpula del nuevo Ministerio de la Defensa estará integrada por un defensor General y cuatro adjuntos, todos con cargos vitalicios, y con salarios equiparados con los vocales del Tribunal Superior de Justicia.
La modificación que se propone desde el TSJ, y también desde otros estamentos como el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, es que los cargos no sean vitalicios.
El esquema que se podría consensuar es que la estabilidad sea similar a la del fiscal General: cinco años de mandato, con la posibilidad de renovar por uno más. Es decir, 10 años como máximo.
Otra de las propuestas que habrían hecho llegar a la Legislatura y también al Centro Cívico, es que los adjuntos sean dos y no cuatro como estipula el proyecto oficial.
La otra cuestión que generó preocupación en ámbitos judiciales es que el defensor General tendrá una silla en el Consejo de la Magistratura. El organismo hoy tiene nueve miembros y de aprobarse como está el proyecto, pasaría a tener 10.
La opinión generalizada es que el Ministerio Público de la Defensa no tenga participación en el organismo que selecciona a los jueces y funcionarios judiciales.
La otra posibilidad es que se sumen más miembros al Consejo de la Magistratura, como por ejemplo la representación de los abogados, algo que ya fue reclamado por el titular de Colegio de Abogados, Ignacio Segura.
Cuestión política
El proyecto para jerarquizar la Defensa fue presentado por Oscar González en mayo pasado y recalentó el debate político cuando La Voz adelantó los detalles de la iniciativa.
Desde la oposición apuntaron a una cuestión sensible para Schiaretti, en tiempos preelectorales: “Son cargos vitalicios, con jubilación de privilegio en los cuales terminarán cinco amigos del gobernador”, coincidieron en fustigar el radical De Loredo y el senador Juez.
En este escenario, el PJ se muestra permeable a introducir cambios. Es probable que no haya dificultades para acordar con los estamentos judiciales. El interrogante es si, como pidieron desde el Centro Cívico, habrá consenso en la Legislatura.
Hasta ahora, ninguno de los bloque opositores se pronunció de manera contundente, pero el radicalismo se opondría.
Mientras que en el bloque de Juntos por el Cambio que preside el radical Orlando Arduh, fueron más mesurados. Aseguran que analizarán el proyecto y estarán muy atentos a las opiniones de los miembros del Poder Judicial, que por el momento cuestionaron el texto original del proyecto.
Cargos
Actualmente en el Poder Judicial provincial hay 76 defensores públicos, cada uno con un funcionario y un empleado bajo su mando. Ese número es insignificante en un plantel de la justicia cordobesa que supera los 8.400 empleados.
Los defensores cobran como un fiscal de instrucción. Con el Ministerio de Defensa generaría no menos de 20 nuevos cargos, que incrementaría el presupuesto del Poder Judicial que administra el Tribunal Superior de Justicia.
La cuestión económica también estaría detrás de las duras críticas del titular del TSJ, quien ya había cuestionado al Gobierno provincial por la falta de presupuesto, en marzo pasado, en su discurso de apertura del año judicial.
