“El pago del último bono de 55.000 pesos a jubilados que cobran la mínima está garantizado”, aseguraron desde Anses, pero el sostenimiento de esta política de compensación de ingresos para que los haberes no ajustaran nunca por debajo de la inflación dependerá de la voluntad del nuevo presidente. No ocurre lo mismo con la Ley de Movilidad Jubilatoria que debe contar con el apoyo parlamentario. El gobierno de Javier Milei busca “hacer cambios en el sistema previsional para que sea justo y sustentable”, ¿qué significa exactamente esto y cuáles son las modificaciones posibiles dentro de la ley?
Desde Anses confirmaron a este diario el cumplimiento del pago del último bono de 55.000 pesos, pero los sucesivos refuerzos en el orden de los 60.000 pesos para enero y febrero que Massa había prometido de continuar en la gestión ahora serán definidos por el nuevo presidente. Gracias a esa política “la jubilación mínima habrá tenido un incremento del 167 por ciento entre diciembre de 2023 y diciembre de 2022, ubicándose por encima de la inflación del período”, afirmaron desde Anses.
Por el contrario, la Ley de Movilidad Jubilatoria está amparada en la Constitución Nacional que establece en su artículo 14 bis “jubilaciones y pensiones móviles”, es decir que los haberes no pueden congelarse. La ley actual de movilidad puede modificarse a partir de otra ley pero no por decreto: “una norma solo puede ser modificada o derogada por una norma de igual o mayor jerarquía de fecha posterior, aclaremos que un decreto es igual que una ley mientras el Congreso esté en receso, pero luego debe ser ratificado por la comisión bicameral”, advierte abogado especialista en temas previsionales Facundo Fernández Pastor.
La ley de movilidad vigente otorga cuatro aumentos por año contemplando la suma del 50 por ciento del aumento trimestral en la recaudación de Anses y un 50 por ciento por la variación salarial en igual período. Si la recaudación y los salarios merman en un escenario de crisis, entonces los haberes apenas se actualizarán.
Algo que no puede ocurrir es “sacar o bajar los impuestos que van a Anses, eso lo debe hacer el Congreso”, asegura Fernández Pastor. En ese sentido aclara que “desde hace muchísimos años el sistema de seguridad social en Argentina no se sostiene solo con aportes y contribuciones, sino con impuestos de afectación específica y en caso de ser necesario con trasferencias del Estado”.
“Cuando Mauricio Macri asumió como presidente, el impuesto a los Bienes Personales era de asignación específica a la seguridad social de Anses pero ellos quitaron esa denominación y además dispusieron asignarle el 0,25 por ciento de lo recaudado en lugar del 1,5 establecido: eso fue la llamada Reparación Histórica”, argumenta el abogado.
El equipo de Javier Milei encabezado por el futuro Director Ejecutivo de Anses, Osvaldo Giordano, habla de “hacer cambios en el sistema previsional para que sea justo y sustentable”. De esa forma sintetizan la idea de que el sistema debe sostenerse solo con aportes y contribuciones laborales, lo cual es cada vez más difícil en Argentina y el mundo debido a que los aportes bajan con las modalidades de trabajo cada vez más flexibles. También las contribuciones patronales tendieron a caer como parte de las política liberales de reducción de costos laborales, “en su momento eran del 36 por ciento pero Cavallo las bajó fuertemente”, recuerda Fernández Pastor.
Una alternativa “que ya ocurrió varias veces es declarar la ‘emergencia previsional’ o afirmar que el sistema está quebrado, como hizo Cavallo en la década de 1990 antes de crear las AFJP. Eso genera la caducidad de los derechos adquiridos dentro del sistema anterior y los jubilados pasan tratados como acreedores de una quiebra: se modifica el cálculo de sus haberes como si fuera un seguro que toma en cuenta los aportes realizados y las expectativas de vida de las personas”, afirma el abogado.
“La modernización del mercado laboral va a permitir que se generen muchos más puestos de trabajo y en ese contexto de aumento de la productividad y mayores salarios reales, la población económicamente activa sube. Por lo tanto le permite poner en caja al sistema previsional sin tocar los derechos adquiridos”, aseguró Milei en una entrevista. El mundo que relata es de fantasía, pero agrega que el problema fue que “durante varios episodios del kirchnerismo aumentaron la cantidad de beneficiarios sin aumentar la cantidad de aportantes y eso generó un desequilibrio muy fuerte”, buscando un responsable de males que son sistémicos.
De Cavallo a Macri
“Cavallo también derogó los regímenes especiales, que no incluyen solamente al poder judicial o los obispos que cobran fortunas, sino a los régimenes por trabajo insalubre como el transporte, la minería, o la industria del vidrio y que permitían una jubilación anticipada. En ese momento la gente fue a la justicia y se preservó su derecho, pero esto dudosamente ocurra hoy con la justicia que tenemos”, afirma Fernández Pastor.
En tanto, otra modificación que propuso Mauricio Macri con la Ley de Reparación Histórica fue la “armonización de las cajas provinciales”, es decir que el regímen para docentes o empleados públicos que tienen varias provincias igualase a las prestaciones con Anses. “María Eugenia Vidal quiso ponerlo en práctica en la provincia de Buenos Aires y no pudo por la resistencia de los gremios, por ejemplo en la caja previsional del Banco Provincia. Otras cajas que no llegaron a la armonización pero hicieron ajustes, como la del futuro Director Ejecutivo de Anses que redujo el 82 por ciento móvil de los empleados públicos de Córdoba al 70 por ciento”, agrega el abogado.
En la plataforma de gobierno de La Libertad Avanza también se habla de eliminar las moratorias y que se congelen los beneficios adquiridos por ellas, lo cual viola la Constitución Nacional. Como “reformas de segunda generación” incluyen volver a un sistema de capitalización, elevar la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años y eliminar directamente las contribuciones patronales.
