La primera medida de Alberto Maceira, flamante interventor del Hospital Posadas, fue recorrer el centro de salud y evaluar la situación en que el gobierno de Cambiemos le soltó la mano al hospital. En declaraciones radiales, Maceira aseguró que varias áreas se encuentran en «situación de emergencia», tanto en términos edilicios como de planta laboral. “El gobierno de Cambiemos tomó medidas muy antipopulares, en contra de la gente y de los trabajadores del hospital”, afirmó.
El pasado 6 de enero, mediante decreto y con la firma del ministro de salud Ginés González García, el presidente Alberto Fernández, designó al médico sanitarista Alberto Maceira como interventor del Hospital Posadas. En el texto del decreto puede leerse: «Resulta impostergable resguardar el normal funcionamiento, así como adecuar a las Políticas Sanitarias que el Estado Nacional propicia en la materia, a fin de garantizar a la población una correcta prestación de servicios». El hospital se mantenía en estado de acefalía hace varios meses, a partir de la renuncia de los directivos anteriores en el marco de una situación crítica para la institución y para la salud de la población.
En declaraciones radiales al programa «Te quiero» de AM 750, el nuevo interventor aseguró que encontró «áreas que están en emergencia y que, aunque no dejaron de funcionar, perdieron casi el 70 por ciento de su capacidad técnica por falta de profesionales”. Durante los cuatro años de gestión del gobierno de Mauricio Macri, la dirección del Posadas decidió recortar la planta laboral: fueron más de 1300 los despidos entre fines de 2015 y 2019. Ahora, la institución ubicada en El Palomar es mantenida en pie por cerca de 1400 trabajadores, de los cuales solo 280 se encuentran en planta permanente. Esto sucede en uno de los hospitales más grandes del país, que recibe pacientes de toda la zona oeste del conurbano bonaerense y que ocupa 22 hectáreas con 82 mil metros de superficie cubierta. En el presupuesto nacional 2019, el hospital sufrió un recorte de cerca del 20 por ciento con respecto a 2018.
Consultado por los detalles del estado del hospital, Maceira afirmó que las áreas más afectadas son las de pediatría y neonatología: «Donde normalmente atendían cuatro médicos, ahora atienden dos, con los mismos materiales y los mismos horarios que antes». Sobre la situación edilicia, aseguró que el sector que peor se encuentra es el de terapia intensiva: «Su estado es muy feo, no es cómodo ni para los profesionales ni para los pacientes», aseveró y agregó que reactivarán obras para ampliar esta sección que se encuentran detenidas hace cuatro años.
De la asunción de la nueva intervención participaron representantes de los sindicatos involucrados en los conflictos de estos cuatro años. Maceira aseguró que, cuando se salga de la urgencia y se pueda establecer un plan a largo plazo, llamará a los gremios para pedir su opinión y adelantó que evalúan reincorporar a 200 trabajadores. Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia y el Sindicato de Trabajadores de la Salud presentaron un pedido formal de una reunión para avanzar en este sentido. Por su parte, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud destacó «la resistencia de las emblemáticas rondas de los miércoles, una voz que se alzó para denunciar la persecución sindical, los despidos y la militarización».
En estos cuatro años los trabajadores debieron soportar una constante presencia de camiones y agentes de Gendarmería en el predio y denunciaron ser víctimas «de persecución, maltrato, presión psicológica, subestimación y amedrentamiento ejercido por la dirección ejecutiva». Desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2019, la Comisión de Pacientes y Vecinos del hospital realizó cada miércoles una ronda en torno al edificio en defensa del hospital.
