Los diputados del Frente de Todos anunciaron que promoverán el juicio político contra el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, por mal desempeño en sus funciones. Pero el proceso no es sencillo y requiere de un amplio acompañamiento político. ¿Cómo es el trámite en la Legislatura?
El primer paso es la aprobación del pedido de juicio político realizado por el oficialismo y avalado por los 43 diputados que conforman la bancada del Frente de Todos. El expediente, que lleva las firmas del presidente del bloque oficialista, César Valicenti, la vice Susana González y el vicepresidente del cuerpo Rubén Eslaiman, enumera los argumentos por los que se debe someter a juicio a Conte Grand. Aún no hay fecha de sesión, pero el oficialismo busca una convocatoria para el jueves 20 de enero.
El pedido de juicio político se enmarca en el inciso 2 del artículo 73 de la Constitución provincial que establece que «es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo». En tanto, la ley 4.334 de juicio político establece cómo es el mecanismo para acusar y remover al procurador.
En el proyecto del FdT se detallan tres elementos salientes que muestran conductas que encuadran dentro del incumplimiento de los deberes relativos a su cargo, según los legisladores: el primero es «la pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre»; el segundo es «la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal»; y el tercero «la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre».
En principio, el pedido debe ser aprobado por la Cámara de Diputados con mayoría especial, es decir con los dos tercios de los votos. El Frente de Todos tiene 43 diputados y un aliado, el unibloque «17 de noviembre». Si suma a los tres diputados de Avanza Libertad y los dos de la Izquierda podría llegar a 49. Los dos tercios requieren 62 manos.
Si logra reunir los votos, entonces se activa el segundo paso: la conformación de una comisión integrada por cinco miembros que será la encargada de recolectar pruebas, pedir información y citar a declarar a funcionarios y dirigentes. En la lista, que está consignada en el pedido de juicio político, figuran los funcionarios judiciales de Lomas de Zamora Gabriel Vitale y Enrique Ferrari; los dirigentes camioneros Pablo y Hugo Moyano; la interventora de la AFI, Cristina Caamaño; el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el ex ministro de Justicia, Gustavo Ferrari; el senador Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, Julio Garro; entre otros.
Una vez concluido su trabajo, la comisión presentará un informe en el recinto a todos los diputados que deberán establecer «claramente si, a su juicio, están o no probados los delitos y las faltas materia de la denuncia» y definir si elevan la acusación ante el Senado y si le piden la suspensión del funcionario en cuestión. Es el tercer paso que también requiere de mayoría especial. «Tanto la acusación como el pedido de suspensión deberán ser sancionadas por el voto de los dos tercios de los miembros presentes de la Cámara, que designará una Comisión de tres miembros para iniciarla y sostenerla ante el Honorable Senado», establece el artículo 5 de la ley de juicio político.
Sorteada esa votación, el Senado se constituye en tribunal y define si hay mérito para el juicio político y si aparta a Conte Grand de manera preventiva. También en este caso se requieren los dos tercios de los votos, un número que no es posible para el oficialismo por sí solo ya que en esa cámara Juntos y el FdT están empatados con 23 escaños cada uno.
Los legisladores del FdT que anunciaron el pedido de juicio político adelantaron que buscarán consensos entre los radicales y los legisladores de la Coalición Cívica que forman parte del bloque Juntos por el Cambio. «No nos vamos a quedar solo con los 43 diputados del FdT, vamos a buscar consensos con los otros bloques políticos, fundamentalmente con el bloque de Juntos, donde se encuentran radicales, Coalición Cívica y representantes del PRO, quienes también fueron espiados», aclaró Eslaiman.
Hasta ahora, sólo hubo dos diputados de la oposición que hicieron pública su postura. Se trata de Walter Carusso y Martín Domínguez Yelpo, del bloque Cambio Federal, que es aliado de Juntos por el Cambio. «La denuncia no tiene consistencia jurídica. No se puede empezar una caza de brujas contra el Procurador porque haya sido nombrado en un video», señalaron en un comunicado y agregaron que «es una denuncia para la tribuna. Atacan a un Procurador al que hace dos años le están pidiendo la renuncia para sacarlo de su lugar».
