En los primeros seis meses de 2022, un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba.
Dicho de otra manera: al menos un uniformado fue desplazado de su labor cada día y tuvo que irse a su casa como medida cautelar.
De los 218 separados, el 88,2 por ciento fueron efectivos de la Policía de la Provincia propiamente dichos.
Aproximadamente, hablamos de unos 190 oficiales.
El resto del lote de separados de sus trabajos está compuesto por un 10,8 por ciento del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y por un 0,9 por ciento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Aquí conviene hacer una pausa: esto no quiere decir que los 218 sean culpables de delitos.
Se trata de uniformados que han dejado de trabajar, por orden del Tribunal, mientras se sustancia y avanza una pesquisa interna.
Si bien estos expedientes van por separado de la Justicia (donde se imputa, se juzga y se condena), la experiencia indica que todo va “atado” a la resolución judicial.
Es decir, si la Justicia condena, el efectivo termina siendo exonerado.
Hay un dato que causa alerta: del total de 218 uniformados separados de sus trabajos, 171 ya fueron imputados por la Justicia por delitos.
Sin arma y con sueldo recortado
De los 218 policías que han tenido que dejar de trabajar por sumarios abiertos, unos 170 quedaron en situación pasiva, según se informó desde el Tribunal de Control Disciplinario.
La pasiva implica dejar el arma reglamentaria, cobrar sólo el 30 por ciento del sueldo y no poder hacer adicionales, lo cual trae aparejada una pérdida importante en el ingreso de dinero al hogar.
Por lo general, para terminar con una medida cautelar, hubo una denuncia o una investigación previa y por un hecho delictivo.
Yendo al caso de la Policía, los casos de dos centenares de efectivos que han terminado separados provisoriamente de sus cargos representan apenas menos del uno por ciento del total de toda la tropa.
De todos modos, si bien es un porcentaje bajo, genera alta preocupación en ámbitos oficiales.
Sobre todo, porque estamos hablando de medidas ordenadas dispuestas en apenas en seis meses.
Y, especialmente, porque se suman a graves escándalos del año pasado.
Violencia de género, al tope
Desde el Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba se indicó que, en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fue por denuncias de violencia de género y familiar.
Los siguientes sumarios fueron iniciados por (en orden decreciente): mal desempeño, violencia institucional, corrupción y conflicto laboral, según consta en el informe que elaboró el Tribunal de Control.
Otro elemento para destacar es que, en su mayoría, los efectivos que terminaron sancionados son varones: el 83 por ciento.
Un punto llamativo: los sumarios por violencia familiar, en su mayoría, fueron iniciados por denuncias de las propias fuerzas de seguridad.
Los sumarios por violencia institucional o mal desempeño fueron abiertos tras presentaciones de civiles o bien por la Justicia.
Del total de personal uniformado que terminó apartado de sus trabajos, en este semestre, el 41,3 por ciento se desempeñaba en la ciudad de Córdoba; el resto, en distintos puntos del interior provincial.
Causas iniciadas
Más allá de los dos centenares de uniformados apartados de sus trabajos, hay otro punto que también genera alertas: hay alrededor de 900 uniformados que han sido denunciados y que están identificados por los agentes investigadores.
El Tribunal de Control Disciplinario comenzó a funcionar a fines de 2021 por ley provincial.
Según sus responsables, no hay policías en ese cuerpo. Los investigadores son abogados y personal elegido de la Justicia. En el tribunal en sí, a la ahora de las resoluciones, hay representantes del Ministerio Público Fiscal, de la Legislatura y también del Gobierno. El exfiscal Gustavo Vidal Lascano es parte del tribunal.
El Tribunal de Control Disciplinario reemplazó al Tribunal de Conducta Policial de Córdoba, órgano que fue pulverizado tras el “gatillo fácil” contra Blas Correas, ocurrido en 2020.
Sucedió que los policías que dispararon contra el auto donde iba Blas tenían causas pendientes.
