La fallida ley de Presupuesto 2022 preveía un crecimiento del 4% del PBI, un dólar a 131,1 pesos y una inflación del 33%. Corría el tercer trimestre del año pasado y, por entonces, el Gobierno nacional hablaba de una “clara desaceleración” de los precios.
Incluso unas semanas después, a comienzos de febrero, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo que la pauta sugerida por el Gobierno para los acuerdos paritarios anuales era del 40%. Ese porcentaje estaba por encima del pronóstico incluido en el Presupuesto, pero bastante por debajo de las previsiones de ese mes del relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central, que ya calculaba un 56%.
En aquel contexto inflacionario cerraron, por ejemplo, los aceiteros: 39% para los siguientes ocho meses y la promesa de volverse a reunir en agosto.
El problema es que desde febrero en adelante (el dato de inflación de ese mes se conoció a mediados de marzo), la tendencia cambió, alterando drásticamente las negociaciones paritarias que ya habían cerrado y condicionando las que comenzaron a negociarse.
Basta con ver en perspectiva los números del Indec para entender el porqué del cambio de los reclamos salariales. La inflación promedio entre noviembre y enero, cuando comenzaban las primeras negociaciones entre empresarios y trabajadores, era del 3,4%. En el trimestre siguiente, febrero-abril, trepó al 5,8%, un 70,6% más.
Cambio de tendencia
Precios sin freno
Así, de la misma forma en que se espiralizó la suba de precios, lo hicieron las pretensiones salariales. Más aún cuando se pone la situación en contexto: el ingreso real de los trabajadores privados cayó en 2021 un 2,3%, por cuarto año seguido.
Desde marzo en adelante, los gremios que cerraron primero, como los empleados de la Provincia de Córdoba, por ejemplo, salieron a pedir una reapertura anticipada.
Es que el acuerdo del 30% por el semestre febrero-julio quedó muy corto ante subas mensuales recargadas (en marzo, 6,7%; en abril, 6%) y una inflación que anualizada ya supera el 70%.
En el Centro Cívico tomaron nota y, antes de que el conflicto escalara, decidieron apelar a la estrategia de adelantar el último tramo pautado. Con los haberes de mayo, la Provincia hizo efectivo el incremento del 10% que originalmente había sido previsto para julio.
El mes que viene se volverán a reunir para negociar la segunda parte del año (agosto-enero) y desde el gremio que conduce José Pihen ya adelantaron que la meta es el 40%. “Como mínimo”, dijeron.
Piden adelantos de cuotas
En la misma línea están trabajando los metalúrgicos, que fueron uno de los primeros gremios que cerraron este año y que más desfasados quedaron. Tanto fue así, que le costó la cabeza al histórico secretario general de la UOM, Antonio Caló.
Rubén Urbano, titular de la seccional Córdoba, dijo que están enviando notas a las empresas de la provincia pidiendo un adelanto de los porcentajes acordados en paritarias. “Necesitamos traerlos más acá porque es clave levantar el poder adquisitivo de la gente”, explicó quien hoy también es parte de la nueva conducción a nivel nacional.
Del 45% acordado hasta octubre, con revisión en noviembre, los metalúrgicos aún esperan un 15% que se debe pagar en julio y un 12%, en octubre. “Queremos que se paguen ahora, no podemos esperar hasta noviembre. Hay empresas que están trabajando muy bien y que están en condiciones de hacer ese esfuerzo”, agregó.
Los trabajadores de la construcción cerraron un 62% hasta abril de 2023, a pagarse en varios tramos que iniciaron con un 10% en mayo y otro porcentaje igual en junio.
“Nos parece un buen acuerdo, pero tenemos una cláusula de revisión en noviembre que todo indica que se va a usar porque lamentablemente la situación de la inflación sorprende todo el tiempo”, dijo Néstor Chavarría, secretario general de la Uocra Córdoba.
“Si nos sentamos a negociar de nuevo no va a ser una buena noticia porque significa que la economía no viene nada bien, esperemos que no ocurra”, agregó.
Aceleración
Hasta ahora, la paritaria que cerró más alta es la de los trabajadores de seguridad privada, que acordaron una recomposición de 85,7% entre mayo de 2022 y abril de 2023. Los sindicatos bajo el ala de Fatrasep (Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada) y Uspra (Unión Personal de Seguridad Privada) van a recibir ese ajuste desdoblado en cómodos tramos hasta el segundo trimestre del año que viene. En este caso, hay que tener en cuenta que venían de salarios muy bajos y desde hace tiempo buscaban acercarse a los básicos de Comercio.
Precisamente los empleados de Comercio cerraron un 59,5% en varios tramos, lo mismo que La Bancaria (60%). En este caso, con revisiones pautadas para octubre y noviembre y un adicional por el Día del Bancario de 170 mil pesos.
Para lograr subas superiores al 60% en la medición anual, algunos sindicatos están compensando con extras o bonos. Es el caso de los Camioneros, que acordaron un aumento del 31% por seis meses, pero con un plus no remunerativo de 50 mil pesos que eleva notablemente el porcentaje.
Un gremio que está cubierto de los rebrotes inflacionarios en medio de negociaciones paritarias es el Smata Córdoba, que desde hace más de una década pacta acuerdos trimestrales basados en la suba de precios de los tres meses anteriores.
Esa modalidad le ha permitido a los trabajadores de las fábricas y las concesionarias de autos sostener el poder de compra del salario.
La mediana de las expectativas inflacionarias del relevamiento de expectativas de mercado del BCRA para todo el 2022 es del 72,6%, siete punto arriba de la encuesta anterior. Ante esto, los gremios exigen adelantar los tramos de los acuerdos cerrados y buscan bonos o pagos extra como compensación.
