Entre la desesperación del sector productivo y el estupor de los funcionarios provinciales, hay una sola esperanza: que el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, siga de paseo por el país. El viernes, mientras el faltante de gasoil se repetía en los corredores agroindustriales del interior, Martínez subió a su Instagram un video en el que se lo ve intentando aprender a tejer con artesanos salteños. “¿Ustedes probaron alguna vez hacerlo en un telar a pedal?”, pregunta.
El extravío de Martínez es consecuencia directa de un giro puertas adentro del gabinete de Alberto Fernández: la conducción de la situación energética ya no está más en manos de Martínez –léase, La Cámpora– y pasó a la órbita del ministro de Economía, Martín Guzmán. En persona, Guzmán irá el viernes a Brasil a negociar la provisión de gas.
El 84% del consumo de gas de Argentina es de producción nacional, y 16% es importado, pero sube al 30% en el invierno. De lo que se importa, el 60% viene en barco de Qatar, Trinidad y Tobago, Australia y Estados Unidos.
A los productores locales les paga 3,5 dólares el millón de BTU; a Bolivia, 8,5 dólares, y el GNL estaba a inicios de 2021 a razón de 5,4 dólares y terminó el año en 13 dólares.
Obvio, el gas nacional es el más barato, pero eso tropieza con dos problemas: uno objetivo, que son las mermas técnicas de la cuenca norte (10% interanual) y la cuenca sur (5%), ya que transitan una declinación natural de su producción; y otro político, porque los incentivos a invertir en Vaca Muerta, a esos precios bajos, fueron casi inexistentes.
Para tener una dimensión: hacen falta apenas cuatro mil millones de dólares para tender el sistema de gasoductos Transport.ar desde la cuenca neuquina, pero no aparecerán si el Estado no da garantías ciertas de recupero de esa inversión.
Una cuenta que sube en lugar de bajar
Sólo en 2021, se gastaron 11 mil millones de dólares en subsidiar la energía. La consecuencia de haber ofrecido precios bajos al gas nacional es que hoy, cuando la necesidad de gas urge, no hay. Lo disparatado es que no somos Chile, que no tiene una gota de gas: en Vaca Muerta sobra, hay 10 veces más que en toda la Patagonia. Con 50 mil kilómetros cuadrados, es la segunda reserva de shale más grande del mundo.
El problema es que Bolivia provee cada vez menos gas al país (en 2021 fueron 14 millones de metros cúbicos por día; en 2020 habían sido 20 millones, y en 2019, 22 millones) y el gas que tiene prioriza a Brasil, con un contrato desde 1999, anterior a la Argentina, y le paga mejor.
El agravante adicional para nuestro país es que las cuencas hídricas de los principales ríos (Paraná, Uruguay y los de la cuenca Comahue) están bajas desde hace dos años. Sin embargo, Brasil tiene buenas noticias con un gran aporte de lluvias en las centrales hidroeléctricas del sur, donde la situación era muy adversa. Eso podría derivar en una menor demanda de gas boliviano y ahí es donde aparece el Gobierno argentino: quiere quedarse con lo que Brasil no demande.
El punto es a qué precio lo consigue: las versiones indican que Guzmán estaría dispuesto a pagar 18 dólares el millón de BTU frente a los 8,5 que venía pagando. Los 18 podrían abonarse en los tres meses de invierno. Anualizado, el precio quedaría en 10 dólares.
Ese agregado al contrato firmado entre ambos países en 2006, que hasta el invierno pasado parecía escandaloso, hoy luce barato al lado de lo que cuesta importar los barcos con GNL, que están a 40 dólares. A inicios de 2021, el mismo barco estaba a razón de 5,40 dólares, y en 2021 ya había escalado a 13. Esto no sólo complica las metas fiscales, porque habrá que aumentar esa cuenta en lugar de reducirla, como se prometió ante el FMI, sino que el ticket se paga en dólares que son escasos para el país.
También hay analistas que señalan la posibilidad de revertir los gasoductos tendidos con Chile para importar gas desde el país trasandino, una alternativa que ya se usó en el frío invierno de 2016. También sería posible enviarle gas desde Vaca Muerta a Chile y “quedarse” con los barcos de GNL que había negociado el país trasandino. Es que el problema con el GNL no es sólo que cuesta 640% más que el invierno pasado, sino que no hay.
Un insumo que vale oro
Europa apuesta a recomponer stocks y busca la independencia del gas ruso. Lituania acaba de convertirse en el primero de los 27 países de la Unión Europea en suspender la importación de Rusia: será todo ahora barco con GNL. En 2015 levantó una planta en ultramar con ese objetivo. El GNL se ha convertido en el bien más preciado por conseguir en 2022.
El gas es clave no sólo por lo que implica para la industria en términos de empleo y actividad, sino que podría afectar la generación eléctrica. Las usinas de ciclo combinado funcionan a gas, y si no hay, demandan gasoil o fuel oil, más caros y contaminantes. Si el parque termoeléctrico pasa a funcionar a gasoil, agravará el faltante que ya se registra en el interior provincial.
Hay una máxima en la industria que dice que la energía más cara es la que no se tiene. El Gobierno podría eventualmente importar gasoil (porque hay) o darle mejor precio a las refinerías locales. Pero esa decisión lo obligaría a convalidar un aumento del 35%. Hay que avisarle al tejedor Martínez que eso ya está pasando: las estaciones de servicio blancas algo consiguen en el canal mayorista, pero a 170 o a 200 pesos el litro.
Eso, sin duda, impactará en la inflación, pero el menos no provocará el parate de actividad de un sector que le generará los dólares que harán falta para pagar los barcos y la cuenta a Bolivia. La elección hoy es por el mal menor: no tener energía, o tenerla a precio más caro. Claro que podría pasar que el Gobierno siga haciendo la plancha, como hasta ahora. O probando el telar a pedales, como hace el secretario de Energía.
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