Son la verdadera plaga: esas carpas blancas de nylon con forma de gazebos están por todas partes. A poca distancia de las casas de madera que una tormenta puede derribar; en el Paraje La Loma directamente pegadas. Al lado de escuelas y jardines. De distintas dimensiones, las fincas ocupan manzanas y manzanas. Allí se cultiva el tomate, entre otras cosas. También se fumiga. Tiempo atrás, el veneno mató a dos criaturas. La Justicia lo probó. El primero en morir fue Nicolás Arévalo, en 2011. El segundo, en 2012, fue José Carlos «Kily» Rivero. Recién a comienzos de junio de este año el tribunal de Goya condenó al productor Oscar Antonio Candussi por el último hecho. Le dieron tres años de prisión de ejecución condicional, lo que significa que no debe pasar ni un segundo en la cárcel, siquiera encerrado en su casa. Este jueves el abogado de la familia del chico presentó la apelación a Casación, pidiendo una pena de 14 años de prisión.
«Humillación»: eso sienten ahora Eugenia Suárez (38) y José David Rivero (40). No sólo sufrieron la muerte de su hijo de cuatro años, que se fue envenenando a lo largo de 12 meses por vivir a 15 metros de una tomatera. Perdieron a una hija, de cáncer, en 2021 –enfermedad asociada también a las consecuencias de los agrotóxicos–. Al principio fueron acusados de haber envenenado a su hijo –lo mismo le había pasado a la familia de Nicolás–. Sufrieron persecuciones y golpizas. Esperaron 11 años para un juicio con este resultado que es una «burla». Un testigo se les vendió. El fiscal Guillermo Barry, que acompañó al principio el pedido de la querella, en los alegatos se manifestó a favor de la carátula de homicidio culposo.
«La vida vale menos que un tomate»
Lavalle es una ciudad ubicada a orillas del Paraná, entre Goya y Santa Lucía, a 207 kilómetros de la capital provincial. Tiene menos de 3 mil habitantes. Junto a Bella Vista y Santa Lucía conforma la segunda región en importancia en el país en lo que respecta a actividad hortícola. Lavalle es también un departamento que abarca seis municipios, con más de 2 mil de sus hectáreas bajo plástico para el cultivo de, fundamentalmente, tomate y morrón. Los tendaleros toman protagonismo en un paisaje de calles de tierra, caballos atados a postes, casas con sus propias huertas y escoltadas por santuarios del Gauchito Gil, de las que sale la música del chamamé.
Después de las dos muertes, las fumigaciones con agrotóxicos continúan, con cambios mínimos e insuficientes. Este es un territorio donde la palabra olvido queda chica. Los productores no solamente tienen vínculos con los políticos: son los políticos (ver aparte). La trama incluye explotación laboral y trabajo infantil. Contaminación ambiental. En una de las provincias más pobres del país, el pueblo calla y puede enojarse con los que protestan, un poco por miedo a represalias, pero sobre todo por depender económicamente de aquello que envenena. El pueblo, además, enferma. Ninguna estadística lo plasma (ver aparte). En Lavalle –como dice Hermindo González, abogado de los Arévalo y de los Rivero– «la vida vale menos que un tomate».
Humillación
Primero murieron las gallinas. Después el chancho. Después el perro. Después Kily. Sin éxito, José se acercaba a la finca pidiendo que bajaran las cortinas cuando fumigaban. Cuenta que le había pedido ayuda al intendente de entonces, que es el mismo de ahora, Hugo Perrotta. Alguien que administró una tomatera, que –dicen– hizo con ella su fortuna. Alguien que, a pesar del reciente fallo, dice desconocer el motivo de la muerte de Kily. Candussi, por su parte, fue intendente de la ciudad, e incluso candidato cuando ya estaba imputado, en 2019, dentro de la alianza ECo + Vamos Corrientes. De esta coalición forma parte también el espacio de Perrotta. «Colgaba los carteles frente a la casa de Eugenia, la mamá de Josecito. Estos son los crímenes del poder, del Estado, que no se dejan investigar», señala Hermindo.
A Kily le sangró la nariz durante meses. A principios de mayo de 2012 llegó con vómitos, dolor abdominal y fiebre a la sala médica de Lavalle. Le recetaron analgésicos. Fue trasladado al hospital de Goya, donde le dijeron a la familia que estaba drogado. En el hospital Juan Pablo II de Corrientes capital le hicieron un análisis de orina que comprobó la presencia de sustancias compatibles con organofosforados en su organismo. Murió en el Garrahan por una “falla hepática fulminante, multiorgánica, de origen tóxico”.
Sus padres ya no viven donde el nene se intoxicó. Esa vivienda estaba ubicada cerca de la ciudad, a un costado de la ruta 27. Ellos aseguran que Candussi nunca dejó de producir. Lo mismo dice la familia de Arévalo sobre Ricardo Prieto, quien también recibió una (no) condena exactamente igual. Actualmente, algunos tendaleros se ven incluso en el casco urbano, pero su presencia es más impresionante en el área rural, sobre todo en el paraje La Bolsa. La casa de Eugenia y José se encuentra en el paraje Puerto Viejo, al norte de la ciudad. Muy cerca están las escuelas primaria y secundaria y el jardín de infantes, que como otros establecimientos educativos del municipio, tiene al lado un establecimiento hortícola. Paradoja: a una cuadra, una calle lleva el nombre de «José Carlos Rivero».
Todas las paradojas de esta historia duelen. «Cuando estaban juzgándole al que mató a mi hijo, que no le dieron nada, arriba (en el tribunal) estaban metiéndole preso a un señor por robar ovejas, y le dieron tres años a cumplir«, compara Eugenia. Su mirada y la de su marido no podrían ser más tristes. No toman mate ni tereré, sólo fuman. Delante de la casa tienen un vivero con más de 50 especies. Por el patio circulan sus gallinas. Hace mucho calor: es el veranillo de San Juan.
«Mandó la política. Me dejó muy mal esto, porque creo en la Justicia. No estamos hablando de una bala perdida sino de algo que es para alimento», dice José. «La Justicia miró para otro lado. Reconocen que hay veneno pero no hacen algo. Pagaron una fortuna para hacer un cuadradito para guardar envases del veneno con el cual están matando a nuestros hijos. Si llega a haber una condena firme, (en el pueblo) van a empezar a contar lo que pasa. ¿Por qué la mayoría de los pensionados de acá son de asma? Hay malformaciones. Tengo un sobrino que tiene labio leporino», añade el hombre, que hace changas y tiene, como consecuencia de su drama, problemas para conseguir trabajo y pagos acordes a las tareas que realiza. Arrastra un pasado de trabajo en la tomatera. También se envenenó.
Una sentencia política
Candussi fue condenado por homicidio culposo por omisión impropia. Lo que pide el abogado de los Rivero es una condena por homicidio simple con dolo eventual y una pena de 14 años de prisión. «Está en absoluta libertad, con la condición de no consumir bebidas alcohólicas, no drogarse, no cometer un nuevo delito. Esta es una sentencia de corte político y social, aleccionadora para los pobladores», define este abogado «humilde y sin estructura». Concuerda con el «relato» que hace a la sentencia y los «elementos de prueba», pero no con la calificación. «El Tribunal dice que Candussi no tomó cuidados, yo digo que hay un plus: él conocía la gravedad de los materiales que manipulaba, lo que podía provocar y provocaba. Tenía conocimiento de lo que es la ‘deriva’, una situación que provoca el viento y lleva el material tóxico a zonas próximas hasta 100 metros. No le interesó la vida. Continuó.»
José tiene esperanzas en la apelación. Eugenia no. Josefina Arévalo, tía de Nicolás, recibe a esta cronista en el fondo de su casa, donde Mauro Estévez, su pareja, está terminando de construir una oficina de la organización Guardianes del Y’berá, de la que ella es referente. También lo es de la Federación Campesina Guaraní. «Hago esto para demostrar que porque somos pobres no nos van a pisar ni a matar», expresa la mujer. Presenció el juicio por la muerte de Kily. «Lo más feo fue que la mamá no quedó conforme. Nosotros tampoco. Lo único que nos dio conformidad fue demostrar que Nicolás murió por veneno. Que Prieto fue el culpable. Fue lo único que pude decirle a Eugenia cuando sale llorando, diciéndole al marido, ‘hicimos todo esto al pedo’. Le dije ‘no, no fue al pedo. Demostraste que a tu hijo lo mató el veneno’.»
Vive con miedo de que a su hijo menor le pase lo mismo que a su sobrino. La causa por su muerte comprendía también el envenenamiento de su prima Celeste, quien logró sobrevivir pero con consecuencias irreversibles para su salud. Ambos se habían intoxicado con endosulfán, para entonces ilegal en más de 60 países. En Argentina se prohibió en 2013. El Senasa dio un margen de tiempo a los productores para que agotaran stock.
Qué dice el intendente de Lavalle
–La Justicia acaba de reconocer que Kily Rivero murió a causa del veneno de una chacra. ¿Cuál es su lectura?– pregunta la cronista al intendente.
–Nosotros los llamamos agroquímicos. Veneno es otra cosa. Debemos llamar a las cosas por su nombre.
–Pero Rivero muere envenenado… la Justicia lo reconoció…
–Desconozco cuál fue exactamente la causante de esta desgracia que nos afectó a todos. No sé si por las fumigaciones, el mal uso de agroquímicos… lo desconozco.
«Las explotaciones utilizan agroquímicos autorizados por el Senasa. Además, tomamos acciones al respecto, sobre todo concientizando al sector productivo en buenas prácticas. Hemos inaugurado un centro de acopio y reciclaje de envases vacíos de agroquímicos», enumera el funcionario. Consultado por las fumigaciones cercanas a escuelas y casas responde que hay una ordenanza que rige para el ejido urbano. Desconoce las situaciones de trabajo infantil y explotación laboral, y las enfermedades.
Por las calles de Lavalle es fácil comprobar que algo huele mal. No es metáfora. Hay olor en el Paraje La Loma; en la garganta la sensación es áspera; cuesta respirar bien. Se puede observar cómo un hombre fumiga en un establecimiento de zapallitos al lado del jardín 27. Otras imágenes de la zona: una mujer con un bebé dentro de una finca. Viviendas que parecen habitadas por trabajadores dentro de los mismos predios. Personas fumigando sin protección. Bidones colgados de árboles.
«El Senasa clasifica los agrotóxicos de acuerdo al nivel de toxicidad. La tendencia que está habiendo es ir hacia los menos tóxicos. Pero todos lo son«, explica el ingeniero agrónomo Juan Sablich, exdirector del INTA de Corrientes. «En la zona la horticultura sigue estando alrededor de todos lados. Algunos cuidados se están tomando. Por ejemplo: que el que pulveriza esté protegido, bajar las cortinas cuando se aplica (el agroquímico). Pero están lejos de ser una solución. A veces son más una excusa», precisa. Presionado para que no hablara, el ingeniero declaró en ambos juicios.
Miedo a hablar
«Me hubiera gustado que el tipo esté preso. La plata mueve jueces y abogados», dice Ramona, vecina de Puerto Viejo, mientras prepara para vender los huevos que se salvaron de dos monos que invaden el patio. Vive a orillas del Paraná, frente a una finca importante. Le da miedo la deriva, pero más que haya un establecimiento al lado de la escuela a la que van sus nietos. Una joven de 22 años narra: «Mi mamá tiene la chacra bien cerquita. Las criaturas se enferman. Vamos a la comisaría a hablar de eso, fueron al municipio y todo, levantamos nota, nadie te hace caso por nada».
«Hay mucho miedo, es un tema invisible, pero no me callo más», expresa una extrabajadora de una tomatera que ahora participa de una escuela de educación popular y lucha por que ningún chico trabaje más en un invernadero. La situación del testigo Daniel Zapata, amigo de los Rivero, quien respondió al juez que no sabía que vivían chicos cerca de la finca, es un signo de lo que sucede en el pueblo. Fue denunciado por falso testimonio. José dice que, en las puertas del tribunal, el hombre le confesó que le habían ofrecido 500 mil pesos para poder operarse, ya que padece una enfermedad. «Los pobladores, los que mejor pueden atestiguar, probar y luchar son a la vez esclavizados», advierte González. El silencio –no elegido– es parte de la trama. Tal vez eso cambie si hay justicia real por la muerte de Kily. Es la esperanza de su papá.
***
Trabajar en la finca
La finca es la única alternativa laboral para el pobre, dicen en Lavalle. Mauro Estévez, tío de Arévalo, manguereaba en short y alpargatas. Es decir, sin protección. Se envenenó dos veces. Mareos, vómitos, la lengua endurecida, el veneno brotando «por los poros de la piel» en forma de transpiración. «Los médicos nunca dicen por qué es», advierte Mauro. Tan cruel es el sistema que trabajaba para el responsable de la muerte de su ahijado.
En Corrientes, según cifras del Renatre, son 14 mil los trabajadores rurales registrados. La actividad es la que presenta mayor cantidad de trabajadores en negro. En Lavalle, los jornales (8, 9 horas de trabajo) se pagan entre 2300 y 2500 pesos. Se trabaja de lunes a sábados. También se paga por techo o cajón. En las tomateras, confirman desde Renatre, se ha detectado trabajo infantil. «Sigue siendo lo mismo que antes. No dan la protección necesaria. Pero como la mayoría vive de esto no podemos hablar ni exigir derechos», dice una mujer de 26 años que prefiere no decir su nombre. Trabajó en una tomatera hasta el año pasado. Su marido lo hace. A ella le sigue doliendo el pecho. Consciente de los daños que provoca, llama «curar» a «fumigar». Campo adentro, también se les dice «remedios» a los agroquímicos. En Lavalle, hasta el lenguaje atrapa.
Enfermedades de la zona
«La contaminación silenciosa continúa. Hay chicos con malformaciones, labio leporino, problemas respiratorios, fallecimientos de trabajadores rurales por enfermedades desconocidas. Abortos espontáneos, cáncer, hidrocefalia, manchas en la piel. No es común en zonas rurales», describe Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental. Los médicos y enfermeros del hospital de Lavalle no quisieron dialogar con esta cronista. El director de la institución, Walter Villarreal, respondió esto: «En estadísticas tomadas en consultorios y en emergencia no tengo consultas ni enfermedades como consecuencia de insecticidas». En 2019 la Defensoría del Pueblo de la Nación reveló en un informe que, en una semana, la Municipalidad había tenido que costear los viáticos de 60 personas para que accedan a atención oncológica en la ciudad de Corrientes.
Modelo hortícola y poder local
«El entramado de dueños del modelo hortícola correntino y el poder local es parte de dimensiones familiares que explican aguerridas defensas de productores acusados de homicidios de niños», advierte Spataro. Un apellido resalta entre todos, la familia Brest. «Allí tenemos a Diego Francisco Brest, expresidente del partido radical y expresidente del Colegio de Abogados del departamento de Goya. Fue junto al doctor Ariel Brest Enjuanes (ahora juez laboral de Goya), el abogado de Prieto, productor encontrado culpable de asesinar a Nicolás Arévalo mediante las fumigaciones en su establecimiento», detalla. Ambos son parientes cercanos de Luis Ángel Brest, acusado del homicidio de Rocío Pared (12 años), también por el uso de agroquímicos en su finca en Mburucuyá. «A su vez posee uno de los mayores viveros de la Argentina (Brest y Brest), siendo el principal proveedor de plantines de tomates en la provincia de Corrientes», concluye el especialista.
