Un pedido de juicio oral fue solicitado para un empresario platense procesado en una causa penal por el delito de defraudación: Bruno Billiani ya tiene antecedentes judiciales de este tipo y está en la mira de la Justicia. La causa tramitó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de La Plata, donde se abrió el expediente iniciado por la denuncias de varios platenses que perdieron todos sus ahorros en dólares al invertirlos en la construcción de dos edificios que, hasta el momento, no fueron concretados. Una de las víctimas es un ex delantero de Estudiantes de La Plata y Racing Club de Avellaneda.
Según se desprende de la causa judicial a la que accedió 0221.com.ar, el fiscal Juan Menucci dio por acreditado que Billiani «en condición de titular fiduciario perjudicó patrimonialmente al ‘Fideicomiso calle 41 Nº 912′» defraudó los derechos y la confianza en él depositada por, al menos, seis víctimas «al no administrar los fondos monetarios que fueron aportando al Fideicomiso conforme su finalidad -construir un edificio de departamentos en calle 41 Nº 912 de La Plata, tal el objeto de dicho contrato-, tomándolos para sí para luego darles un destino a le fecha incierto que impidió avanzar con la obra en cuestión sin que se llegara nunca a finalizar, privando así a los beneficiarios de obtener el fruto de la inversión». Todo ocurrió «entre los días 20 de diciembre de 2010 y 7 de abril de 2017».
El segundo de los casos se registró entre los días 17 de diciembre de 2010 y 31 de octubre de 2017, cuando el empresario como «titular fiduciario» perjudicó patrimonialmente a los aportantes patrimoniales del ‘Fideicomiso calle 13 Nº 739’ al no administrar los fondos monetarios que fueron aportando al Fideicomiso conforme su finalidad». Uno de los estafados en este caso es el ex delantero de Estudiantes de La Plata, Pablo Lugüercio.
Durante el transcurso de la causa el acusado declaró y le echó la culpa a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) Regional La Plata, que en ese entonces todavía estaba al mando del exsindicalista preso Juan Pablo «Pata» Medina. Señaló que el problema de las obras comenzó el 16 de diciembre del 2016 y luego de que no pudieran «abonarle a la UOCRA el bono de fin de año». «Para poder seguir trabajando nos obligaban a abonar ese dinero, que no era un forma lícita del trabajo, por ese motivo me paralizaron cuatro obras las que eran realizadas bajo la modalidad del contrato de fideicomiso, una situada en calle 13 entre 46 y 47, otra en 42 entre 13 y 14, otra en 41 entre 13 y 14 y la última en 38 entre 3 y 4, esto bajo amenazas de que si no pagábamos el bono de contribución no podíamos continuar con la obra», sostuvo el acusado. Para el fiscal esta versión «aun brindándole verosimilitud a tales circunstancias, no explican el destino brindado a los fondos aportados -ni que ocurrió años anteriores- ya que el estado de la obra no refleja la inversión realizada».
El fiscal Menucci señaló en el auto de procesamiento que Billiani no es «un improvisado del rubro» y remarcó que la culminación de otras obras no es excusa de descargo. «Nótese que Billiani señaló entre los edificios terminados los sitos en calle 13 entre 42 y 43, y 41 13 y 14 nº 923 -frente al paralizado numeral 912-, con los cuales ‘no tuvo problemas con la gente de la UOCRA, ya que no lo identificaron como constructor de los mismos y eran obras más avanzadas que las anteriores'», destacó el investigador.
En un pasaje de pedido de elevación a juicio que debe resolverse en el Juzgado de Garantía, el fiscal señala que «muchas de las compras -sino todas- se hacían con cheques intercambiados, lo que impide acreditar el origen de los fondos o que no haya habido una especulación financiera en ese sentido». «A la par se observa que, al menos, varias compras ubicadas como pertenecientes a uno de los Fideicomisos fue entregada a INCOAR S.A. en calle 13 e entre 46 y 47, que resulta ser una empresa constructora de Rubén Darío Tagliaferro y Alberto Santiago Billiani«, sigue el escrito. Fuentes del caso señalaron a 0221.com.ar que «todavía se siguen ofreciendo a la venta esos departamentos y hay gente que sigue cayendo en la estafa».
El empresario afirmó que él compraba los terrenos o propiedades donde se construyen los edificios de sus emprendimientos y no se manejaba con entidades bancarias ni arquitectos: «Yo tengo los contratistas, electricistas, proveedores, yeseros de hace treinta años», detalló. Esta situación no pasó por alto para el fiscal quien sostuvo que tales referencias «impiden al momento acreditar suficientemente lo señalado en orden que el destino de los montos dinerarios aportados haya sido exclusivamente la construcción de los edificios que figuraban en los contratos de fideicomiso y que la multiplicidad de emprendimientos y la inexistencia de cuentas separadas -de las que se sepa al momento- no permiten discernir que las supuestas compras de materiales hayan tenido el destino contractualmente determinado».
Estos son solo dos hechos. Hay más causas en las que el empresario se encuentra imputado. Se estima que el monto de la defraudación es de 10 millones de dólares, la mayoría de las víctimas son ahorristas (trabajadores, comerciantes, futbolistas, profesionales) de La Plata. La causa penal tomó impulso de la mano de Menucci quien descubrió que había varias denuncias en distintas fiscalías. Unificó todas las investigaciones y logró probar las maniobras. Hay al menos siete causas penales con 40 damnificados. No son todos, ya que algunos optaron por seguir esperando una solución entre partes sin judicializar.
Por su parte en el fuero Civil y Comercial de La Plata se anotan «entre 32 y 35 demandas por incumplimiento de contrato», detalló uno de los daminificados quien señaló que los acusados «en algunos fideicomisos los destituyeron como fiduciario y se reactivaron las obras».
En tanto Billiani tiene otra causa elevada a juicio que está radicada en el Juzgado Correccional 4 de La Plata. El fiscal solicitó en el pedido de juicio que se unifiquen allí ambas causas «de forma tal de poder complementarse y -en su caso retroalimentarse ya que no dejan de constituir, en definitiva, un concurso real de delitos».
El Código Penal establece que las estafas y defraudaciones serán reprimidas «con prisión de un mes a seis años», es decir, en caso de una condena superior a los tres años, una parte de la pena deberá ser tras las rejas. De allí la importancia de la unificación de las causas, lo que implica una posible pena en expectativa de mayor calibre.
