Al menos tres gremios docentes con asiento en la ciudad lanzaron un sorpresivo paro en las escuelas de la región a horas de la condena al profesor de música Lucas Puig, quien fue sentenciado a 35 años de cárcel por abusar de dos de sus alumnos en el Colegio San Benjamín, de Los Hornos. Los delitos por los que fue condenado son abuso sexual agravado y corrupción de menores. Los jueces dictaron el veredicto por unanimidad, estando los tres de acuerdo con la condena.
En ese marco, docentes del Frente Gremial Docente Bonaerense (FUDB) nucleados en distintos gremios de base llamaron a paro y ceses de tareas desde sus distintas redes sociales. Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA), uno de los gremios que más apoyó al docente condenado, anunció a primera hora de este miércoles un paro distrital ante «el desamparo docente dentro de las instituciones». Con un flyer que ilustra una guitarra llorando, demostraron su apoyo al docente de música ahora condenado, después de intensas jornadas en Tribunales que se vivieron en un clima de máxima tensión.
Lo mismo hizo la Unión de Educadores Bonaerenses (UDEB), que en sus redes planteó que «a la vista de lo dictaminado en el juicio a Lucas Puig, que cualquier persona que conozca el interior de una institución educativa puede razonablemente entender que esos hechos que se le imputan son muy difíciles que puedan suceder en ese espacio, UDEB La Plata convoca a un paro para el miércoles 31 de agosto». Al igual que UDOCBA, el gremio cuenta con el visto bueno de la Federación de Docentes Bonaerenses (FEB).
Por su parte, el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) también anunció un cese de tareas con movilización a la jefatura regional. En una convocatoria hecha a través de las redes sociales, exigieron una «urgente conformación de la mesa distrital intersectorial y de la mesa provincial interministerial», el «cumplimiento irrestricto de los derechos y las condiciones de trabajo de todxs lxs trabajadores de la educación» y que «se garanticen los derechos de niñxs y adolescentes en todas las escuelas».
En torno al fallo judicial que condenó a 35 años al docente de música, SUTEBA pidió una urgente reunión con el Ministerio de Justicia boanerense y procesos judiciales justos: «Reafirmamos que las escuelas son espacios de cuidado y de paz», cerraron el escrito.
LA CONDENA
Cabe recordar que el docente del colegio San Benjamín fue sentenciado por unanimidad el último martes. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La plata lo condenó por los delitos de «abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravada por ser encargado de su educación en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser encargado de su educación» en dos casos por la denuncia de dos de sus entonces alumnos y ordenó su inmediata detención.
La lectura del veredicot se dio en medio de un clima de extrema tensión, la cual explotó en insultos entre las familias de las víctimas y allegados del acusado que estaban presentes en la sala.
En las jornadas de alegatos previas, la acusación había pedido 40 años mientras que la defensa cuestionó a los fiscales del caso para luego solicitar la absolución y que se dicte la prescripción de la ampliación de la acusación. En tanto que Puig no hizo uso de su derecho a decir las últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar.
El fiscal Martín Chiorazzi dio por probado que después de las vacaciones de invierno del año 2009 y hasta el inicio de clases del año 2010 Puig abusó de al menos dos alumnos de 3 y 4 años que concurrían al turno mañana del Jardín de Infantes del Colegio San Benjamín, una entidad escolar de la iglesia católica. El funcionario señaló que los abusos se cometieron tanto en el salón de usos múltiples como en uno de los baños del lugar. Para arribar a esa conclusión valoró los testimonios de los chicos, que hoy son adolescentes, las declaraciones de las mamás y la de peritos que dictaminaron que las presuntas víctimas tenían síntomas de abuso sexual.
A su turno el abogado Martín Bolpe, quien representa a una de las familias denunciantes, adhirió al alegato del fiscal, sostuvo que en debate “se ha desenmascarado al pedófilo Puig”, argumentó sobre la “inexistencia de probanzas que avalen la versión de la defensa”, recordó que las marchas de apoyo al acusado “pasaron por el frente de la casa de las víctimas” con la intención de amedrentarlas. Requirió una condena de 20 años más la detención del docente y que se investigue a la docente Silvina Díaz por el caso de la menor a la que representa.
Flavio Gliemmo en representación de otra familia denunciante puso en relieve que la madre de la menor atravesó el proceso como “templanza” y “paciencia”; expresó que la defensa “intentó montar un juicio paralelo en la opinión pública”. En el momento más enérgico de su alegato, el letrado miró fijo al acusado y elevando el tono de su voz grave le reclamó: “Por qué no hablás, este es el momento de defenderte”. Tras pedir las disculpas de caso sostuvo en relación al sospechoso que “es un muchacho inteligente, abusador, pero inteligente”. En relación a las denuncias que los defensores hicieron sobre el fiscal, consideró que tenían el fin de “amedrentar”.
Por su parte el abogado acusador Marcelo Botindari describió que “los chicos y las familias se tuvieron que sobreponer a la imposición de un manto de silencio combinado con un ataque a las víctimas en las marchas que encabezó el depredador Puig”. Para el letrado este segundo juicio oral “ha dejado desnudo a Lucas Puig con toda su perversión a la vista”. También remarcó que “la nena hace 12 años que está en tratamiento médico y con apenas 16 años debe tomar medicación psiquiátrica”.
Julio Beley fue el último de los profesionales de la acusación en alegar. Luego de aherir a todo los expresado por sus pares de esa parte reflexionó: “Este juicio debería haber terminado con la declaración de las víctimas”. Y cerró: “Como católico me da vergüenza que lo mantengan en el colegio”, donde actualmente el acusado sigue trabajando. “Puig tenía como cómplice a (la docente) Silvina Díaz que seleccionaba a sus víctimas”, disparó Beley y se esperanzó en poder “devolverle algo de esperanza y tranquilidad a los chicos y sus familias”.
LA DEFENSA
Por el lado de la defensa, Daniel Apaz quien adjetivó a la acusación como una “fábula”, una “fantasía”. Desmintió que Puig nunca haya hablado en la causa. “Declaró ante la fiscal Virginia Bravo durante cinco horas donde hizo una radiografía que al día de hoy no muestra ninguna fisura” y cuestionó la labor de la funcionaria de la etapa de instrucción.
En otro pasaje de su relato señaló que “a los chicos se los ha revictimizado”, sostuvo que “no se ha podido probar la materialidad ilícita (cómo fueron los hechos)” a la que describió como “indefinida” para luego atacar a una de las madres denunciantes: “No quiere saber la verdad, quiere su verdad que no es la verdad real”.
En segundo término alegó Adrián Fernández Koenig quien se dedicó a cuestionar la labor de los fiscales tanto de instrucción como de juicio. A éste último le enrostró que “no conoce la causa” y se quejó de la prueba que desistió el fiscal de reproducir en el debate. “Estamos defendiendo a una persona que no es culpable de ningún delito, la fiscal Virginia Bravo hizo una excursión de pesca”, se quejó el letrado. Luego cuestionó la pericia de parte de la forense Virginia Creimer quien dictaminó que los chicos fueron abusados. Luego resaltó las pericias de dos profesionales de la Asesoría Pericial de La Plata que fue favorable a su defendido.
La defensa sostuvo que el relato de los menores fue implantado por adultos, que los abusos nunca ocurrieron. “Nada provino de los menores sino de los adultos convivientes” para luego recordar que a la fecha en la que habrían ocurrido los hechos los padres de los menores estaban separados y que los cambios de conducta de los chicos (miedo, bañarse varias veces al día, sentirse sucios, orinarse, dibujos fálicos, no querer dormir solos) fueron producto de la separación de sus padres. “Estamos tirando el sentido común por la ventana, Puig declaró ante una funcionaria floja de papeles”, en relación a la fiscal Bravo, y reclamó la absolución del docente más la prescripción de la ampliación de la acusación.
Cuando comenzó el juicio, Puig enfrentaba una pena en expectativa entre 10 y 15 años de prisión. Con la nueva acusación, esa escala punitiva comienza en 8 años pero se eleva hasta 40 años de cárcel, según explicaron los jueces al acusado en la sala de audiencias. La decisión del Tribunal lo coloca con una pena de apenas cinco años menos que el máximo.
