Se trata de una misma emergencia con tres escenarios, lo que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del continente frente a los cambios climáticos extremos. El mayor foco se desarrolla en la provincia española de Ávila, donde el fuego consumió alrededor de 50.000 hectáreas, convirtiéndose en el incendio más extenso registrado en la historia del país.
A este se suman los de Madrid y Toledo, que elevaron la superficie afectada a unas 77.000 hectáreas. Las llamas obligaron a evacuar a más de 90.000 personas, destruyeron viviendas, afectaron las cosechas agrícolas y mantienen desplegados a miles de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, bomberos y brigadas forestales, apoyados por decenas de aeronaves.
La situación francesa alcanzó una dimensión mayor con una temporada sin precedentes. El fuego iniciado en Gironda, en el suroeste del país, hasta ahora arrasó unas 42.000 hectáreas, destruyó 240 viviendas y obligó a evacuar a 220.000 personas de 24 municipios.
La magnitud del incendio lo convirtió en el mayor registrado en Francia en medio siglo y llevó al presidente Emmanuel Macron a compararlo con uno de los peores desde la Segunda Guerra Mundial. Para enfrentarlo fueron movilizados 2.750 bomberos, 1.500 militares y 1.440 gendarmes. Aun con este despliegue, el fuego permanece fuera de control y nuevos focos obligaron a evacuar a otras 4.000 personas en Lacanau.
La escala del incendio permite hablar propiamente de un megaincendio, es decir, un fuego cuya extensión, velocidad e intensidad supera las capacidades habituales de respuesta. Las condiciones meteorológicas son determinantes, ya que combinan sequedad extrema, viento y altas temperaturas, lo que permitió que las llamas avanzaran a velocidades de hasta 800 y 1.000 hectáreas por hora en algunos momentos.
En Portugal, el principal foco está localizado cerca de Guarda, a unos 20 kilómetros de la frontera con España. El incendio llegó a afectar alrededor de 1.000 hectáreas y obligó a desplegar 939 efectivos, 288 vehículos y tres naves aéreas, en uno de los mayores operativos de extinción movilizados por el país.
El país luso conoce desde hace años los efectos devastadores de los incendios forestales. En 2017, los incendios de Pedrógão Grande dejaron más de 120 muertos y destruyeron cientos de miles de hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores desastres de la historia reciente.
Estos desastres no pueden explicarse únicamente como consecuencia del cambio climático. Hay que preguntarse por qué el calentamiento global alcanzó una escala capaz de alterar las condiciones ambientales de regiones enteras.
Durante más de dos siglos, el capitalismo industrial construyó su expansión sobre el uso masivo de combustibles fósiles, la extracción intensiva de recursos y un crecimiento permanente de la producción y el consumo. Las emisiones acumuladas de este proceso modificaron el clima del planeta y aumentaron la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos.
Los bosques y los demás recursos naturales se manejan bajo relaciones de propiedad privada y criterios de rentabilidad. La expansión inmobiliaria y turística, la explotación intensiva de determinados recursos, el abandono de actividades rurales poco rentables y la concentración de población en grandes centros urbanos producen territorios más vulnerables.
Cuando llegan sequías y olas de calor, existen mayores cantidades de biomasa seca, zonas rurales despobladas y áreas urbanizadas expuestas al fuego. El cambio climático enciende la chispa, pero el sistema económico contribuye a crear las condiciones ambientales para que esa chispa pueda transformarse en una catástrofe.
El capital obtiene ganancias de la producción y expoliación de la naturaleza, pero buena parte de los costos de la crisis son trasladados a la sociedad: el Estado financia bomberos, aviones, evacuaciones, atención sanitaria, reconstrucción de carreteras e infraestructura y ayudas a las poblaciones afectadas. Mientras tanto, las pérdidas recaen especialmente sobre las personas trabajadoras.
Por eso, hablar de capitalismo ecocida significa señalar que su lógica de acumulación profundiza el calentamiento global y organiza la producción de una manera que entra en contradicción con el equilibrio metabólico que debe regir las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Mientras la naturaleza esté sometida a la voracidad del lucro de los capitalistas, apagar cada vez más incendios será apenas administrar las consecuencias de una crisis que el propio sistema continúa profundizando.
De esta forma, los incendios no solo destruyen bosques; también golpean directamente las condiciones de vida de la clase trabajadora. En los países afectados, cientos de miles de personas fueron evacuadas, miles perdieron sus viviendas y numerosas explotaciones agrícolas, pequeños comercios y establecimientos turísticos interrumpieron su actividad.
Detrás de estas cifras hay personas trabajadoras que pierden su fuente de ingresos, pequeños productores que ven desaparecer sus cosechas y familias que deben reconstruir sus vidas mientras la actividad económica permanece paralizada.
Sin embargo, las consecuencias de la crisis climática no tienen las mismas consecuencias para todas las clases. Una familia con recursos puede desplazarse, acceder a un alojamiento alternativo o contratar seguros. En cambio, un pequeño agricultor que pierde su producción, un trabajador eventual del turismo que deja de percibir ingresos o una familia obrera cuya vivienda resulta dañada enfrentan una situación mucho más difícil.
La destrucción de cultivos, maquinaria, infraestructura y pequeños negocios afecta principalmente a quienes dependen de su trabajo para subsistir. La crisis climática tiene, por tanto, un claro contenido de clase: los sectores con menores recursos son también los que cuentan con menos herramientas para enfrentar sus consecuencias.
La desigualdad también se expresa en el trabajo. Miles de bomberos, brigadistas, agricultores, personal sanitario, repartidores y obreros de la construcción desempeñan sus labores en condiciones de riesgo. Son trabajadores quienes combaten los incendios, evacuan comunidades, restablecen los servicios básicos y participan en la reconstrucción de las zonas afectadas.
La crisis climática contiene una contradicción profundamente social, sus causas están asociadas a un modo de producción que prioriza la acumulación de ganancias, pero sus costos recaen de manera desproporcionada sobre quienes viven de su trabajo. En ese sentido, puede afirmarse que es “universal” en sus causas (sin perder de vista que el peso central recae sobre los capitalistas), pero desigual en sus consecuencias.
La crisis climática se vive ya, en el presente, y comienza a modificar las condiciones concretas de vida de millones de personas. Frente a esta realidad, la respuesta continúa siendo defensiva, con más bomberos, aviones, militares y recursos para reconstruir después de cada catástrofe. Esto es insuficiente si las condiciones que favorecen los megaincendios continúan profundizándose. No existe una cantidad de hidroaviones capaz de resolver por sí sola esta crisis.
Por eso, los incendios plantean una cuestión inseparablemente ecológica y política. La alternativa no puede limitarse a adaptar las sociedades a un deterioro ambiental cada vez mayor, mientras se mantiene intacta una economía basada en la expoliación intensiva de la naturaleza y la búsqueda permanente de plusvalía.
Hacen falta medidas anticapitalistas, subordinar la producción a las necesidades sociales y a los límites ecológicos, con inversión pública en prevención, servicios esenciales, protección laboral y recuperación de la naturaleza. De lo contrario, se continuará pagando un precio creciente (en recursos y vidas) por una crisis que no fue producida por la población trabajadora, pero cuyos costos recaen sobre ella. El fuego es una advertencia sobre los límites de un sistema que convierte la destrucción de la naturaleza en otra dimensión de la acumulación capitalista.
